Este miércoles la Comisión de Seguridad Pública del Senado inició la tramitación del proyecto de ley de Inteligencia Económica Contra el Delito. En la instancia estuvieron presentes el ministro de Hacienda Mario Marcel, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner y el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Esta iniciativa es parte de la agenda del Gobierno en materia de seguridad y crea un Subsistema de Inteligencia Económica. Además establece otras medidas para la prevención, detección temprana y alerta de operaciones sospechosas y de actividades que digan relación con el crimen organizado.

El proyecto busca combatir el dinero ilícito con una mejor coordinación entre instituciones del Estado, más inteligencia y trazabilidad de operaciones sospechosas. El ministro Marcel señaló que se fundieron dos iniciativas: una para generar inteligencia financiera y capacidad especializada en impuestos, análisis financiero y aduanas, y otra para establecer la obligatoriedad de iniciación de actividades en el comercio exterior.

El subsistema consta de la Unidad de Análisis Financiero, junto con las Unidades de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos. Estos organismos podrán compartir información entre sí y con otros entes públicos, manteniendo la confidencialidad de los datos si es necesario.

Las Unidades de Inteligencia recopilarán información interna y externa, generando informes secretos que se envían a las autoridades correspondientes y a la Unidad de Análisis Financiero. Los funcionarios deben cumplir altos estándares de probidad y confidencialidad en el manejo de la información.

La iniciativa tiene tres ejes centrales: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, la detección temprana de operaciones económicas sospechosas y la mejora de facultades intrusivas y sancionatorias.

El proyecto, entre otras cosas, propone fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, añadiendo el delito de crimen organizado a sus alertas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También se le permite acceder a información protegida por secreto bancario sin autorización judicial para analizar operaciones sospechosas. Además, se establecen sistemas de trazabilidad obligatoria para ciertos rubros y se limita la operación de Usuarios de Zona Franca con antecedentes penales.

El ministro Marcel detalló los costos fiscales del proyecto, estimando un gasto de $1.481 millones en el primer año, reduciéndose a $1.200 millones en el segundo año y en adelante. Estos recursos se destinarán principalmente a la contratación de personal y la inversión en sistemas informáticos.