Ignacio Briones: “No sacamos nada con tener una carga tributaria de país desarrollado sin serlo”

Tres meses lleva como ministro de Hacienda. Ignacio Briones asumió a fines de octubre en medio del estallido social para liderar el giro que el gobierno dio a su programa. La implementación de la agenda social ha sido una de sus principales tareas. Y en ese marco logró destrabar la reforma tributaria en un acuerdo con la oposición. Esta semana que termina el Congreso la despacho a ley, anotándose un triunfo personal. En paralelo a ello, otra de las reformas emblemáticas, la de pensiones, pasó su primer escollo: la Cámara de Diputados la aprobó. "Ha sido una buena semana", señala de entrada el secretario de Estado, quien manifiesta su gratitud hacia los parlamentarios que firmaron y respetaron el acuerdo impositivo. "Son señales de acuerdos y eso es algo que ha sido bien demandado por los ciudadanos". Briones destaca su buena relación con el Congreso, pese a la interpelación que tuvo a medianos de enero. Aunque añade que si bien ha ido construyendo buenas relaciones con los legisladores, reconoce que todavía no conoce a todos, por lo que ampliar esas redes es una tarea para este 2020.

Las reformas tributaria, de pensiones y de ingreso mínimo tuvieron avances importantes en los últimos días. ¿Fue una semana de triunfo para el gobierno?

-Fue una buena semana en materia de reformas. Se avanzó en varios proyectos de ley. La reforma tributaria terminó su tramitación en el Congreso. La reforma previsional dio un paso clave en la Cámara de Diputados, y se avanzó en ingreso mínimo en el Senado. Todas estas son señales importantes, porque marcan que se está avanzando y eso cobra relevancia, ya que a veces nos cuesta ver los logros. Son señales de acuerdos y eso es algo que ha sido bien demandado por los ciudadanos. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) señaló que 8 de cada 10 chilenos piden acuerdos y creo que en esa dirección hemos ido avanzando.

Sobre la reforma tributaria, si bien se aprobó, desde ya parlamentarios de oposición señalan que se necesita una nueva para financiar la agenda social en curso y demandas adicionales de la ciudadanía. ¿Cómo espera resistir esa presión?

-Parte de lo que uno le pide a los líderes políticos es no saltarse pueblos, y eso quiere decir que en materia de la agenda social no debemos caer en maximalismos, por lo que no se pueden atender todas las demandas sociales al mismo tiempo como si tuvieran la misma importancia. El ejercicio básico es priorizar y nuestras prioridades hoy son claras: pensiones y salud son las dos prioridades que la ciudadanía expresa con nitidez. También avanzar en el proyecto de Ingreso mínimo. No se debe caer en la tentación de hacer promesas que se podrían cumplir solo un año o dos, pero que después no se podrán financiar para sostenerlas.

¿Ese mensaje no ha sido escuchado por la oposición?

-Hay que fijar una hoja de ruta. Tiene que haber un compromiso creíble de cara a la ciudadanía de que hoy comenzamos una ruta que deberá continuar en el tiempo. Los cambios tienen que ser reformistas, pero graduales; reformistas, pero realistas. El resto es música. Los cantos de sirena pueden traer aplausos de corto plazo, pero generan malos resultados a largo plazo. Estamos siendo fiscalmente responsables y en esto tampoco podemos olvidar un ingrediente esencial sin el cual no hay agenda social ambiciosa posible: el crecimiento económico.

¿Quiere decir que no es sustentable elevar más la carga tributaria para acercarse al nivel de los países Ocde?

-La modernización tributaria recién aprobada recauda casi un punto del PIB, que se suma a los tres puntos de la reforma de Michelle Bachelet. La actual carga tributaria de Chile está alineada con su nivel de ingresos. Si uno la compara con la de los países desarrollados, medida correctamente, es decir, descontado seguridad social, la brecha respecto al promedio de la Ocde es de cinco puntos del PIB, pero también tenemos US$15 mil per cápita de diferencia. Debemos ir cerrando esa brecha de carga tributaria, pero a medida que el país vaya avanzando en ingresos, es decir a medida que crezca. No sacamos nada con saltarnos cinco estaciones y tener una carga tributaria de país desarrollado sin serlo, porque es poner la carreta delante de los bueyes y nosotros no estamos disponibles para eso.

Entonces, ¿usted no hará otro ajuste tributario?

-Tenemos un acuerdo para que una comisión de expertos, una vez promulgada la ley, revise en los próximos seis meses las partidas de gasto tributario, las exenciones tributarias. Esa revisión abarca varios puntos: los montos involucrados, quiénes son los beneficiarios, cuáles son los objetivos de esas exenciones, si se cumplen los objetivos para los que fueron creados y cuáles son las mejores prácticas internacionales. El propósito es que este gobierno o los que sigan puedan avanzar en eliminar o disminuir exenciones. Pero eliminar o disminuir una exención si se avanzara en esa dirección, es eso: disminuir una exención y no una nueva reforma tributaria. Y recordar aquí algo clave: el acuerdo también señala que de avanzar en eliminar o disminuir una exención, una parte significativa de la mayor recaudación irá a disminuir la tasa de impuestos sobre la que esa exención se aplica.

¿El nombramiento de los integrantes de la comisión cuándo se realizará?

-Estamos trabajando en aquello, vamos a tener noticias una vez que se promulgue la ley, y ahí se conocerán los nombres, los plazos y el funcionamiento.

¿Este gobierno hará los cambios que recomiende la comisión?

-Las exenciones siempre se deben revisar. Eso es parte esencial de la política pública. Hay exenciones que desde hace tiempo tienen un diagnóstico claro con respecto a la necesidad de avanzar sobre ellas, pero también se debe sopesar cuáles son los grupos de interés en juego. Y quienes están en el Congreso, en el mundo político, saben que calibrar esos equilibrios no siempre es fácil. Por ejemplo, que siga existiendo la renta presunta en el siglo XXI no tiene sentido, pero si en el pasado no se ha avanzado algo sugiere.

¿Pero ustedes se jugarán por disminuir exenciones?

-Primero vamos a esperar las conclusiones de este informe para saber qué es lo que nos dice y recomienda. Luego, cuando llegue ese momento, veremos qué hacer. Pero usted comprenderá que, si esto fuera tan simple, uno se pregunta por qué no se eliminó antes, y eso quiere decir que no es tan fácil. Pero insisto, nos parece valioso revisar estas exenciones.

Sobre la reforma previsional, usted dijo que se podría analizar abrir el espacio para que las personas puedan elegir si las AFP o un ente público les administren tanto el 10% actual de cotización individual, como el futuro extra de 3%. ¿Es algo que se puede incluir en el actual proyecto?

-Es un punto que ha sido planeado en la discusión y nosotros estamos disponibles para ello, ya que confiamos en la libertad de las personas para poder decidir quien administra sus fondos: si no quiere que sea una AFP, perfecto; pero si quiere que todo lo administre su AFP, también. Obviamente, esto en la medida que todos operen bajo las mismas reglas.

Los senadores de la oposición dijeron el viernes que esperan establecer un protocolo de acuerdo con el gobierno, ¿qué margen hay para negociar otras materias?

-Buscar acuerdos en torno a estos temas fundamentales es la fórmula para poder avanzar y la esencia de la política, por lo que obviamente estamos dispuestos a escuchar y a persuadir.

En su presentación en Enade, planteó que los principales problemas a enfrentar son la pérdida de confianza y en especial la del sector empresarial. ¿Ha visto un rol activo de la empresa para mejorar su reputación?

-La pérdida de confianza es transversal, no solo del empresariado, porque cuando uno ve la encuesta CEP no hay institución que se salve, y eso es preocupante. En el caso del empresariado, es algo que se venía visualizando con anterioridad al 18 de octubre y, por lo tanto, el llamado es a recuperar esa confianza, que la gente vuelva a creer en el mercado y la empresa, motores fundamentales del desarrollo. Y el volver a creer pasa, necesariamente, porque el mercado sea percibido como un espacio legítimo, sin privilegios o la sensación de que es un juego de cartas marcadas. Para quienes creemos y defendemos una economía de mercado, es fundamental proteger al mercado de los actos que erosionan su legitimidad. Y para lograr eso, nada mejor que una sencilla cosa: competencia, competencia y competencia.

Usted también se refirió a la competencia afectada por los casos de colusión y cómo eso ha afectado la legitimidad de la empresa.

-No es solo la colusión. Si bien ese es el atentado más grave a la libre competencia, hay otras prácticas más soterradas, más pequeñas, pero que van generando esta sensación de desconfianza y, en consecuencia, los líderes empresariales son los llamados a velar por sus prácticas. Pero quiero ser claro: es simplista concentrar las responsabilidades de esta crisis en el empresariado. Si seguimos atribuyéndola responsabilidad en un solo actor, es difícil que podamos salir de esta crisis. En esta misma lógica, algunos han querido apuntar todas las responsabilidades a nuestro gobierno, pero eso no solo es injusto, pequeño, sino que es lavarse las manos. Tenemos un problema país que se acumula hace bastantes años y todos, desde distintas veredas, tenemos diversos grados de responsabilidad en los errores que se han cometido.

¿La oposición ha querido ir más allá de lo que permite la Constitución con la presentación de algunos proyectos de ley?

-Sí, hay una tendencia al aprovechamiento y eso tiene que ver con el echarle la culpa a una sola parte y no hacerse cargo de la responsabilidad que a cada uno le toca. Los parlamentarios han jurado defender la Constitución y no parece correcto ni aceptable que puedan invocar cualquier medio, y hacer gárgaras de saltarse la Constitución con el fin de lograr un objetivo, por muy loable que piensen que sea. Esto, además, es una mala señal de cara al proceso constitucional, donde tenemos un plebiscito que va a decidir si vamos a redactar una nueva Constitución o no. Es importante respetar la institucionalidad básica de nuestra vida en sociedad.

¿Complica la realización del plebiscito el que persista la violencia? ¿Esa violencia hace que gane adeptos la opción de rechazo a una nueva Constitución?

-Hay gente que ha planteado esa tesis. Es innegable que la violencia, en la medida que se mantenga, contamina la discusión política y también la marcha de la economía. Acá es fundamental levantar la mirada y reconocer lo que se ha avanzado. El problema que tenemos es que nos quedamos con las imágenes de los mayores grados de violencia y prolongamos esa visión como algo permanente en el futuro.

¿Cuál es su posición personal ante el plebiscito?

-No me voy a referir a mi posición personal, porque el gobierno tiene una postura clara que es de neutralidad.

Usted es de los que ha planteado ver esta crisis como una oportunidad. ¿Cree que el país saldrá de ella mejor parado de cómo entró? ¿Desestima la visión de quienes creen que Chile "se jodió"?

-Chile tiene una oportunidad. Pero eso requiere levantar la mirada y apuntar lejos de forma reflexiva. Construir una hoja de ruta económica y social con la vista puesta en los próximos 20 años. El desafío es avanzar hacia una sociedad de acceso abierto en que las recompensas dependan del mérito y no de características adscritas. Ello requiere de una política social exigente y de una red de protección que empareje la cancha de las oportunidades, así como de un Estado moderno que contribuya a aquello. Requiere de mercados ultra competitivos que son la base de la innovación y del crecimiento económico. Requiere, por último, de mayor integración social y urbana y de una sociedad civil vigorosa. Yo he puesto como referente a Nueva Zelanda por ser un país que tiene similitudes con Chile y que cumple con estas características a las cuales aspirar.

Si bien se va avanzando en las reformas y en la agenda social, la violencia en las calles sigue. Esta semana hubo de nuevos hechos bastante complejos. ¿No han sido bien comunicados los avances o hay grupos que solo quieren generar violencia?

-Es fundamental subrayar dos cosas. Es un grave error confundir la magnitud de las demandas sociales que se reflejan en ese 25 de octubre del año pasado, donde un millón y medio de personas pidió cambios de manera pacífica, con la magnitud de la violencia. Podemos avanzar mucho en reformas sociales, incrementar el gasto público exponencialmente, pero eso no va a aplacar a los grupos violentos, porque lo que buscan no es una nueva Constitución ni los avances sociales en que se ha ido y debemos seguir avanzando.

Pero, en paralelo, ¿ustedes han hecho bien la tarea de transmitirle a la gente los cambios que se han realizado?

-Hay datos objetivos que muestran que efectivamente se ha ido avanzando en las reformas y en la agenda social. La reforma tributaria llevaba más de un año de tramitación y después de octubre se logró un acuerdo y se aprobó esta semana. Se avanzó en la agenda de medicamentos, se avanzó en el Pilar Solidario, en la reforma previsional, en el transporte para el adulto mayor. Nos queda camino por recorrer, pero reconozcamos que hemos avanzado con la celeridad que se requiere. Todos ellos son ejemplos de áreas donde se ha avanzado.

Y entonces, ¿cómo se logra aislar de la manifestación legítima a los actos de violencia?

-Lo primero que debemos decir es que pese a los preocupantes hechos de esta semana, los niveles de violencia han caído significativamente. En octubre pasado se producían 350 eventos violentos diarios, estos bajaron a 250 eventos en noviembre y hoy tenemos entre 1 y 2 diarios. No quiero minimizarlos, pero en cualquier métrica eso muestra que la violencia ha bajado.

Sin embargo, ya se anticipa que a partir de marzo podrían volver las manifestaciones masivas y recrudecer la violencia. ¿Si eso ocurre, cómo afectaría al crecimiento del año?

-Sería interesante conocer qué información objetiva tienen las personas que aseguran que eso va a ocurrir, pero es claro que la violencia tuvo un efecto económico devastador en octubre y noviembre. Hubo semanas donde no se pudo operar con normalidad y los resultados están a la vista: cuando un país funciona a media máquina produce a media máquina y eso se reflejó en las caídas de Imacec. También en el drama que es quedarse sin empleo, porque detrás de un empleo no solo hay un ingreso, sino que es un asunto de dignidad. Estamos trabajando para mitigar los efectos del desempleo y evitar que escale.

Las cifras sectoriales de diciembre fueron mejores a lo previsto. Con ello, ¿el Imacec del mes podría ser positivo?

-El Imacec de diciembre será, sin duda, mejor que los de octubre y noviembre. Nuestro escenario central es que 2019 cierre con un crecimiento económico anual algo sobre el 1%.

Para 2020, el FMI proyecta un 0,9%. ¿Asume ese riesgo de que el crecimiento pueda estar bajo el 1%?

-Nuestra proyección para 2020 es de un crecimiento del 1,3% y la mantenemos. El Banco Central tiene un escenario base del 1%, el mercado del 1,2% y esta semana el FMI proyectó un PIB del 0,9%, pero todos ellos coinciden, y nosotros también, en que a partir de 2021 la actividad irá repuntando hacia un 2,7%.

Si uno mira la ruta fiscal que el gobierno estructuró para el mediano plazo, proyectan que el gasto público debe crecer, apenas, un 1,2% promedio entre 2021 y 2024. Esa trayectoria fue puesta en duda incluso por el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Es creíble tal escenario?

-Nosotros creemos que la trayectoria fiscal propuesta es creíble. Hay que partir de la base que una parte significativa del aumento del gasto público de 2020 tiene que ver con medidas transitorias asociadas al plan de emergencia. Nos hemos puesto una meta exigente, porque creemos que podemos cumplirla y poder converger y ordenar la trayectoria de déficit fiscal de mediano plazo.

Uno de sus mensajes es que se mejorará la eficiencia del gasto público y por ello se inició un plan junto al Ministerio de Desarrollo Social para analizar los programas sociales. ¿En concreto, en qué se traducirá, habrá cierres?

- Hay varias medidas que estamos aplicando. Primero tiene que haber un objetivo claro: nuestro objetivo último es poner al ciudadano en el centro y comunicarle directamente en qué se gastan sus impuestos y cómo se distribuye el Presupuesto. Lo segundo es la revisión de programas, incluyendo los programas sociales, de forma tal de asegurar que estamos gastando bien y siempre poniendo al ciudadano beneficiario en el centro. Tenemos un consejo consultivo que está a cargo de apoyarnos en esa tarea. Y lo último, es cómo presupuestamos. Nuestro compromiso es llegar con un Presupuesto 2021 distinto. De lo que se trata es velar porque los recursos que todos los chilenos y chilenas nos entregan en impuestos se estén gastando bien. Esa es una obligación básica.

Dada la situación actual de estancamiento, ¿Chile debe olvidarse de la meta de ser un país desarrollado?

-La invitación que hago es a mirar el país en el largo plazo. Eso nos invita a proyectar Chile a 20 o 30 años plazo. Hay desafíos grandes, como los tecnológicos, el prepararse para el mercado laboral del siglo XXI. Debemos construir un sueño de país, pero poniéndole rostro. He hablado varias veces de Nueva Zelanda, porque comparte varias similitudes con nosotros. Es un país pequeño, alejado del mundo, intensivo en recursos naturales a los que les agrega valor y complejidad. Es un país muy pro mercado, y una de las economías con el mejor clima para hacer negocios y un Estado tremendamente moderno y eficiente. Además, es una sociedad integrada, muy inclusiva. Es un referente interesante que se debe mirar con fuerza.

¿Pero es una meta realista tratar de ser un país como Nueva Zelanda?

-Es una meta realista lograr ser como Nueva Zelanda. Tiene ingresos de US$42 mil per cápita y Chile US$27 mil (dólares a paridad de poder de compra). Y, de hecho, hace 20 años ellos tenían un nivel de ingreso similar al nuestro hoy. Si bien es harta la diferencia, no es el doble.

¿Y cómo se logra?

-Lo fundamental para lograr esta meta es anclar la mirada y fijar la meta en que podemos ser como ese país. Y acá lo clave es generar grandes acuerdos en materias relevantes para el desarrollo del país.