Joaquín Villarino: “Este nuevo royalty no tendrá efecto hasta la recaudación del año 2025”

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El presidente ejecutivo del Consejo Minero siente que no fueron escuchados durante la tramitación del proyecto y advierte que la iniciativa no capturará el actual momento de precios del metal. Advierte que el debate se ha dado con información poco precisa y poco veraz.


De la preocupación por la aprobación de un proyecto de ley que crea un royalty a la producción de cobre asociada a las ventas, a un nuevo récord en el precio del metal. La gran minería del cobre -representada por el Consejo Minero, que preside Joaquín Villarino- ha vivido días de alto movimiento. En este escenario, la preocupación de las grandes empresas crece y así lo han hecho ver dentro de los gremios de la industria.

Joaquín Villarino participó de la discusión en el Congreso y siente que la voz del sector no fue escuchada. Además, advierte que este proyecto recién se vería reflejado en 2025, es decir, difícilmente capturará la mayor renta producto del alza en el precio del cobre.

¿Cómo toma la decisión de la Cámara de Diputados?

La moción parlamentaria aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados adolece de múltiples problemas. Se trata de un proyecto inconstitucional que, además, es técnicamente deficiente. Desde esta última perspectiva, sorprende la liviandad con que se ha hecho extensivo un mismo gravamen a realidades muy diversas.

Las características de la explotación y mercados del cobre, litio, hierro, oro y plata, por mencionar alguna de las actividades gravadas, no son las mismas. No se ha tenido a la vista ninguna sensibilidad con relación al efecto que tendrá en ellos. No considera que ya existe un royalty a la minería del cobre, grava dos veces un mismo hecho, lo que es improcedente.

En fin, prácticamente duplica la carga tributaria de la gran minería del cobre, lo que evidentemente no es competitivo ni razonable. Ninguna actividad económica es viable con cargas tributarias cercanas al 80% sobre las utilidades. Podría seguir enumerando deficiencias técnicas, pero con lo señalado es fácil advertir que se trata de un mal proyecto.

Ustedes expusieron ante la comisión durante la tramitación del proyecto ¿Siente que fueron escuchados?

Evidentemente no tuvieron en consideración ninguno de los argumentos expuestos por el sector minero, ni por expertos conocedores del mismo. Es más, no tuvieron a la vista ningún estudio sobre el impacto en competitividad de la industria, sobre productividad, ni menos sobre mercados internacionales de diversos minerales.

¿Cuánto cree que influye la cercanía de las elecciones?

Prefiero no hacer especulaciones. Lo que nos consta es que el proyecto señala que uno de sus motivos es recaudar más para contribuir a solucionar las necesidades económicas derivadas de la pandemia. Pues bien, definitivamente no lo hace, porque la invariabilidad tributaria aprobada por el Congreso Nacional en 2010, implica que para el 70% de la producción del cobre del país este gravamen se verá reflejado en la recaudación del año 2025. Espero, sinceramente, que a esas alturas no sigamos sufriendo los graves efectos de la actual pandemia.

¿Es decir, esta ley no tendría ningún efecto? Es decir, ¿no capturaría las rentas del actual momento de precios del cobre?

Tal como lo señalé, no tendrá efecto hasta la recaudación del año 2025. Esto no quiere decir, sin embargo, que el Estado no va a captar mayores ingresos derivados del incremento del precio. El actual royalty (IEM) tiene una tasa variable que va desde el 5% al 14% en la medida que se incrementa el margen operacional. Por lo tanto, a mayor precio, sin que suban los costos en la misma medida, el margen aumentará y la tasa del tributo se verá incrementada. La actual tabla, además, aplicada al superciclo 2005-2014, habría significado un 80% más de recaudación. Si los actuales precios perduran, veremos una recaudación sustancialmente superior para el Fisco.

¿Qué espera que haga el gobierno?

No somos colegisladores y respetamos las instancias y debates propios de toda democracia, pero consideramos que no solo el gobierno, sino que todos los actores políticos deben tomar decisiones pensando en los efectos de largo plazo cuando se trata de materias tan estratégicas como el desarrollo de la gran minería y lo que esta representa para el bienestar del país.

Durante la tramitación, el diputado Núñez dijo que algunas mineras “inflaban sus costos” para pagar menos impuestos. Usted pidió más antecedentes de eso. ¿Cree que es una acusación falsa?

Dentro de este debate ha existido información poco precisa y poco veraz. Se ha dicho que esta es una industria que manipula y que oculta información. Como Consejo Minero nos hemos destacado por dar a conocer información y por transparentarla, lo hemos hecho así en temas relevantes para la ciudadanía, como agua, relaves y ahora impuestos.

Sobre lo que ha señalado el diputado Núñez, reitero lo que le manifesté directamente en la Comisión de Hacienda: si tiene algún antecedente, debería ponerlo en conocimiento de los tribunales de justicia porque probablemente estaríamos frente a un delito tributario. En todo caso, los estados financieros de las empresas mineras están auditados en Chile y en el extranjero, están en poder de Cochilco y de la Comisión del Mercado Financiero; el Servicio de Impuestos Internos es, además, quien fiscaliza por medio de una unidad especial de grandes contribuyentes. Toda la información anterior está disponible por transparencia. La falta de argumentos suele derivar en acusaciones sin fundamento.

Más allá de este proyecto, ¿ve espacio para aumentar el aporte tributario del sector?

Hemos sido claros en señalar que es legítimo que el país evalúe la carga tributaria de sus sectores productivos, entre ellos el de la minería. Pero en este debate, tan importante y fundamental para el futuro del sector, es necesario ser responsables y analizar con profundidad la competitividad de nuestra carga tributaria; así como sensibilizar los efectos de su incremento.

Reiteramos nuestra disposición a debatir y conversar respecto a los mecanismos que permitan que el país, y en especial las regiones mineras puedan recaudar más sin afectar el crecimiento del sector, cuyo aporte va mucho más allá que el pago de impuestos y royalty. Nuestro llamado es a debatir con altura de miras teniendo presente el desarrollo del sector en el corto, pero también mediano y largo plazo.

Dado que hay varios proyectos en curso, ¿cree que podrían frenarse debido a este proyecto?

No me gusta argumentar con la amenaza de pérdida de inversiones y puestos de trabajo, por más importante que pueda ser. Concentrémonos en construir juntos una solución a los problemas de corto, mediano y largo plazo que el país enfrenta y enfrentará. En este sentido, reitero lo que hemos venido señalando desde hace dos meses: para esa conversación la granminería del país ha estado y está disponible.P

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