Juan Sutil: “La CPC trabaja en un documento con propuestas para abordar la violencia en La Araucanía”

Preocupación. Esa es la palabra que más repite el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, cuando habla de la situación de violencia en la Macrozona Sur, pero en especial en la región de La Araucanía. El empresario agroindustrial hace un duro diagnóstico de la situación y ve reales riesgos de que la violencia se extienda a otras regiones y que pueda terminar -si no se pone mano dura- en una “suerte de guerra civil”.

Sutil critica “la incapacidad política” del gobierno y el Congreso para acordar un eje de acción conjunto, y adelanta que desde el gremio están elaborando un documento con propuestas, entre ellas el derecho de tierras, que esperan presentar la semana que viene. Dice también que los inversionistas extranjeros están muy preocupados por la situación de violencia en esa zona del país y sostiene que hay temor frente a la inestabilidad que esto genera. Según lo que ha conversado, asegura que hay cierto recelo del sector por la forma en que se está legislando, y contrario a lo que se instaló en el pasado, dice que los empresarios ven en el proceso constituyente un espacio para reencauzar a Chile hacia el desarrollo.

Es partidario de decretar estado de sitio en La Araucanía si es que este viene acompañado de un acuerdo nacional.

¿Cuál es el diagnóstico que la CPC hace de la situación en La Araucanía?

La violencia en La Araucanía es algo que desde tiempo atrás hemos estado mirando con preocupación. Es lamentable ver cómo se siguen reproduciendo situaciones de violencia. En agosto hicimos un viaje donde visitamos toda la Macrozona Sur, allí comprobamos que lo que estaba pasando se desperfilaba de la demanda legítima de los pueblos originarios. Decidimos hacerlo público a las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo, como del Legislativo, pero a la fecha lo que hemos visto es una incapacidad política para ponerse de acuerdo y accionar. Por eso, nosotros decidimos avanzar por otro lado y hacer propuestas para abordar la situación.

¿Propuestas de qué tipo? ¿Están trabajando en algo?

Desde agosto entablamos una comisión cuya presidenta es la representante de la CChC en Temuco, Claudia Lillo, y también están otros miembros como el líder de los alcaldes mapuches Juan Carlos Reinao. Con eso lo que buscábamos era entender bien los orígenes para ver cómo avanzar. Desde ese momento, la CPC y sus seis ramas estamos trabajando en una propuesta para abordar la violencia en La Araucanía, que esperamos entregar la próxima semana a la sociedad civil. Esta propuesta viene acompañada de todo el apoyo que nosotros podamos dar desde el punto de vista de nuestro tiempo, recursos y competencias.

¿En este momento qué está generando más preocupación en el sector empresarial: la violencia en la zona macrosur o la incertidumbre asociada a la nueva Constitución? ¿Qué es más tema?

Según lo que yo he recogido de distintas conversaciones, preocupa más lo que sucede en la Macrozona Sur. Pero lo que más preocupa es que la sociedad está fracturada, una parte apunta a mantener el orden público, y otra parte no condena la violencia ni permite el accionar de Carabineros. Eso es gravísimo, porque genera una sensación de desestabilidad, y es lo que uno recoge cuando conversa. Por ejemplo, uno mira que en todas las regiones más del 80% de la inversión es privada, mientras que en La Araucanía pasa todo lo contrario. Eso quiere decir el sector empresarial, sin distingo de tamaño no quiere invertir en esa región porque siente que no hay estabilidad y que se está frente a un Estado fallido, que finalmente es lo que le conviene al narcotráfico y al terrorismo que allí opera. Creo que el verdadero peligro, y lo que más se teme, es que esto pueda replicarse en otras regiones y termine en una suerte de guerra civil.

¿Sabe si los inversionistas extranjeros también están preguntando por el tema violencia en La Araucanía?

He tenido muchas conversaciones con autoridades políticas de países que tienen vínculos con Chile, tanto norteamericanos como japoneses y europeos, y sí hay una clara preocupación, porque, antes, éramos sinónimo de ejemplo, en donde una situación así no se veía en el horizonte. También hay preocupación por la forma en cómo se está llevando el proceso y, por otro lado, lo que se está haciendo a nivel de Congreso. Lo que me han transmitido es que ven riesgos de que nuevamente se tramiten proyectos que en la práctica no guardan relación con un país que aspira a ser desarrollado.

Lo que sí veo es que hay cierta esperanza puesta en la constituyente donde esperan impere la racionalidad. Eso es al menos lo que yo he recogido.

¿Cómo evalúa el tratamiento que el gobierno le ha dado a esta situación? ¿Cree que le ha faltado mano dura?

No se trata de que el gobierno tenga o no tenga mano dura. Creo que hay buenas intenciones de llevar el control público y territorial. El problema es que no hay un acuerdo político que permita un accionar correcto. Por ejemplo, si una persona agrede a un carabinero y este se defiende en su legítimo derecho, pero como consecuencia el agresor fallece, la mitad de la sociedad va considerar que esto es incorrecto. Por eso, mientras no existan las condiciones habilitantes veo difícil avanzar, tanto es así que el Presidente llamó a un acuerdo nacional y lo que vemos es que gran parte de la oposición está distante del llamado.

¿Entonces el gobierno lo ha hecho bien?

No, pienso que tiene de dulce y de agraz. Mi cargo sería que el gobierno abandonó posterior al caso Catrillanca. Ahora lo que veo es que se está actuando en una situación que escaló cuando podía haberse atacado con la debida diligencia. Pero, ojo, no desde ahora, sino desde que retornamos a la democracia.

Declarar estado de sitio es uno de los debates que se ha instalado en La Moneda, pero hay quienes ven riesgos en tomar tal medida. ¿Qué opina usted, debería aplicarse?

Sí, si está dentro de un marco de acuerdo general, por supuesto que puede ser un camino, pero si no, no sacamos nada con una medida transitoria. Si una decisión de este tipo se toma para detener la violencia y el narcotráfico, pienso que la sociedad en su conjunto la va a aceptar.

¿Temen que se intensifique esto con la llegada de marzo y el fin de las vacaciones?

Creemos que puede ocurrir y pienso que es posible que se intensifique esto en Santiago. De hecho, hay cierta preocupación al respecto. Pero lo que preocupa más es que el Partido Comunista llame a rodear la convención constitucional. A mi juicio, parece una metáfora de que la violencia va a estar ahí presente y eso no lo podemos aceptar. Necesitamos corregir nuestro sistema político para que se establezcan grupos de mayor representatividad. Lo que está pasando en Chile es que se ha fraccionado la política y es eso lo que no permite llegar a grandes acuerdos nacionales. La prueba está en que no se ha logrado nada. Lo que sí no creo es que estemos frente a un nuevo estallido social, porque no veo que haya un respaldo de la ciudadanía. No existe piso político que lo valide.

¿Qué le piden al gobierno?

Le pedimos a todas las autoridades políticas y judiciales que actúen con la diligencia que corresponde. No puede ser posible que en el caso de La Araucanía solo el 10% de las denuncias se investiguen, y menos del 1% llegue a tener una condena, es inaceptable. Eso es una falla sistémica que termina con la desolación en esa región y que por supuesto puede escalar al resto del país.

¿Con quién está hablando al respecto? ¿Directo con Piñera o con el ministro del Interior?

Todas las anteriores. Hemos conversado con el Presidente y los ministros, y estamos en permanente contacto con los políticos de la región. En octubre fuimos a conversar formalmente con el Presidente y el contacto ha seguido. También hemos hablado con el ministro de Interior Rodrigo Delgado y nos vamos a reunir con él el próximo martes en la CPC para ver este tema.

¿Ve viable la entrega de tierras por parte de las empresas forestales?

Pero es que la industria forestal se ha allanado a ir deshaciéndose de algunas tierras que han permitido que queden en manos de las comunidades. Pero el tema de fondo es que hay que rediseñar la política de la Conadi que, a mi juicio, no ha dado los frutos que corresponde. En el documento que estamos haciendo también hay propuestas en esa línea.