La columna de Matías Concha: “Fortalezcamos nuestra clase media empresarial”

Ha habido varios intentos durante los últimos años en generar cambios en materia tributaria. Loables objetivos como mejorar la recaudación, promover la inversión, mejorar la productividad o combatir la desigualdad a veces se entrelazan y levantan pasiones. Lo que en sucesivos gobiernos en Chile y Latinoamérica ha estado ocurriendo es que ante estos argumentos se distancian posiciones, pero en la última milla se genera un transversal acuerdo por medio de una protección a las pyme. Bien por el acuerdo que busca proteger a las empresas pequeñas vulnerables, pero ¿Hemos medido las consecuencias que tiene en materia laboral y de productividad? ¿Si protejo al vulnerable, cómo visibilizar y promover al segmento que, por su dinamismo, mayor impacto puede tener en mejorar la calidad de vida de las personas?

A través del tiempo hemos generado una dinámica en donde el estado ha estado sucesivamente protegiendo y promoviendo apoyos sólo a pequeñas empresas que facturan menos de US$ 4 millones (que en jerga OCDE son básicamente pequeñas), pero invisibiliza a la fracción dinámica que mejor combate la informalidad y mejora la productividad. En pocas palabras, si hay un 28% de informalidad ¿Por qué la política pública dirige sus programas a pequeños y microempresarios que técnicamente configuran el 45% de la fuerza laboral formal? En el fondo lo que necesitamos es que la política pública sea efectiva al movilizar a la empleabilidad total (formal e informal) identificando y promoviendo a que dentro de las empresas pequeñas se tome riesgos para crecer y haya más empresas medianas que desafíen a las grandes que logre un alto impacto en la empleabilidad formal y productividad. En pocas palabras, necesitamos que más allá de proteger a una empresa vulnerable sin incentivo a crecer, demos un salto en materia de productividad y empleo que al mismo tiempo ayude a combatir el fantasma de la informalidad.

Ahora bien, sin hacer cambios tributarios que compliquen la recaudación, sí se pueden hacer importantes avances que permitan identificar nuevas categorías para orientar una política pública efectiva. Para comenzar, tal cual lo planteó Endeavor, si tan sólo se cambia la categorización de empresa por un nivel de facturación y colaboradores acorde, se pueden lograr grandes avances. En concreto, hay muchas empresas de hasta 250 colaboradores en un rango que van hasta el millón de UF o US$ 40 millones de facturación con alta tracción laboral que están en una zona crítica para dinamizar el empleo, innovación y crecimiento y esa zona debe ser visibilizada como empresa mediana o clase media empresarial. Si los instrumentos de incentivos como depreciación acelerada, incentivos Corfo y/o financiamiento se focalizan más allá del umbral pyme, hacia las empresas que están tomando riesgos, vamos a focalizar las medidas de política pública hacia el segmento que mayor dinamismo tiene en el empleo, productividad y crecimiento. Asimismo, una vez creada la categoría, se pueden crear mecanismos temporales que permitan ir promoviendo la contratación formal o un fomento a la contratación de capital humano avanzado que permita que el conocimiento o habilidades críticas para la nueva economía se vayan lentamente convirtiendo en un bien público que sea un motor de productividad.

Si queremos lograr una sustancial mejora en la calidad de vida de las personas, no podemos asumir que protegiendo por sí solo a los más vulnerables vamos a dar un salto. Tomando en cuenta nuestro gran rezago en productividad y aumento de informalidad, necesariamente debemos abrir el espacio en la discusión pública para fomentar el segmento de clase media empresarial de hasta US$ 40 millones de facturación y 250 empleados que mejor permitan catalizar las mejoras de productividad, innovación, empleo y combate a la informalidad que Chile y sus regiones requieren urgentemente dinamizar.