A la espera de marzo: los proyectos de ley que alertan al empresariado

Junto con la reforma al código de aguas, en el sector minero son varios los proyectos sobre los que están pendientes. La Sociedad Nacional de Minería, Sonami, y el Consejo Minero, coinciden en dos como claves.

Modernización Tributaria: De esta iniciativa les interesa particularmente los cambios al impuesto verde, que se aplicarían a todas las fundiciones mineras.

"Observamos con preocupación este nuevo impuesto que aumentará el costo unitario de las fundiciones. Los cálculos preliminares que hemos realizado nos llevan a concluir que las mineras, con fundiciones, tendrían una carga impositiva impensada", dijo el titular del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

Proyecto de Ley que Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): Ambos gremios afirmanron que es necesario perfeccionar el sistema que es muy utilizado por sus representados, pero apuntan a la revisión de algunos detalles.

"La iniciativa no parece contemplar mecanismos que permitan resolver todas las dificultades actuales", indicó el presidente de Sonami, Diego Hernández. Actualmente, está en primer trámite en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

En la Sonami también mencionaron el texto sobre Delitos Ambientales y Daño Ambiental que ingresó el 22 de enero a trámite legislativo al Senado. Llamaron a ampliar el diálogo. "Se requiere una reflexión profunda acerca de las acciones que podrían ser sancionadas penalmente (...) sería recomendable una instancia de diálogo con la participación de diferentes actores, como gremios, sociedad civil, el Ministerio Público, los jueces", recalcó Hernández.

En el Consejo Minero indicaron entre sus preocupaciones al proyecto de glaciares por la incidencia que podría tener sobre el desarrollo de su actividad. "Con lo propuesto en el proyecto, dado que la actividad minera se está moviendo al norte, al prohibirse a priori toda actividad que pueda afectarlos, sin siquiera preguntarnos por la magnitud del impacto y por la posibilidad de aplicar medidas de mitigación y/o compensación, estaríamos restringiendo severamente dicho potencial", acotó Villarino frente a la normativa presentada en 2014. Y que actualmente está en primer trámite en la Cámara de Diputados.

Dos son las iniciativas que observará atenta la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) este año, ambas iniciadas durante este gobierno.

El Proyecto de Ley de integración social y urbana, que entre otras medidas cambia el nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el de Ministerio de Ciudad y Vivienda, y busca impulsar zonas de integración urbana con el objetivo de incluir viviendas sociales en sectores con altos estándares de calidad de vida y, viceversa.

"El proyecto no solo debe velar porque la integración social sea un criterio rector de los instrumentos de planificación, sino también establecer incentivos para que el sector privado contribuya decididamente al logro de este objetivo, evitando todo tipo de distorsiones.

Asimismo, creemos imprescindible que se avance hacia una nueva y mucho más robusta política de arriendo social", indicó Patricio Donoso, presidente del gremio. El proyecto fue enviado el 5 de diciembre pasado, y está en tabla para la sesión de marzo de la Comisión de Vivienda de la Cámara.

Reforma Tributaria: En términos sectoriales, la CCHC está remando para que se elimine el IVA a la construcción de soluciones habitacionales: "Mantenemos nuestra posición en cuanto a que las viviendas, por ser primero que todo un bien social, no debieran pagar IVA. La pasada reforma cambió esta situación, pero su impacto negativo podría ser menor si quedaran exentas de este gravamen todas las viviendas subsidiables", acotó Donoso.

En el ámbito más macro, coinciden con el resto de los gremios en la necesidad de simplificar el sistema tributario a través de la integración para impulsar el ahorro y la inversión de las empresas porque, explicó el titular de la Cámara, ayudaría a un mayor crecimiento económico y permitiría una mayor recaudación fiscal.

"También somos partidarios de que se aumente de 50.000 UF a 100.000 UF el tope de ventas anuales para que una empresa pueda acogerse a la Cláusula Pyme".

Tres son los proyectos que ha destacado como prioritarios la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en su agenda para este año, que coinciden, además, con los señalados por el gobierno y que probablemente sean los que ocupen los titulares legislativos.

Modernización Tributaria: "Nos preocuparía que no se aprobara la idea de legislar -que aún está pendiente en la Cámara de Diputados- porque produciría un daño a las expectativas, ya que hemos estimado que tiene un efecto importante en el crecimiento entre 0,5% y 1%", indicó el presidente de la multigremial, Alfonso Swett.

No solo concuerdan con la idea matriz de volver a la integración del sistema tributario, sino que también están en línea con el objetivo indicado por el Ejecutivo de otorgar más certeza jurídica por ejemplo, en los denominados "gastos rechazados" cuyo concepto el articulado amplía a otras materias.

Asimismo esperan insistir con la idea del programa de reducir la carga impositiva de las empresas: "La buena noticia del menor déficit fiscal estructural abre una avenida muy grande para reducir la tasa del 27 al 25%", sostuvo Swett.

Reforma Laboral: A juicio del dirigente entre los factores que han incidido en una porfiada tasa de desempleo que finalizó en 6,7% en 2018, está la incertidumbre que provocó la reforma laboral del gobierno anterior, por ende, consideró como crucial impulsar una iniciativa que vaya más allá del libro IV y que asuma también los contratos individuales. "Miramos con atención lo que viene. Tenemos que hacernos cargo de los vacíos en la legislación sobre los grupos negociadores, los problemas en la operativa de la extensión de beneficios y los servicios mínimos", manifestó. El gobierno se comprometió a enviar tal iniciativa en marzo.

Reforma a Pensiones: En este punto el líder empresarial indicó que observarán con atención lo que suceda con la cotización de los trabajadores independientes. El proyecto aún tiene pendiente la votación de la idea de legislar en la Cámara de Diputados.

Una decena de proyectos en trámite están en la mira del comercio de acuerdo a las dos asociaciones que lideran este sector: Cámara Nacional de Comercio (CNC) y Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Ambas mencionaron como iniciativas primordiales la Reforma Tributaria, enfatizando la necesidad de cobrar un impuesto a las plataformas digitales; y la laboral, enfocado en el teletrabajo.

En forma más particular, el presidente de la CCS, Peter Hill, resaltó el proyecto de Sala Cuna Universal, criticando la propuesta de cotización obligatoria del empleador: "Esperamos que el Estado sea el que realice el aporte para financiar el beneficio, ya que de lo contrario podría causar un fuerte impacto -sobre todo en las pymes- y provocar una situación de mayor discriminación".

Además, destacó el articulado sobre reciclaje de productos electrónicos, moción presentada a fines de enero por cinco senadores de distintos partidos.

Por su lado, el titular de la CNC, Manuel Melero, manifestó la necesidad de despachar el proyecto de ley que permite combatir el comercio ilícito al considerar la figura de la asociación ilícita. "La importancia radica en facultar al Ministerio Público para realizar entregas vigiladas, ya que es una de las medidas más solicitadas por las autoridades y los privados; y la posibilidad de trazar la cadena hasta las bandas o pandillas que nutren al mercado sombra", remarcó.

Otro de los temas que espera se reactiven en 2019 es el proyecto de Protección de Datos que cambia la actual legislación de 1999, a los estándares OCDE. "Hay dos o tres materias complejas que deben ser corregidas y a su vez establecerse una debida gradualidad para que las empresas puedan adecuarse a las nuevas obligaciones" remarcó.

Aunque hace años la reforma al Código de Aguas está en el ojo del huracán, no logra ser ley -hoy está en segunda discusión en el Senado-, y por ende siempre está en la mira de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

"Estamos a la espera de conocer en detalle la indicación sustitutiva que el Ejecutivo enviará al Congreso para tomar una postura. Para ello vamos a reactivar, igual que hace dos años, los encuentros con agricultores para analizarla en profundidad", indicó el presidente del gremio, Ricardo Ariztía.

El Ejecutivo anunció una nueva propuesta para mantener el carácter indefinido de los derechos que se otorguen, distinto a la concesión establecida en el proyecto. "Esperamos que se logre un consenso respecto de la perpetuidad de los derechos, puesto que ello da seguridad jurídica", constató el líder de los agricultores.

Migración es el segundo tema que Ariztía menciona como relevante con foco en la inclusión al campo laboral: "Aspiramos a que en el futuro no exista tope de contratación, pues ello facilita la disposición de mano de obra y la contratación oportuna y sin trabas". El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en enero, y deberá analizarse en el Senado.

Hay una sola gran iniciativa que tiene en alerta a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), sobre todo porque está a pasos de convertirse en ley.

Es el proyecto que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas en el uso fraudulento, ampliando la actual ley a delitos como clonación y traspasos electrónicos de fondos.

A grandes rasgos se determina como responsable al emisor de la tarjeta. Y en la Cámara, a instancias del gobierno, se incorporó un deducible de 0,5 UF (casi $ 14.000) a cargo del usuario por las operaciones no reconocidas, y se estableció claramente que "el emisor estará impedido de ofrecer la contratación de seguros".

"El proyecto es totalmente cuestionable desde lo constitucional. El deducible que se incorporó es totalmente irrelevante cuando el promedio de transacciones fraudulentas en un año es de $ 1 millón, no será un disuasivo.

Esta norma no solo se aparta de nuestro ordenamiento jurídico, sino que como política pública es muy grave porque los emisores serán cada vez más restrictivos en otorgar tarjetas o en el traspaso de fondos", recalcó la ABIF, que espera un pronunciamiento de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.