La guerra de la Universidad del Pacífico

En febrero de 2019 la Universidad del Pacífico (UPA), fundada y manejada por la familia Ortúzar Muñoz, cerró sus puertas ante la inviabilidad económica que atravesaba a lo menos desde 2015.

Pero su cierre no ha sido para nada quieto. Distintas querellas cruzadas han emergido en los últimos meses entre una sociedad inmobiliaria, Standard SpA -ligada a Alfonso Boñar y Juan Carlos Olcay-, que compró en 2017 los inmuebles de la universidad en 330 mil UF; el liquidador de la UPA, Carlos Parada, y los mismos acreedores.

Los socios de Standard no han podido hacer uso de los inmuebles que compraron en 2017 ubicados en Avenida Las Condes 11.121, dado que el liquidador en estos años aún no ha vendido los bienes que están dentro del edificio y, además, porque el mismo Parada interpuso una acción revocatoria concursal contra Standard, lo que significa, en palabras simples, que a nombre de los acreedores busca dejar sin efecto cualquier contrato que haya tomado la UPA en los últimos dos años previos a 2019 que pudiera ir en perjuicio de los acreedores. Arguye que el precio pagado por Standard estaba por debajo del valor de mercado. De ganar en esta acción Parada, el activo en cuestión volvería a la UPA y los acreedores podrían rematarlo para recuperar dinero.

Standard, por su parte, contrató al abogado Samuel Donoso -ex PPD, quien ha tenido como clientes a personajes públicos como Sebastián Piñera, Guido Girardi y Patricio Contesse- y se querellaron criminalmente contra todos quienes resulten responsables de los delitos de negociación incompatible, estafa procesal, asociación ilícita y la eventual configuración del delito de lavado de activos. Todo apuntando a Carlos Parada como quien encabezaría esta asociación ilícita, cargo del cual fue sobreseído, aunque las otras acusaciones aún están vigentes y las revisará en los próximos días la Corte de Apelaciones. Este caso lo tomó el Ministerio Público, a cargo del fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda.

La quiebra de la UPA la pidió la Consultora Educacional Innedu Ltda., sociedad ligada a la empresa de asesorías Credipyme, por créditos que totalizaban $ 9 millones. Standard en su querella indica que el liquidador es parte interesada en el proceso y muestra que está vinculado a Credipyme, dado que ha sido director de la empresa, comparte oficinas y fue dueño de una parte de ellas hasta el 20 de febrero de 2019, un día después de la interposición de la demanda de liquidación forzosa. El abogado de Innedu, Rodrigo Miranda -socio de Credipyme-, propuso como liquidador a Parada.

“Carlos Parada Abate fue designado en la liquidación de la Universidad del Pacífico por personas con las que ha sostenido relaciones durante años, y es posible deducir que aún mantiene una relación comercial, inmobiliaria y personal, entre otras, a través de la sociedad Credipyme, existiendo en consecuencia un conflicto de interés que afecta la necesaria imparcialidad del liquidador, influyendo el liquidador en las decisiones del demandante de liquidación forzosa”, reza la querella de Standard y agregan que este mismo modus operandi habrían tenido Parada y Miranda en la liquidación de “Inversiones Oseis SpA con Maestranza MTC Ltda.”.

El 3 de abril de 2019, el 25° Juzgado Civil de Santiago declaró la liquidación forzosa de la UPA y designó como liquidador titular a Carlos Parada. Standard acusa que el nombramiento del liquidador fue sin la comparecencia de la UPA, por lo tanto sin contrapeso, lo que -dicen- fue premeditado, producto de una supuesta notificación judicial viciada, que es investigada penalmente por la fiscal Karin Naranjo.

En la audiencia de sobreseimiento de cargos de este caso, la fiscalía de Alta Complejidad indicó que Parada ha incrementado su patrimonio ostensiblemente en los últimos años con decenas de propiedades a su haber y también se recalcó que ha sido sancionado por la Superintendencia de Insolvencia por su rol de liquidador en la quiebra de ISS Ingeniería.

En la querella de Standard, revelan detalles de lo que se consideran indicios del plan de Parada.

“Standard SpA, sin perjuicio de detentar la calidad de tercero en este procedimiento, por su calidad de dueño y poseedor de buena fe del inmueble ubicado en avenida Las Condes Nº 11.121, comenzó su ‘relación’ con Parada Abate antes de la declaratoria de liquidación de la Universidad del Pacífico, a través de mensajes enviados a mi representada por medio de terceros, proponiendo el pago de un ‘incentivo’ para ‘detener’ la futura acción revocatoria que el liquidador interpondría en contra de Standard SpA”, relata el escrito del abogado Samuel Donoso.

Además, la sociedad inmobiliaria devela mensajes de WhatsApp anteriores al nombramiento del liquidador que fueron enviados a Francisca Vargas (al momento de los hechos, secretaria del directorio y asesora jurídica de la Universidad del Pacífico) y a Alfonso Boñar (socio y gerente de Standard SpA), en que Vargas advierte a Standard que Parada estaría detrás de la liquidación de la Universidad del Pacífico y adelanta una serie de acciones que éste realizaría en contra de la empresa. La ejecutiva indica que el liquidador solicitaría el pago de $ 10 millones para pagar la deuda con Innedu y así ‘parar el juicio’ y advierte que Parada demandaría a Standard de acción revocatoria concursal subjetiva, junto con pedir la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el inmueble de Standard SpA y que ambas serían concedidas. En la querella de Standard indica que “todas estas predicciones e insinuaciones fueron concretándose una a una”.

El mayor acreedor de la Universidad del Pacífico (con un 69% de los pasivos totales, que suman más de $ 10 mil millones) es la sociedad Inmobiliaria Paseo San Damián S.A., que reclama créditos por $7.405.928.476, que serían producto de una obligación cuya fuente se encontraría en un contrato de subarrendamiento celebrado con la Universidad del Pacífico durante 2015. Standard alega que “el liquidador Parada debió objetar el crédito verificado por inmobiliaria Paseo San Damián S.A.”, dado que a partir de “una deuda de UF 4.800 de UPA se aplicó una multa de más de 50 veces”.

Standard afirma que “no existe el crédito pretendido por el acreedor y aceptado por el liquidador Parada” y enfatizan que “el liquidador no tuvo ninguna observación respecto del crédito verificado, incluyéndolo en la lista de acreedores con derecho a voto, sin efectuar diligencia alguna destinada a comprobar los supuestos de hecho de la multimillonaria obligación”.

Acusan que “este hecho contrasta con la actitud del liquidador frente a otras verificaciones de créditos, por una cuantía exponencialmente inferior al monto solicitado por Inmobiliaria San Damián” y que “la conducta del liquidador puede calificarse como negligente y omisiva de las funciones esenciales de su cargo, pero, además puede calificarse como constitutiva de delito”.

Para establecer que esta supuesta omisión habría sido deliberada por parte del liquidador a favor del acreedor, aseguran que existía una “relación de amistad entre Parada y el representante legal de la sociedad Inmobiliaria Paseo San Damián S.A., Alfonso Vásquez, la cual se remonta al menos hasta 2017, según dan cuenta las publicaciones que mantienen en redes sociales”.

Con todo, en Standard creen que este caso es una estafa, porque aseguran que “las personas mencionadas en el relato de los hechos, y quienes colaboraron con ellas fraguaron y ejecutaron una serie de maniobras para defraudar a mis representadas”.

La inmobiliaria subraya que el modus operandi de Parada se ha repetido en otras liquidaciones, como en la de la exempresa contratista de Codelco, SNC Lavalin. “En dicha causa es posible advertir vicios en las notificaciones de la causa que dieron origen a la liquidación, la participación de un acreedor mayoritario que permitió asegurar la continuidad del síndico, a través de un crédito -a lo menos- cuestionable, y la intervención de los diversos actores vinculados a él, patrones que se repiten en ambas causas”, aseguran.

Por lo anterior, sugieren a la justicia “investigar la obtención de beneficios económicos por parte del liquidador Carlos Parada -quien fue el liquidador del caso de Alberto Chang- y de las personas vinculadas a él, que tengan como origen los hechos y la comisión de los delitos imputados en esta presentación, así como también el destino final de aquellos beneficios o activos, habiendo sospechas e indicios de la existencia de un eventual lavado de activos”.

El abogado del liquidador Carlos Parada, Ciro Colombara -ex PPD, quien ha sido defensor de Marco Enríquez-Ominami, Jacqueline van Rysselberghe y Daniel Jadue, entre otros-, comenta que los socios de Standard fueron demandados recientemente por la Junta de Acreedores de la Universidad del Pacífico mediante una acción revocatoria ante el 25° Juzgado Civil, “por la compra de una valiosa propiedad a la Universidad del Pacífico poco antes de su liquidación en un precio anormalmente bajo”.

Además, indica que “la Junta de Acreedores -de manera unánime, trabajadores incluidos- decidió presentar una querella en contra de Boñar y Olcay por fraude a los acreedores de la quiebra, que está a cargo del abogado Carlos Hidalgo -del estudio Horvath, Daza, Farachi & Orthusteguy-”.

Colombara comenta que “Boñar y Olcay, por su parte, han presentado denuncias administrativas, recursos de protección y una querella en contra del liquidador, planteando una teoría absurda y carente de base jurídica seria, porque señalan que el abogado que pidió la liquidación era cercano al liquidador Parada (lo que no está prohibido)”. Además, el abogado sostiene que en respuesta a la acción revocatoria que presentó Parada contra Standard, esta última sociedad pretendería “presionarlo para que no siga adelante”. También destaca que en la reciente audiencia de sobreseimiento, la exasesora jurídica de la UPA se desdice de los mensajes de WhatsApp que usó la defensa de la inmobiliaria.

El defensor del liquidador estima que “la Junta de Acreedores de la Liquidación de la U. del Pacífico, incluidos los representantes de los trabajadores, están de acuerdo con Carlos Parada porque esta acción permitirá, de ganarse el juicio, tener más bienes para los acreedores”. Además, acusa que Standard llegó al extremo de “comprar un crédito -a la empresa de papelería Prisa- para manipular en la junta”. Se mantiene firme con que el crédito de Inmobiliaria San Damián “no correspondía jurídicamente objetar” y respalda que un informe en derecho de Juan Esteban Puga, uno de los mayores expertos de quiebras en Chile, avala la decisión de Parada.

Por todo lo anterior, el abogado del liquidador subraya que “la acción judicial no tiene ninguna base y por eso menciona otros casos, para darle más sustento”. Colombara cree que aunque la querella contra Parada es muy reciente, “una vez se cumplan las diligencias no tenemos dudas que se decretará el sobreseimiento definitivo del resto de las acusaciones”. Y advierte: “Habrá acciones judiciales por esta acusación falsa (en contra del liquidador)”. La guerra de la Universidad del Pacífico está en pleno desarrollo.