La hoja de ruta del Ministerio de Energía en 2019 estará marcada por tres proyectos de ley

Torres Alta Tension

La ministra Susana Jiménez dijo que este año revisarán el límite que la regulación les impone a las empresas transmisoras a la hora de invertir en generación y distribución.


Transición. Ese es el desafío que se habla transversalmente en el sector energético en el último tiempo. Disminución en los costos de la energía, entrada de centrales renovables, planes para descarbonizar la matriz y almacenamiento son algunos de los temas que están marcando la agenda de los actores de la industria que, por lo demás, exigen cambios en las leyes actuales.

La ministra de Energía, Susana Jiménez, está en pleno trabajo diseñando una hoja de ruta para enfrentar el nuevo escenario. El eje principal de este año será hacer frente a los desafíos regulatorios por medio de tres proyectos de ley que prometen renovar la cara del sector.

En este primer semestre se ingresará al Congreso el proyecto para flexibilizar la matriz eléctrica, que estará enfocado en acompañar la variabilidad de las energías limpias con otras fuentes como almacenamiento, centrales de bombeo o una central a gas que pueda prenderse o apagarse rápidamente, con el propósito de contar con un respaldo en el sistema. "La ley de flexibilidad tendrá que abordar el cómo se remuneran esos atributos y qué atributos son los que se necesitan para la nueva conformación de la matriz. Se nos vino encima un desarrollo renovable mucho más rápido de lo que se esperó, los desafíos regulatorios hoy son distintos", explicó la ministra de Energía.

Además, el proyecto irá de la mano con la descarbonización de la matriz. "Vislumbramos un futuro de más energía renovable. También estamos trabajando en este acuerdo de descarbonización que abre otro espacio más para reemplazar esas fuentes que van a irse retirando de base a carbón por energías distintas. Hay que reconocer la flexibilidad como un requisito necesario para adaptar el sistema a la incorporación más masiva de energías renovable de carácter variable", agregó Jiménez.

En materia de transmisión, el gobierno también planea ingresar un proyecto de ley de perfeccionamiento en el primer semestre, ya que hace algunos años se restringió la inversión de estas en el segmento de generación y distribución. Ante esto, la ministra Jiménez señaló que van a revisar las condiciones regulatorias que han cambiado sustancialmente desde que se incorporó dicha limitación.

Cambio en el modelo de distribución. No solo para la ministra de la cartera el cambio en la actual ley de distribución es necesaria, sino que para el sector también lo es, ya que la última modificación de esta fue en 1982.

"En la distribución cambió el modelo al cual estábamos acostumbrados. El consumidor podrá generar electricidad, venderle al sistema y almacenar en su auto e inyectar cuando se requiere. También va a tener medidores inteligentes, entonces podrá gestionar cuándo consume y los artefactos también se van a poder programar para consumir cuando la tarifa está más baja", señaló Jiménez.

Para enfrentar lo anterior, planificó una agenda de trabajo que ya se inició. Además esta semana se realizará un taller ampliado que estará compuesto por un comité ejecutivo con autoridades del ministerio de Energía, la CNE, la SEC y un asesor externo -el consultor y académico Hugh Rudnick. También licitaron una institución que los acompañará en todo el proceso que constará de mesas de trabajo y talleres participativos que les permitirá construir el nuevo marco regulatorio.

Para María Isabel González, gerente general de Energética, las leyes que entrarán al Congreso son necesarias, enfatizando que la de distribución es urgente. "En distribución nos hemos quedado en el pasado de una manera espantosa, es una ley que no se ha modificado desde el año 82, que todavía tienen tasas muy altas para una actividad que tiene poco riesgo. Además, hubo un mecanismo de fijación de tarifa que no tiene nada de técnico, que no se justifica". Agregó que la ley debería venir la flexibilidad tarifaria, revisión de las tasas de rentabilidad de la industria y la forma de determinar tarifas de distribución.

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