La tensión sigue presente entre la Dirección de Presupuestos (Dipres) y los gobiernos regionales. Y si bien la jefa de la Dipres, Javiera Martínez, asistió esta semana a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para explicar cómo se estructuran los recursos que se les entregan, su presentación no dejó conforme a los parlamentarios, ni mucho menos a los gobernadores regionales (Gores).

En esa sesión, la Dipres detalló que los Gores tienen unos “$200 mil millones” como caja para hacer frente a sus obligaciones, y por lo mismo no se entendía por qué le estaban pidiendo más recursos, si los que tienen no han sido capaces de ejecutarlos.

Pero para entender por qué se está en esta situación, se debe primero explicar cómo se estructura actualmente el presupuesto de las gobernaciones.

Desde la Dipres explican que “la reforma que hizo que los Gobiernos Regionales sean electos democráticamente no modificó su administración presupuestaria. Eso implica que, al día de hoy, los Gobiernos Regionales son dependientes administrativamente del Gobierno Central, igual que cualquier servicio público, salvo por las normas específicas que se definen cada año en la Ley de Presupuestos respectiva. A lo anterior se suma que la estructura presupuestaria de los Gobiernos Regionales ha sufrido cambios significativos en todas las leyes de Presupuestos desde 2021″.

En ese sentido, mencionan que “en todas estas estructuras se han mantenido recursos para su funcionamiento que permiten financiar los gastos en personal, operación, funcionamiento y gastos asociados con los consejeros regionales. Los presupuestos de inversión regional se destinan al financiamiento de programas y proyectos en las regiones”.

El presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Rodrigo Mundaca, lo explica así. “Desde que asumimos en 2021 nos toca administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que es un fondo de compensación territorial que se creó en 1974. Este fondo tiene dos programas: uno de funcionamiento y otro de inversión. Tiene glosas y subtítulos. Las glosas son las que definen el marco presupuestario de cada subtitulo y en qué se puede gastar esos recursos”.

Mundaca precisa que el programa de funcionamiento entrega recursos para pagar los costos fijos y remuneraciones de trabajadores entre otros. Mientras que el programa de inversión es el gasto que se destina principalmente para infraestructura, obras públicas y compras de maquinarias.

Para Mundaca, uno de los problemas que han tenido está ligado a lo que se llama “habilitaciones legales”, que es la regulación de cómo se tiene que ejecutar el presupuesto y que cada año se norma en glosas. “Lo que pasó este año es que la ejecución presupuestaria se ha ralentizado por las características que tiene esta ley. Ahora todos los movimientos presupuestarios tienen que pasar por el Consejo Regional, los programas nuevos tienen que ir a Contraloría, Dipres, Ministerio de Desarrollo Social y eso ha ralentizado el proceso”, dice el también gobernador de Valparaíso.

Sobre ese punto, la Dipres señala que en la tramitación legislativa del proyecto de ley de Presupuestos 2024, “se introdujeron ciertas regulaciones adicionales a la propuesta original del Ejecutivo, que ya elevaba decididamente el estándar para el uso de los recursos públicos. A modo de referencia, el proyecto de ley de Presupuestos 2024 que ingresó al Congreso incluía 12 normas para el Programa de Inversión Regional de los Gobiernos Regionales. Al finalizar su trámite legislativo, las normas para ese programa totalizaron 23, lo que aumentó las exigencias de información y control para estas instituciones”.

Y detalló que uno de esos cambios fue que “toda modificación presupuestaria tiene que ser aprobada por el Consejo Regional respectivo. También se definió que, al ejecutar a través de privados -como Bomberos-, los recursos se cuentan como ejecutados recién cuando el ejecutor rinde cuentas de su uso, algo que no se exige al resto de la administración pública, en la que los recursos se cuentan como ejecutados al momento de transferir a otra entidad”.

Uno de los reclamos que levantaron los Gores fue que no tenían recursos suficientes en la “caja”, que no es otra cosa que el flujo de dinero para hacer frente a distintas responsabilidades de corto plazo.

Ante este cuestionamiento fue la frase que emitió Martínez sobre los $200 mil millones que tienen apozados. Pero eso Mundaca lo descarta de inmediato. “Si eso fuera cierto, por qué entonces la Dipres está teniendo reuniones bilaterales con los gobiernos regionales reponiéndole parte de los recursos de la caja”, manifiesta. Por ejemplo, dice que a algunas regiones leshan repuesto $11 mil millones de $30 mil millones; a otros $ 5 mil de $10 mil millones.

Pero para la Dipres hay un problema más de fondo para determinar con precisión la cantidad de recursos que tiene cada gobierno regional. Esto, porque se consideran los recursos transferidos, la ejecución y los recursos residuales en sus cuentas. En muchas ocasiones, las cuentas no están separadas de forma que se pueda identificar el saldo del aporte fiscal y los recursos de terceros, expresa.

Por ello, indica que “para reducir lo anterior, se ha insistido en separar los tipos de compromisos en las cuentas corrientes respectivas: remuneraciones, resto y fondos de terceros”. Y eso es lo que precisamente hace el nuevo Artículo 44 de la Ley de Presupuestos 2024, el cual establece la obligación de que los servicios públicos regidos por la Ley de Presupuestos mantengan cuentas corrientes clasificadas en esos tres tipos excluyentes. Esto debiera ayudar a diferenciar con mayor claridad los recursos disponibles para las obligaciones de los servicios.

Otro de los elementos que tiene impacto en la caja es la no regularización presupuestaria de los ingresos propios. Toda esta situación antes descrita, según la Dipres, implica mayores dificultades en el control presupuestario de los recursos transferidos.

Para la Dipres “a diferencia del Gobierno Central, debido a las diversas fuentes de financiamiento y a los recursos transferidos por los gobiernos regionales a otros organismos públicos y privados que requieren rendición de cuentas para devengar, es más complejo verificar el uso de los recursos en la función específicamente para la cual fueron transferidos. Lo anterior se explica en que es complejo verificar si los saldos corresponden a recursos transferidos no rendidos o si incluyen fondos de terceros y no solo aporte fiscal. Además, al no realizarse la regularización de ingresos periódicamente es difícil reconocerlos en los saldos de las cuentas corrientes”, puntualiza.

Pero más allá de esta explicación, para Mundaca el problema es más simple y lo resume así: “Se intenta desinformar cuando la cosa es supersimple. Lo que ha ocurrido con los gobiernos regionales es que a propósito de la fallida Operación Renta no se recaudó lo que se esperaba y por eso han hecho recortes presupuestarios a todos los gobiernos regionales y ministerios, afectando la inversión”.