El lado B del fallo del TC por contratos con el Estado de CLC

Esta semana el Tribunal Constitucional acogió el recurso de inaplicabilidad presentado por Clínica Las Condes, esto para dejar sin efecto la prohibición de suscribir contratos con el Estado que establecía un juicio laboral. Varios actores de la salud privada interpretan esta resolución como un importante precedente que puede motivar un cambio en la ley, señalan fuentes de la industria, más aún considerando que el TC ya ha fallado en la misma línea en casos con la U. Católica y la U. de Chile y también en otros ámbitos como es el caso de BCI, Banco Chile y Starco.

Lo que reconoce el TC con estos fallos es que la Ley 19.886 (a través del artículo 4) adelanta una condena arbitrariamente sin un debido proceso y vulnera la igualdad ante la ley, al no asegurar la libre concurrencia de oferentes.

Los privados argumentan que la norma no solo afecta a los centros de salud, sino que en último término a todos los ciudadanos, incluyendo a la población más vulnerable, que frente a prohibiciones como ésta ve reducidas sus alternativas. Al mismo tiempo, el Estado ve disminuida su oferta. Para tener una dimensión del asunto, solo en 2017 el gasto que realizó el Estado en prestadores privados ascendió a cerca de US$ 5.868 millones.