El golpe reputacional sobre Larraín Vial por una de las aristas más complejas del caso Factop está sintiéndose en distintas direcciones. Todo a raíz de un vehículo financiero administrado por la mayor gestora de inversiones del país para reestructurar las deudas que mantenía, Antonio Jalaff Sanz, uno de los fundadores del grupo Patio, hoy ex accionista, con distintos acreedores. El fondo se denominó Capital Estructurado I y recibió aportantes por dos series de acciones: la A, que agrupó a acreedores que convirtieron sus pasivos en cuotas del fondo, y la B, que recibió recursos frescos de inversionistas institucionales y personas naturales que fueron reclutadas por la corredora STF, controlada por los hermanos Sauer, cercanos a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff. En total, ambas series sumaban cerca de $ 14 mil millones.

Las esquirlas del caso son variadas. La Comisión para el Mercado Financiero levantó en octubre cargos contra Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (AGF) y varios de sus ejecutivos, a quienes acusó de participar en “actuaciones, mecanismos o prácticas engañosas o fraudulentas que indujeron a los inversionistas a adquirir cuotas”; y esta semana la Fiscalía Oriente pidió la formalización de 13 personas, entre ellas ocho altos ejecutivos y directivos de LarrainVial, por seis delitos -entre ellos estafa, administración desleal e infracciones a la Ley de Mercado de Valores.

La arista penal hará difícil la permanencia de varios de los formalizados en cargos de sociedades reguladas por la CMF y en el mercado ya anticipan cambios inminentes. Hace diez años, en 2014, recuerdan en la industria financiera, Manuel Bulnes, hoy director ejecutivo de LarrainVial SpA., la matriz del grupo, dejó la gerencia general de la corredora tras ser sancionado por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros en el caso cascadas. Es uno de los formalizados, pero no está en Larraín Vial Activos AGF, donde serán formalizados sus cinco directores y su gerente general.

LarrainVial ha intentado contener el daño reputacional con contactos con clientes, muchos de ellos, extranjeros, y este martes anunció otra medida, una señal al mercado financiero: propuso un plan de compensaciones a un grupo de aportantes de Capital Estructurado I, el que viene siendo discutido internamente desde hace algunos meses, revelan personas que han conocido esas discusiones en la gestora.

Las discusiones, sin embargo, no llegaban a puerto, por dos dificultades: primero, porque en Larraín Vial sostienen que no cometieron ninguna irregularidad y, segundo, porque reparar a clientes descontentos, opinaron algunos abogados, implicaba de alguna manera asumir culpas. Pese a ello, hace algunas semanas ya había una inclinación a realizar una reparación y aquello habría sido comentado incluso al Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya. Larraín Vial tiene tres penalistas en el caso: Francisco Cox, por la cúpula de la filial Larraín Vial Activos AGF; Jorge Bold, de Cariola, por Manuel Bulnes y el director de finanzas, Felipe Porzio; y Juan Domingo Acosta, por la filial Larraín Vial Facturas.

En su comunicación, Larraín Vial recordó que el fondo cuestionado, que inició operaciones en enero de 2023, estaba “dirigido exclusivamente a inversionistas calificados” y que la corredora STF Capital compró cuotas para sus clientes y para su cartera propia. Larraín Vial iniciará acciones contra STF.

En su comunicación a la CMF, y pese a no reconocer participación en las irregularidades cometidas, LarrainVial Activos AGF, en un hecho esencial firmado por su gerente general, Claudio Yáñez, uno de los ejecutivos que serán formalizados el 15 de enero, dice que “velando por aquellos inversionistas que se vieron engañados al invertir en el Fondo por STF, el directorio por unanimidad acordó activar un programa reparatorio de compra de cuotas de la serie B, a los aportantes del Fondo que no sean inversionistas institucionales”.

Larraín Vial dijo que el plan será informado en los próximos días y que la cantidad de personas beneficiadas “será informada una vez que se cuente con los antecedentes por parte de las corredoras y custodios que mantienen actualmente dichas cuotas”.

El programa excluirá a la propia STF y a los institucionales que, como Euroamérica, compraron cuotas en el mercado secundario, con altos descuentos. En los cálculos, aquello dejaría fuera a cerca de un tercio de los actuales portantes de la serie B. Al resto, la intención de Larraín Vial es pagar en torno al 70% de la inversión inicial, lo que implicaría un desembolso cercano a los $ 3.500 millones.

Quienes sí estarán incluidos en la compensación son los 23 aportantes de la serie B que llegaron vía STF y que se querellaron contra Larraín Vial por estafa y administración desleal a comienzos de septiembre, representados por el abogado Jorge Villalobos. En esa acción judicial, el abogado Villalobos recordaba que el objetivo del fondo era invertir indirectamente en el grupo Patio y que las cuotas, que en un comienzo se vendieron a $ 35.270, ahora estaban al 16% de su inversión inicial. Aquellas 23 personas naturales y jurídicas, que no eran inversionistas calificados, invirtieron $ 1.808 millones, según la querella. Larraín Vial les pagaría, según el plan anunciado, cerca de $ 1.200 millones, algo que habría sido discutido con el abogado Villalobos, quien no respondió los llamados de Pulso.