Las definiciones de Ximena Ruz, la nueva directora de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

Con cerca de un mes en el cargo, Ximena Ruz es la primera mujer a la cabeza de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), un comité público-privado dependiente de Corfo y del Ministerio de Economía, que nació hace 20 años a partir de la transformación del antiguo Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL).

La ASCC es uno de los brazos fundamentales de la institucionalidad ambiental de Chile y tiene como misión fomentar la inclusión de la dimensión del cambio climático y el desarrollo sostenible en el sector privado y en los territorios, donde su instrumento principal son los Acuerdos de Producción Limpia (APL), un compromiso voluntario al que adscribe un grupo de empresas que tienen un objetivo o rubro en común para fomentar la sustentabilidad en temas como el cambio climático, economía circular o estrategias hídricas, por nombrar algunas áreas. En la actualidad, existen cerca de 200 APL, como por ejemplo el de ecoetiquetado.

A pesar de que Ruz lleva cerca de dos décadas en la ASCC, toma el timón de esta entidad en un momento donde las temáticas relacionadas al calentamiento global siguen muy vigentes, con una megasequía que ya se hizo habitual en gran parte del país y con un gobierno que se ha definido claramente como medioambientalista. Con respecto a este último punto, la geógrafa y directora ejecutiva de la ASCC opina: “Ya el hecho de que bajo la administración del Presidente Boric Chile haya adherido al Tratado de Escazú, nos deja muy bien como país”.

¿Cuál es el rol de la ASCC en este contexto?

-Se necesita quien movilice al sector privado y creo que nosotros podemos apoyar en eso. Queremos ser los referentes en todo lo que es la cooperación público-privada. De esto se habla mucho, pero en realidad, quien lo ha instalado de forma práctica es esta agencia. Entonces, siento que tenemos un know-how muy alto en la relación entre ambos mundos y que aún no le hemos sacado el provecho suficiente.

Entonces, ¿ahora es el momento?

-Con la Ley de Cambio Climático y el Tratado de Escazú se vienen varios desafíos y queremos ser los referentes en esa cooperación para el desarrollo de una economía sustentable, baja en carbono y alineada con los compromisos internacionales que tenemos como país. Esa es nuestra visión.

¿Pero cuál sería el rol de la agencia en el Tratado de Escazú?

-Entre 2015 y 2018 piloteamos siete Acuerdos de Preinversión. Lo que hicimos fue tomar un proyecto en una etapa temprana -o sea, antes de su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)-, e investigamos si hay interés de una comunidad por el proyecto, y de la empresa que quiere desarrollarlo, de adaptarse a los requerimientos de la comunidad. Se genera un diálogo y una serie de talleres coordinados por nosotros, donde ponemos a facilitadores y especialistas en la materia. Con eso se llega después a una especie de compromiso, que se presenta como un antecedente voluntario al SEIA. Lo que queremos entonces, bajo el contexto de Escazú, es poner a disposición del país ese instrumento que, en definitiva, no está financiado y así ver cómo lo podemos aplicar.

La ASCC ha tenido, por lo general, un perfil bajo en lo que respecta a la institucionalidad ambiental. ¿El objetivo es cambiar eso?

-Si bien tenemos un nicho, ya que nuestros clientes finales son las empresas, hay diversas formas de llegar a ellas. En ese sentido, no solo seguiremos trabajando con sectores o asociaciones gremiales. Ahora vamos a tener un fuerte énfasis en los territorios, lo que implica una mayor presencia de la agencia.

¿De qué se trata ese foco hacia los territorios?

-La idea es trabajar en dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, lo que denominamos los “territorios circulares”. O sea, poder instalar capacidades y modelos de negocios en las empresas basados en economía circular, pero que hagan sinergias con territorios específicos, además de los APL sectoriales que ya tenemos. La otra línea, que también está asociada a lo territorial, son los desafíos en seguridad hídrica. De hecho, recién firmamos un APL con la Municipalidad de Lo Barnechea y queremos hacer lo mismo con otros municipios, para partir desde abajo, ayudándoles a generar gobernanzas, hojas de ruta, proyectos emblemáticos y ordenar la estrategia en conjunto con el gobierno regional.

¿Hay interés por parte de los alcaldes al respecto?

-Los alcaldes están más que interesados en meterse en estos temas, ya que tienen grandes problemas de agua y necesitan una minigobernanza al respecto. Tienen que generar una hoja de ruta, porque hay una serie de bienes municipales afectados, como el riego de parques o dependencias municipales, establecimientos educacionales, etc.

El próximo año comienza a aplicarse la Ley de Reciclaje (REP), al menos, en un principio, a los productos prioritarios “envases y embalajes” y “neumáticos”. ¿Cuál es el rol de la ASCC en ese mundo?

-Primero, hay que aclarar que nuestro trabajo, así como los APL, son instrumentos que van más allá de la normativa. Pero lo que hicimos fue ayudar al sector privado a organizarse para que pueda cumplir la REP. Trabajar con los gremios y asociaciones que reúnen a los productos prioritarios, para echar a andar los “sistemas de gestión”, que son parte de esta legislación. Pero el desafío que tenemos para los próximos años es poder construir los “mercados secundarios” de la REP.

¿En qué consisten los mercados secundarios?

-Hay muchos productos que se pueden recolectar, pero no siempre es fácil revalorizarlos, ya que no hay forma de tratarlos para insertarlos nuevamente al mercado como otro producto. Ahí hay una línea de trabajo que ya hemos hecho con los neumáticos y con las resinas plásticas junto al gremio del plástico (Asipla). O sea, hay que buscar mercados alternativos para colocar esos materiales.