Las preguntas claves del conflicto portuario

De acuerdo con datos de la industria, actualmente existen 15.000 trabajadores activos en los puertos, de los cuales 40% son permanentes, es decir, sólo unos 6.500 trabajadores cumplen turnos de 8 horas, el resto tiene jornadas laborales menos extensas.

De acuerdo con datos de TPS, en la firma hay 220 trabajadores permanentes y del orden de 400 eventuales.

El 1 de octubre de 1981 la Dirección General del Territorio Marítimo emitió un decreto que regulaba los tunos en 3 horarios distintos y con una extensión de 7 horas y media.

Actualmente, y rigiéndose a través de la misma entidad, los turnos, que igualmente se dividen en 3, son de 8 horas y el contrato de estos trabajadores es sólo por turno, es decir, se termina el mismo día.

Cada turno trabajado lleva consigo remuneraciones pactadas junto a los pagos previsionales, salud, seguro cesantía y accidentes del trabajo.

Estos contratos se firman por cada turno, es decir, las obligaciones del empleador son sólo por el lapso de tiempo que se extiende el contrato y se finiquitan cada 15 o 30 días.  Por lo mismo, no cuentan con vacaciones pagadas, indemnizaciones, entre otros.

En su último petitorio, los portuarios solicitaron el término de listas negras y de represalias por parte de la empresa respecto a los trabajadores paralizados; la existencia de una mesa para discutir condiciones de trabajo (nombradas, dotaciones por faena, seguridad, capacitaciones, funciones de trabajo, etc) y un bono de $2 millones líquido, más un préstamo blando de $500 mil.

Tras reconocer el desbloqueo de la entrada del Puerto de Valparaíso, la empresa el 14 de diciembre propuso a los trabajadores un préstamo blando de $350 mil y una gift card de $200 mil, además de un aguinaldo y una caja de mercadería.

Pero en la última oferta realizada ayer por el gobierno, la empresa estaría dispuesta a entregar $250 mil en gift card y un préstamo blando de $600 mil.

Al ser un problema del ámbito "laboral que se da entre privados" como señaló el ministro Chadwick, y ser una paralización ilegal por problemas al interior de la firma, al gobierno le compete generar las instancias de diálogo a través de mediaciones voluntarias y solicitar el cumplimiento normativo.

Además, y a través de EPV (empresa estatal) debe velar por el cumplimiento de contrato de concesión.