Ley corta de isapres: la otra alternativa que evaluó el comité de expertos para cumplir el fallo de la Suprema y dar viabilidad a la industria

En las indicaciones que ingresó el gobierno a la ley corta de isapres, incorporó varias de las recomendaciones que habían hecho los expertos convocados por la Comisión de Salud del Senado, pero no acogió la llamada mutualización, por lo que la deuda proyectada de las isapres con sus afiliados quedaría en cerca de US$1.000 millones. Esto es más del doble que los US$451 millones que habían propuesto los expertos.

Según ha dicho el gobierno, definieron no incorporar la propuesta de mutualización porque no cumpliría con el fallo de la Suprema sobre tabla de factores. Pero también hubo otra fórmula que evaluaron los expertos al momento de realizar el informe que entregaron el mes pasado.

El coordinador del comité técnico, Emilio Santelices, levantó ese tema en la sesión que realizó este lunes la Comisión de Salud del Senado: “Existe otro mecanismo que fue planteado, y está en el documento en su anexo”, dijo en la ocasión. Tras ser consultado al respecto, el exministro de Salud comenta que es una idea que finalmente la incorporaron como un anexo y no en los lineamientos generales del texto, porque para la Superintendencia de Salud era más complejo hacer el cálculo de esa fórmula que fue propuesta por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. En cambio, el regulador manifestó que le tomaría menos tiempo calcular la propuesta de mutualización de Espacio Público, que fue la que finalmente incorporaron como propuesta principal. “No teníamos los tiempos”, confiesa Santelices.

La propuesta de la FEN, que quedó plasmada en los anexos, es la siguiente: en la tabla de factores que antes tenían las isapres, el hombre entre 30 y 34 años tenía el factor 1, y en base a ese grupo se fijaba el precio, porque se calculaba el costo técnico de este grupo y se le asignaba un valor al precio base. En cambio, la nueva tabla única de factores, que no diferencia por sexo, tiene como grupo de referencia a mujeres y hombres de entre 25 y 34 años.

Eso significa que para hacer el cálculo de la eventual devolución, la FEN apunta a que habría que realizar un ajuste en el precio base de las tablas que se usaban con anterioridad, para que sea un plan mixto, y de esta manera pueda ser comparable con el modo en que se calcula actualmente el precio de los planes con la tabla única de factores. “El equipo de trabajo de la FEN hizo ese cálculo estimando el valor base de un ´plan mixto´, concluyendo que este debería costar un 40% más que un ´plan sólo de hombres´. Siguiendo esta metodología, por ejemplo, el monto que se habría cobrado en exceso ascendería a US$493 millones, desde mayo 2020 hasta mayo 2023″, señala el anexo del informe de los técnicos.

Allí se agrega que “el cálculo que efectúa al aplicar el fallo, -usando el precio base de los planes antiguos, que corresponde al hombre entre 30 y 35 años-, a las mujeres, deja fuera, entre otras cosas, la prima por maternidad. En otras palabras, bajo esa fórmula de cálculo, nadie paga esa prima. Sin embargo, sabemos que en ese período el grupo de mujeres de referencia sí tuvo cobertura de maternidad y muchas obtuvieron los beneficios de maternidad de su isapre, como pagos de prestaciones y licencias médicas. Lo anterior se produce porque, obviamente, los planes de hombres no incluían la prima por maternidad, dicha prima se introducía a través de las antiguas tablas de factores”.

Santelices señala que eso mantiene el principio de mutualización, pero con una fórmula distinta. A su juicio, cuando la Superintendencia de Salud calculó que la devolución que tendrían que hacer las isapres era equivalente a US$1.400 millones, porque según el superintendente de Salud Víctor Torres esa es la interpretación literal del fallo, en realidad allí “hay una falla de cálculo numérico”.

Santelices sostiene entonces que, si esa es la interpretación literal del fallo, en realidad el regulador debería argumentar a la Suprema que para poder hacer el cálculo correctamente debería corregirse la sentencia. “De ahí la pregunta fundamental que hizo el presidente del Senado: díganme si este es un tema jurídico o es un tema político (el no incorporar la mutualización). Yo estoy diciendo, señores, aquí el problema jurídico tiene solución, ya que existen los recursos para que la Corte recoja esos argumentos, si el regulador se lo plantea (...). Hay un cálculo numérico que muestra un error y es obligación del Estado y sus entes incumbentes, corregirlo”.