Durante las últimas semanas, antes de la aprobación del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias que se concretó este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, repitió en varias oportunidades la necesidad de tener aprobado esta iniciativa, también conocida como de antievasión, antes del 30 de septiembre, fecha límite para ingresar a la discusión legislativa el Presupuesto de la Nación 2025. Es que para Hacienda el contar con los US$1.200 millones que allegaría esta nueva ley para el próximo año, era algo prioritario para terminar de cuadrar la caja fiscal.

Estos mayores recursos le darán ahora un espacio para el crecimiento del gasto público del orden de 0,4 puntos del PIB. De ahí la importancia y premura que tenía el gobierno por aprobar el proyecto.

Una de las particularidades que tiene este próximo erario fiscal es que será el último que ejecutará en su totalidad la actual administración y, por ende, Hacienda quiere conservar lo que ellos han definido como un sello: el de la responsabilidad fiscal.

Quienes conocen el trabajo presupuestario afirman que el diseño de este Presupuesto mantiene lo que ellos denominan “consolidación fiscal” y por ello, aseguran que el ancla para determinar el espacio de gasto fiscal será el mantener la ruta de reducción del déficit fiscal estructural fijado en el decreto de la política fiscal. Para 2025, este tiene considerado un -1,1%. Esa es la primera definición que hubo en Hacienda. Pero dicho ajuste no es nada fácil, dicen, puesto que para este año se espera terminar con un déficit estructural de 1,9%. Si bien la última proyección oficial del gobierno al respecto es de -2,2%, las señales que ha dado Hacienda es que se concluirá 2024 en el mencionado -1,9% del PIB.

En el gobierno afirman que el Presupuesto 2025 irá en línea con el hecho de que “uno de los mayores legados de esta administración será el haber logrado consolidar las cuentas fiscales y estabilizar la deuda pública en relación al PIB en torno al 40%”.

Para lograr esta reducción, en los cálculos de Hacienda se prevén ingresos mayores a los de este año, debido a un mejor precio del cobre, los recursos del mencionado proyecto antievasión y el acuerdo Codelco-SQM. Dado este escenario, el espacio para el crecimiento del gasto público sería en torno a 3%.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, afirma que “uno debería esperar que el Presupuesto se ajuste a la meta de balance estructural de -1,1 puntos del PIB. No se entendería algo distinto, sobre todo cuando recientemente se ha aprobado una actualización a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que justamente busca elevar el costo a que el Ejecutivo cambie sus metas fiscales”. Para Acevedo, “esto permitirá acotar el crecimiento de la deuda pública que debería mantenerse en el rango de 40 puntos del PIB”.

Macarena García, economista de LyD, añade que no tiene duda que “cumplirá la reducción (del déficit) a -1,1%”, sin embargo, plantea que “el problema es que incluirá gastos permanentes con ingresos permanentes estimados con la ley de cumplimiento tributario, los cuales es muy probable que no se cumplan. Por eso, es importante que se comprometa a cumplir la meta ex post, es decir, una vez que los datos de recaudación sean efectivos. Así, si no alcanza la recaudación, deberá ajustar el gasto a la baja para cumplir la meta una vez cerrado el año”.

Para un conocedor de estas temáticas, los mayores recursos que se recaudarán por los cambios al proyecto antievasión no necesariamente se tienen que destinar a gasto, sino que una parte debería ir a financiar el déficit.

Para Acevedo, “el crecimiento del gasto es el resultado de una fórmula que incluye los ingresos permanentes y la meta de balance estructural. Nuestras estimaciones iniciales indican que el gasto, considerando la proyección de ingresos, no debería crecer más de un 3% el 2025 respecto del gasto compatible con la meta de -1,9 puntos del PIB del 2024″.

Varias reuniones ha tenido Hacienda para afinar la puesta en escena de la presentación del Presupuesto, el que debe ingresar el lunes al Congreso, y que según la planificación existente hasta ahora, sería informado en primera instancia a la ciudadanía por el Presidente Boric, en cadena nacional el domingo por la noche.

Una de estas citas fue durante la tarde de este viernes, donde participaron los presidentes de los partidos del oficialismo, los jefes de bancada y los integrantes de las comisiones de Hacienda tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. En ese encuentro se delinearon los ejes del erario fiscal y las prioridades en cuanto al destino de los recursos.

Asimismo, el ministro Mario Marcel confirmó que este sábado se realizará un consejo de gabinete extraordinario y que las áreas prioritarias para el Presupuesto 2025 son salud y vivienda.

Para los diputados del oficialismo que integran la Comisión de Hacienda, el foco tiene que estar en las medidas sociales y el incentivar el crecimiento. Para Jaime Naranjo (PS) “se debe generar crecimiento económico, incentivar la inversión y la seguridad ciudadana”. Mientras que Jaime Sáez (Frente Amplio) añadió “el fortalecimiento de políticas sociales como el bolsillo familiar electrónico y mayores recursos para el Ministerio de Desarrollo Social para apuntalar el sistema nacional de cuidados”. A ello, Sáez sumó el mantener “la continuidad en inversión en seguridad ciudadana. Todo eso debe ser compatibilizado con una reducción del déficit fiscal”.

Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (RN) fijó como prioritario “el tener un crecimiento del gasto acotado para 2025, que no debiera superar el 2% real, en línea con las recomendaciones técnicas como el Consejo Fiscal Autónomo, que recomendó que entre 2025 y 2028 el gasto no crezca más de 1,6%, en consideración que desde el 2010 que venía creciendo al 4,9%”. Además, señaló como “prioritario retomar una estrategia de recomposición de los ahorros fiscales, impulsar medidas de austeridad y contención con efecto permanente en el gasto público”.