Los nudos del proyecto proinversión que se debaten en Comisión Mixta

Dos años y tres ministros de por medio cumplió el proyecto que perfecciona diferentes textos legales para promover la inversión, y que se está dirimiendo en la fase final en Comisión Mixta, luego que la Cámara rechazara todos los cambios introducidos por el Senado.

“Escuchamos los argumentos del Ejecutivo, de los parlamentarios de otras comisiones, y esperamos el próximo martes resolver y despachar el proyecto”, indicó el presidente de la instancia, senador Álvaro Elizalde (PS).

De hecho, el ministro de Economía, Lucas Palacios, propuso a la comisión mantener los textos acordados en el Senado considerando que el proyecto fue visto varias veces por distintas comisiones, ya que involucra aspectos de minería, evaluación ambiental, construcción y permisos municipales. “Nuestra propuesta es mantener aquello acordado en comisiones unidas en el segundo trámite y revisar la posibilidad de una nueva redacción para lo referente a los 3 Megas (megawatts) que entiendo es donde no hay acuerdo” postuló la autoridad.

El Ejecutivo renovó la urgencia de “simple” para despachar este proyecto cuyos nudos principales son.

Actualmente la ley obliga a las centrales o plantas generadoras de energía eléctrica mayores a 3MW someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. En el Senado determinaron que ello quedara sujeto a un reglamento, en lo que no hay consenso. “Mantengamos la ley vigente y no la supresión, porque cuando no se hace evaluación ambiental a centrales menores a 3 MW nos vamos llenando de ellas, las cuales son a diésel o carbón y contaminan más. Lamento que no hayan aceptado sumar a que más centrales termoeléctricas fueran siempre evaluadas”, acotó la senadora Isabel Allende (PS).

La ley hoy permite una vigencia de 5 años para las resoluciones favorables a un proyecto de inversión. El Senado amplió hasta por 3 años más en caso que la obra fuera suspendida por reclamos administrativos o procedimientos judiciales. “No estamos de acuerdo, tenemos diferencias con la ampliación de esos plazos que aplazaría una resolución hasta 8 años, cuando en ese lapso las características del territorio pueden cambiar mucho”, precisó a nombre de la Cámara el diputado Boris Barrera (PC).

Los diputados no estuvieron de acuerdo con la puerta que abrió el Senado para que las municipalidades pudiesen “efectuar rectificaciones al plan regulador comunal vigente” porque consideraron que podría ser una herramienta para uso discrecional y sin considerar la participación ciudadana. El senador Juan Pablo Letelier (PS) explicó que esa facultad solo se otorgaba para “cuando hubiese un error manifiesto en el plan regulador que se pueda corregir con concejales y el Ministerio de la vivienda. Ahora si es necesario recurrir a una mayor participación ciudadana se puede ajustar un mecanismo especial”.

Este ha sido uno de los temas más polémicos puesto que el gobierno propuso externalizar algunas labores de fiscalización y recepción de obras de la Dirección General de Aguas, lo que fue resistido y muy discutido en ambas instancias. La Mixta dirimirá.P