No hay solamente un modelo que el gobierno haya mirado para construir su reforma previsional. Son varios los países que estudiaron, pero tres se repiten más: Suecia, Canadá y Uruguay.

Aquello no significa que Chile esté replicando por completo dichos modelos, sino que fueron materia de estudio y referentes para distintos temas que finalmente aplicó el Ejecutivo en su reforma de pensiones, la que fue diseñada con el apoyo técnico de la Superintendencia de Pensiones, tal como ha ocurrido en los gobiernos anteriores.

Entre los principales ideólogos del proyecto hubo tres exintegrantes de la Comisión Bravo de 2015: el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín; la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza; y Andras Uthoff, quien fue parte del gabinete del subsecretario. Todos ellos suscribieron la propuesta B de la Comisión Bravo -que impulsaba un sistema mixto, con un componente de capitalización individual y otro solidario- e incluso fueron algunos de sus principales ideólogos, según recuerdan quienes integraron la instancia.

De hecho, varias ideas que hay en el proyecto vienen de recomendaciones que se hicieron ahí, como, por ejemplo, el alza del tope imponible, eliminar el retiro programado, y reestructurar el Sistema de Consulta y Ofertas de Pensión (SCOMP) para que se permita la licitación grupal de ofertas de rentas vitalicias.

Pero para idear el proyecto, también tomaron contacto con un cuarto integrante de la Comisión Bravo: el sueco Joakim Palme. Se reunieron de manera telemática y Palme les enseñó el sitio web del Pensionsmyndigheten, el ente público que administra y paga todas las pensiones en Suecia. Este es el equivalente al IPS reforzado que el gobierno propone en su proyecto, el llamado Administrador Previsional Autónomo (APA).

Del modelo de pensiones sueco, el gobierno también consideró otras cosas, como las cuentas nocionales. En Suecia, el sistema estatal registra en una cuenta ficticia cuánto es lo que cada persona va aportando, y una vez que el afiliado decide pensionarse, el beneficio se calcula en base a lo que ahorró. Estas serían similares a las cuentas personales que el gobierno propone en la reforma, donde se registra el 6% de cotización.

En Suecia, el gobierno también miró el diseño de los beneficios que se entregan con la cotización adicional del 6% que van al fondo común. Acá, dos ideas que miraron y finalmente aplicaron en el proyecto fueron la cobertura de lagunas por desempleo y compensaciones por labores del cuidado.

Eso sí, en el país escandinavo no existe el factor redistributivo del 30% que aplicó el gobierno para anotar la cotización del 6%. Eso lo tomaron de la propuesta que hizo la oposición en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

De hecho, varios temas que incorpora este proyecto sobre el fondo común también tiene ideas que fueron presentadas por los dos gobiernos anteriores que ingresaron reformas previsionales al Congreso, así como de la propuesta de oposición en la administración anterior.

Respecto de los mecanismos de ajuste que propone el gobierno para el fondo común, Canadá y Suecia fueron los principales países que sirvieron de ejemplos. De ahí sacaron ideas para incorporar la regla de sostenibilidad.

Acá el Ejecutivo propone que la tasa de interés nocional se calcule principalmente en base a masa salarial, factores demográficos y rentabilidad financiera. Y si los ajustes de tasa de interés nocional fueran insuficientes, el gestor público propondrá al Presidente ajustes paramétricos, quien deberá proponer una reforma legal al Parlamento para llevarlos a cabo. Si ello no ocurre en cuatro meses, el gestor público ajustará los beneficios automáticamente.

Si bien en Suecia también se usan parámetros de ese tipo para definir la tasa de interés nocional, en la nación escandinava no existe este mecanismo para que el ente estatal proponga un ajuste de parámetros al Parlamento y al Presidente. Sí ocurre en Suecia que todos los años un equipo de actuarios calcula si los fondos con que cuenta el sistema alcanzarán o no para pagar las pensiones. Eso también lo propone la reforma. Pero en Suecia, si se percatan que no alcanzan, automáticamente bajan las pensiones de los adultos mayores.

El modo en que se estructura el modelo uruguayo es similar al que propone el gobierno, aunque también tiene varias diferencias. Para ver las similitudes hay que enfocarse en el bloque principal que tiene Uruguay en su sistema contributivo, el que cubre al 89% de los trabajadores activos y pensionados, según muestra un estudio del Observatorio Perspectivas, vinculado a la Asociación de AFP.

El Banco de Previsión Social (BPS), un ente estatal autónomo, es el único que se encarga de recaudar todas las cotizaciones, el cual sería el equivalente al APA. Pero también está encargado del pilar estatal de reparto. Allí se entregan pensiones de beneficio definido en base al número de años cotizados y al sueldo promedio de los últimos años.

Eso se hace con una fracción de las cotizaciones de los trabajadores, que se usa para financiar las actuales pensiones. Este pilar de reparto ha tenido problemas de sostenibilidad en Uruguay, producto del alto gasto que implica para el país. Pero la diferencia con la propuesta del gobierno es que en Uruguay principalmente hay transferencia entre generaciones, mientras que en la reforma previsional de acá el Ejecutivo asegura que eso se acaba en un punto a futuro.

Pero también hay otra fracción de las cotizaciones que recauda el BPS y que luego distribuye a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), donde los recursos se acumulan en cuentas individuales y se invierten en el mercado financiero. Esto sería similar a lo que propone el proyecto, con el APA recaudando el 10,5% y luego redistribuyendo los recursos entre el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) y los Inversores de Pensiones Privados (IPP).

En Uruguay existen cuatro AFAP, una estatal (República AFAP) y tres privadas, entre las cuales los afiliados pueden elegir. Y al final de la vida activa de cada afiliado se transfiere el saldo acumulado en la cuenta individual a una aseguradora estatal, que es el Banco de Seguros del Estado (BSE), el que entrega las pensiones en modalidad de renta vitalicia.

Canadá fue uno de los países que el gobierno estudió para idear principalmente dos cosas: el esquema del fondo de capitalización colectiva y las inversiones, para replicar algunos temas relativos al modo en que se capitalizarán los recursos del 6% del fondo común. Pero también observaron cómo funciona la administración interna de dicho ente público, para replicarlo en el IPPA.

En el pilar contributivo del país norteamericano, los trabajadores y empleadores cotizan en el Canada Pension Plan (CPP), que sería el APA en la reforma. Esas contribuciones se usan para pagar beneficios y sus excedentes se envían al CPP Investments (CPPIB) para que sean invertidos en los mercados globales, un símil del IPPA que propone la reforma.

Justamente el gobierno estima que durante el primer año los beneficios que pagará el fondo común a los actuales jubilados se financiarán con la cotización del 1% que habrá en ese periodo de cargo del empleador, además del préstamo que hará el Estado. Desde el segundo año, cuando ya la cotización adicional suba al 2%, estiman que habrá margen para empezar a tener más ingresos que gastos, lo cual se enviará al IPPA para ser invertido.

Eso sí, para el Consejo del IPPA, Canadá no fue lo único que analizaron desde el Ejecutivo. También sacaron ideas de Uruguay, así como del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). De estos últimos dos principalmente miraron la independencia que debe tener este organismo con los gobiernos de turno.

En el proyecto el gobierno estableció que el IPPA contará con un consejo directivo paritario -de manera que un sexo no supere al otro en más de uno-, el que estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previa ratificación del Senado, así como otro consejero designado por el Presidente de la República a partir de una dupla propuesta por trabajadores, y otro designado por el Presidente a partir de una dupla propuesta por empleadores.

Los consejeros tendrán una remuneración bruta mensualizada equivalente a la de un comisionado de la CMF. En septiembre, la remuneración bruta que recibieron los consejeros de la CMF fue de casi $ 12 millones cada uno, es decir, unos $ 144 millones al año (US$ 155 mil).

Por su parte, el presidente del Consejo del IPPA tendrá una remuneración equivalente a la del presidente de la CMF. En septiembre, la presidenta de la CMF recibió de sueldo bruto de poco más de $ 13 millones, esto es unos $ 156 millones anuales (US$ 168 mil).

No está muy lejos de los sueldos que entrega Canadá al directorio del CPP Investments. Según su última memoria anual, en el año fiscal terminado en marzo de 2022, la presidenta del directorio, Heather Munroe-Blum, obtuvo US$ 202 mil anuales. Los otros once directores ganaron entre US$ 75 mil y US$ 135 mil.

Pero los grandes sueldos del CPP Investments no están en el directorio. En el año fiscal de 2022, el CEO del CPP Investments, John Graham, tenía un salario base de US$ 486 mil. Pero también obtuvo un premio en el año por US$ 1,4 millones, y otros premios diferidos por casi US$ 2 millones. Así, en total ganó casi US$ 4 millones en el año. Eso, sin contar los US$ 54 mil que se destinaron a su pensión y otras compensaciones por casi US$ 7 mil en salud, seguros y otros. De todas maneras, en el año fiscal 2021 ganó poco más de US$ 2 millones.

La directora global de private equity (capital privado), Suyi Kim, tuvo un salario base de US$ 564 mil en 2022 y un premio por US$ 987 mil, es decir, consiguió en total unos US$ 1,5 millones. Por su pensión le dieron US$ 71 mil, y en otras compensaciones desembolsaron US$ 1,3 millones.

En tanto, el director de inversiones (CIO), Edwin Cass, obtuvo un salario base de US$ 411 mil, con un premio en el año por US$ 1 millón, y otros premios diferidos por US$ 1,4 millones. En total ganó casi US$ 3 millones.

La escala que tiene el CPPIB es grande. Tiene oficinas en Toronto, Nueva York, Londres, Luxemburgo, Hong Kong, Sao Paulo, San Francisco, entre otros. A marzo tenía 2.052 empleados, y a septiembre administraba US$ 394 mil millones, más que el PIB de Chile. Esto se compara con los US$ 148 mil millones que administraban las AFP a igual fecha.