Marcel destaca el uso de la ley que tuvo reparos por el empresariado en el caso de coimas que involucra a Luis Hermosilla

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ofició a la Contraloría General de la República para que inicie un proceso de investigación tras la revelación que hizo Ciper Chile de un registro de audio en el que se involucra a Luis Hermosilla en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). Además, el secretario de Estado acotó que también instruyó al SII y a la CMF para que compartan este jueves todos los antecedentes del caso para entregarlos a Contraloría.

“No basta con indignarse, sino que es importante actuar de manera oportuna y decidida, y eso es lo que estamos haciendo con este conjunto de acciones”, dijo Marcel en un punto de prensa en el Congreso.

Otro de las acciones por parte del Estado ante este caso podría ser por medio del Consejo de Defensa del Estado (CDE), pero Marcel explicó que están a la espera de conocer la información que logre reunir el Ministerio Público, la CMF y el SII: “En función de eso resolverá la presentación de la querella”.

Ante el caso, Marcel también aprovechó la instancia para destacar las posibilidades de que la reciente Ley de Delitos Económicos pueda lograr pena efectiva de cárcel y no pasó por alto mencionar que su promulgación contó con reparos y acciones por parte de los gremios empresariales: “La ley sobre delitos económicos que no se aprobó hace no mucho tiempo, con críticas de algunos dirigentes empresariales, incluso acciones ante el Tribunal Constitucional, justamente sanciona este tipo de conductas”.

“Los diversos atenuantes podrían llevar a que nunca se pudiera cumplir una pena cárcel, con la nueva ley eso ya no sería posible y serían penas efectivas”, resaltó Marcel al plantear que antes de la actual legislación, de comprobarse ante los tribunales los casos de coimas, los involucrados podrían eludir la pena de cárcel de entre 3 y 10 años.

Sin embargo, Marcel matizó que, de comprobarse el delito, se tendrá que considerar si la nueva ley ya estaba vigente cuando se cometieron las presuntas actividades ilícitas.

“Está por verse si la entrada en vigencia se aplica la normativa, pero más allá de eso recuerdo que hubo toda una controversia cuando se aprobó (la Ley de Delitos Económicos), y ahora estamos viendo un caso bien concreto en el cual nadie pondría en duda que lo que corresponde es actuar con el máximo rigor”, disparó.

En esa línea, Marcel trajo a discusión que el proyecto de inteligencia económica contra el crimen organizado todavía no se tramita pese a las urgencias legislativas del Ejecutivo en la Comisión de Seguridad del Senado. Una iniciativa que, según Marcel, facilita el levantamiento del secreto bancario y para que los organismos puedan compartir la información para detectar actividades sospechosas.

“Es muy importante que tengamos la agilidad de como instituciones de Estados y de la República para ir actualizando nuestra legislación para que este tipo de situaciones existan herramientas para actuar”, agregó Marcel, quien añadió que este tipo de iniciativas estaban contempladas en el proyecto de reforma tributaria que fue rechazado en marzo de este año por la Cámara de Diputados.

Otro de los llamados de Marcel para avanzar en las iniciativas para prevenir y perseguir delitos económicos es en base a que no se tenga que esperar un reportaje para conocer posibles delitos, sino que poder detectarlos con herramientas del Estado.

Marcel también dio paso para responder en base a la defensa de Luis Hermosilla tras explotar el caso, el abogado acusa ser objeto de una “maniobra siniestra” y niega haber pagado a funcionarios. Esto, en el contexto de que Hermosilla es abogado del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, que son indagadas por la CMF.

Ante esto, y al ser consultado por el comunicado del abogado, Marcel dijo que, ”creo que no hay maniobra más siniestra y más evidente que en una reunión en la cual una empresa o los representantes de una empresa que está siendo investigada y sancionada, junto con sus abogados, articula un mecanismo para eludir su responsabilidad. Me parece que esa es la maniobra más siniestra que tenemos a la vista”.