Después de tres meses de discusión y un protocolo de acuerdo, Hacienda logró que el proyecto antievasión avanzara en la Comisión de Hacienda del Senado: se aprobó la idea de legislar y se espera que el miércoles la sala del Senado hago lo mismo para comenzar a trabajar en las indicaciones. El ministro Mario Marcel mira con optimismo el avance de esa iniciativa, la que, asegura, estará aprobada y despachada del Congreso en septiembre.

¿Quedó conforme con lo logrado en el protocolo de acuerdo y que eso haya permitido aprobar en general el proyecto?

-Sí, quedé muy conforme, no sólo porque se aprobó la idea de legislar por unanimidad, sino que, además, en el protocolo se ha establecido un itinerario que nos asegura que el proyecto pueda estar aprobado antes de que ingrese el Presupuesto 2025, es decir, a fines de septiembre. Eso era bien fundamental para nosotros, porque involucra recursos importantes que deben estar incorporados en la propuesta presupuestaria.

Usted dice que se podrá aprobar antes de fines de septiembre, pero falta un tercer trámite en la Cámara de Diputados y ellos ya han planteado reparos.

-En la medida que hayamos avanzado más en el detalle del protocolo y del proyecto en particular, podremos ir adelantando algo de camino con los diputados. Ojalá que se pueda aprobar inmediatamente ese tercer trámite, y si hay una comisión mixta queda acotada a pocos temas.

En el protocolo se menciona que se revisará la proyección del 1,5% del PIB de mayor recaudación de este proyecto de cumplimiento tributario. ¿Habrá una nueva estimación mayor al 1,5% del PIB?

-El proyecto ya genera, de acuerdo a nuestras estimaciones, una recaudación del 1,5% del PIB. A lo que se refiere ese punto, es que es importante que esas estimaciones se actualicen de acuerdo a lo que finalmente vaya saliendo. Nuestro propósito es que se mantenga el objetivo de recaudación, pero tenemos que estar alertas en caso de que haya cualquier cambio que involucre una merma de ingresos.

En el protocolo se menciona que con este proyecto se cierra la puerta a buscar mayores recursos vía otros proyectos tributarios. ¿Los cambios al impuesto a la renta serán neutros fiscalmente?

-Esa frase tiene una serie de condicionantes. Lo primero es que se logre aprobar este proyecto que genera una recaudación del 1,5% del PIB de recursos adicionales, sumado a que los recursos para el financiamiento del proyecto de sala cuna tengan su propio camino, así como las propuestas que se están trabajando de financiamiento del subsidio a la electricidad. Logrado todo lo anterior más la nueva meta de recaudación por ahorro del gasto público del 0,2% del PIB se podrían financiar las iniciativas sociales prioritarias equivalentes al 2,7% del PIB sin la necesidad de que el proyecto de renta u otros aumente la recaudación neta.

¿El proyecto de renta se ingresará de todas maneras a su discusión legislativa?

-Sí, se ingresará un proyecto de la reforma de impuesto a la renta. Lo que cambia es que el aumento de recaudación neta se vuelve menos exigente. Por lo tanto, el proyecto de rentas empieza a tener una lógica de un ajuste de impuestos, más que de un aumento neto de la carga tributaria.

¿Será fiscalmente neutro?

-Puede aproximarse a un efecto neutro sobre recaudación, sin sacrificar los objetivos de gasto social.

Si el proyecto de rentas será neutro y dado el clima legislativo tensionado, ¿por qué perseverar con ese proyecto si ya cumplen con la recaudación tributaria necesaria para el programa de gobierno?

-Porque los temas de eficiencia económica, impulso a la inversión y justicia distributiva siguen vigentes. Sigue siendo importante tener un régimen tributario para las pymes que favorezca la formalización y que impulse a este sector. Sigue siendo necesario más incentivos a la inversión. Las pymes requieren un marco tributario distinto, que por lo demás si no se cambia implicaría un aumento de la tasa de impuestos para ese sector del 12,5% al 25% de golpe. También es necesario apoyar a la clase media e incentivar la innovación. Todos esos temas, en el debate público se han planteado como deseables, necesarios y por lo tanto no vamos a dejar de hacerla. Pero lo tenemos que hacer sin una merma de ingreso fiscal.

En la propuesta original se aspiraba a subir impuestos a las personas de mayor ingreso. ¿No ve que podría tener una complicación en el oficialismo, considerando que va a ser fiscalmente neutro?

-El hecho de que el proyecto de impuesto a la renta sea neutro en su carga tributaria, no significa que no sea progresivo desde el punto de vista distributivo.

¿Se mantiene la idea de subir impuestos a las personas de mayores ingresos?

-En la reestructuración de impuestos a la renta corporativa y a la distribución de utilidades deberían estar concentrados los cambios, pero no vamos a adelantar mucho más porque el compromiso es presentar ese proyecto una vez estemos ya en las etapas finales de discusión del proyecto cumplimiento tributario.

¿La meta de recaudación del pacto fiscal sigue siendo del 2,7% del PIB?

-El costo de las medidas sociales sigue siendo el 2,7% del PIB, pero la estructura de financiamiento ha ido cambiando. Ya desde las conversaciones en la mesa política del pacto fiscal el peso del esfuerzo recaudatorio estaba mucho más concentrado en el cumplimiento tributario que en reforma de impuesto a la renta.

¿Cómo se llega a este 2,7% del PIB?

-El costo de las medidas sociales es más o menos de US$8 mil millones. De ese total, el cumplimiento tributario aportaría US$4.800 millones. El aporte del crecimiento y eficiencia del gasto aportarían más o menos US$ 2.100 millones y los otros US$ 1.100 millones corresponderían a mayores ingresos no tributarios, particularmente provenientes del litio producto del acuerdo, Codelco-SQM, y el financiamiento de sala cuna, a través de una cotización patronal.

En cuanto al proyecto de antievasión hubo cambios importantes en el protocolo de acuerdo, especialmente en la gobernanza del SII. ¿Qué fue lo que cambió en la visión que tenía el gobierno?

-Nosotros nunca nos hemos opuesto a que haya mejoras en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. De hecho, este tema se planteó inicialmente en la Cámara de Diputados, nosotros hicimos propuestas que, desgraciadamente, no se pudieron votar por razones reglamentarias.

¿Cómo se está pensando despolitizar la nominación del director y subdirectores?

-Esto está planteado en términos de propuestas que se van a trabajar en una mesa técnica y no quisiera adelantarme a ese trabajo. En las propuestas se plantea, por ejemplo, despersonalizar algunas decisiones claves del SII como, por ejemplo, la presentación y retiros de querellas, la aplicación de la norma antielusión. También se propone un consejo asesor externo que va aportar a las estrategias de fiscalización del SII. Lo otro importante tiene que ver con que los nombramientos de los subdirectores sean por Alta Dirección Pública.

¿Y la nominación del director, por ejemplo, podría ser tipo Banco Central, CMF?

-No me gusta mucho la comparación con Banco Central o CMF, porque son instituciones que tienen otro tipo de funciones. El tipo de decisiones que se adoptan en el BC son muy específicas relacionadas con la tasa política monetaria, con una frecuencia de 90 días. En el caso del SII, hay un flujo de trabajo, de fiscalización, de carácter normativo, que es mucho más intenso. Lo que uno debe tener claro es que tiene que generar una institucionalidad que sea consistente con el volumen y la intensidad del trabajo propia de la administración tributaria.

También se revisará la figura del denunciante anónimo y secreto bancario. ¿No considera que el gobierno cedió bastante en estos temas centrales del proyecto o se hizo para lograr este acuerdo?

-En Chile se da una cosa muy contradictoria: por un lado, se quiere que haya acuerdos, pero cuando se logran esos acuerdos, se acusa que alguien cedió como si fuera algo malo. Entonces, primero que nada, tenemos que tener claro que cuando se buscan acuerdos, todas las partes debemos tener flexibilidad para que esos acuerdos se logren. Ahora, en este caso en particular, no veo un cambio profundo respecto de las propuestas que se han hecho. Se ha ido entendiendo mejor la figura del denunciante anónimo, y la importancia de la flexibilización del secreto bancario. Lo que se plasmó en el protocolo fue tener una definición más clara de para qué y en qué situaciones recurrir a estos mecanismos que aparecen más vinculados a los delitos tributarios y a crímenes organizados.

¿Ve que debería desaparecer el temor que ha tenido el empresariado por el secreto bancario?

-Ese temor surge de una caricatura sobre las propuestas del gobierno que no corresponden a lo que está propuesto en el proyecto de ley. Un ejemplo de estas caricaturas es que se habló que se podrían revisar las compras del supermercado o se usaría para perseguir a los opositores, lo que no tiene ninguna relación con la propuesta. El proyecto lo que hace es recurrir a este mecanismo en casos específicos, cuando haya una investigación por delito tributario de parte del servicio, donde ya ha sido citado el contribuyente y con aprobación de un juez. Entonces, lo que está en el proyecto es muy distinto de la caricatura que se ha hecho públicamente.

Pero el presidente de la CPC dijo que ya se puede hacer y que el proceso es expedito.

-Aquí se está confundiendo el acceso a información bancaria en el caso de una querella, que es diferente a lo que ocurre con las investigaciones previas a la presentación de una querella, que es lo que está planteando el proyecto. En esos casos se ha explicado que el proceso es muy lento, porque en la práctica involucra pedirle permiso al contribuyente para acceder a la información y si no lo da, sigue un proceso muy extenso y siguen corriendo los plazos de la prescripción y por eso el Servicio no lo usa, porque en realidad lo único que hace es postergar o demorar una investigación.

Con todos los cambios que ha tenido la reforma tributaria y ahora el pacto fiscal, ¿no es una renuncia a los objetivos iniciales del proyecto, sino que una adaptación?

-Lo que hemos hecho es tratar de lograr los objetivos que se estaban persiguiendo con una estrategia capaz de recoger preocupaciones del mundo político y de otros actores que inciden sobre todo este proceso.

Un cambio relevante para esta segunda parte de la discusión tributaria fue la llegada de Javier Etcheberry al SII. ¿Por qué salió Hernán Frigolett? ¿Había una mala evaluación?

-Más que eso, el tema es por qué volvió Javier Etcheberry. Y volvió porque ya entrando en tierra derecha con el cumplimiento tributario, la experiencia que él tiene acumulada de los 12 años que fue director de Impuestos Internos es muy valiosa para poder desplegar en pleno todas las facultades que se van a entregar al servicio.

¿Pero había una mala evaluación en esa tarea de Hernán Frigolett?

-Más bien hay algo evidente: Javier Etcheberry tiene una experiencia con el Servicio insuperable y que en este momento es particularmente necesaria para poder aprovecharla.

El gobierno espera que la reforma de pensiones se vote en general la próxima semana. ¿Ve que están las condiciones para que se apruebe en general?

-Tantas tensiones y dificultades en torno a una votación en general, racionalmente, me cuesta entenderlas, porque estamos hablando de la idea de legislar, es decir, si vale la pena legislar sobre un tema. Y en Chile es bastante claro que hay necesidad de una reforma previsional.

En la distribución del 6%, ¿cree que pueda haber acuerdo?

-Creo que se han ido abriendo alternativas que ayudan a buscar soluciones más creativas y nosotros estamos trabajando en eso. Dado que estamos hablando de acuerdos, estos tienen que producirse como producto del diálogo entre partes, por lo que las alternativas específicas las vamos a reservar a la conversación que necesariamente debe ocurrir.

La próxima semana se presenta el Informe de Finanzas Públicas. ¿Dada la evolución de la actividad, mantendrán su proyección en el 2,7% para el PIB de este año?

-La economía va avanzando en línea con lo que está previsto. Nosotros siempre dijimos que el crecimiento del primer trimestre no se iba a mantener al mismo ritmo en los trimestres siguientes. Si se hubiera mantenido el ritmo de crecimiento del primer trimestre se tendría que haber proyectado un 4%, pero ese nunca fue nuestro escenario, siempre supusimos que iba a haber una desaceleración en alguno de los trimestres siguientes. Eso claramente ocurrió en el segundo trimestre del año. Ahora, en tercer y cuarto trimestre, vamos a ver un mayor despliegue en términos de actividad y también de inversión.

¿Es probable que se mantenga la proyección en un 2,7% de crecimiento para este año?

-Nuestra proyección va a ser muy similar a la anterior.

Sobre la inversión, ¿ve que hay elementos para esperar un crecimiento de esa variable este año?

-Lo primero que debemos decir es que en ningún momento hemos tenido una debacle de la inversión. No lo tuvimos en el 2022, donde la inversión creció. No lo tuvimos en el 2023, donde cayó solamente un 1%, y con seguridad no la vamos a tener ni este año, ni mucho menos el próximo. El catastro de la Corporación de Bienes de Capital de junio aumentó en un 22% la inversión estimada para 2024 y para el 2025 la aumentó en un 24%. Con eso, en la comparación con el 2023, desaparece la caída que se veía en el catastro y se acentúa el crecimiento que se espera para el 2025. Este incremento que se produce en el 2024-2025 está bastante concentrado en proyectos de energía y minería. El sector energético, por ejemplo, aparece ya por primera vez en este catastro con dos proyectos de hidrógeno verde. Así, el panorama se va volviendo bastante positivo, las oportunidades van surgiendo, porque hay mayor certidumbre, especialmente en el sector minero. A esto se suman los anuncios de Freeport para El Abra por US$ 7.000 millones, el de Anglo American con Los Bronces por US$ 3.000 millones, de BHP por US$ 10.000 millones en una década y de hidrógeno verde en Magallanes por US$ 11.000 millones. A estas alturas debería estar claro que el panorama de la inversión en Chile es mucho más positivo de lo que se había venido vaticinando.