Mario Marcel no pierde la calma, pese a las tres semanas de alta intensidad política y mediática en su debut como ministro de Hacienda del nuevo gobierno de Gabriel Boric. Lejos del estilo más informal que abunda en Palacio y en gran parte de la coalición oficialista, el jefe de las finanzas públicas no deja de lado sus tradicionales trajes y distintivas corbatas que lo han acompañado en las últimas décadas en diferentes cargos en el sector público.

Si bien mantiene su manera sobria y pausada al hablar, Marcel sonríe con intermitencia y soltura a la hora de explicar cómo pretende empujar las transformaciones prometidas por este gobierno. Sin embargo, esa pasajera “licencia” que se permite al conversar sobre las reformas termina cuando debe responder a los dardos de miembros de su propia coalición de gobierno.

“Para hacer reformas ambiciosas se requiere una economía sólida y finanzas públicas sostenibles. No es un tema de ser ortodoxo o neoliberal o estar preocupado de las clasificadoras de riesgo; es una cuestión de sentido común que cualquier chileno o chilena puede entender”, afirma tajante el ministro, quien afina el plan de recuperación inclusiva que se dará a conocer la próxima semana.

El IPoM del BC abrió la posibilidad de una recesión. ¿Comparte el análisis?

-El BC alude a la definición técnica de recesión: dos trimestres seguidos de variaciones negativas respecto al trimestre anterior. La posibilidad que eso ocurra, aún con un crecimiento positivo en el conjunto del año, ya estaba presente en el informe anterior. La economía al estar creciendo por sobre su potencial genera presiones inflacionarias que se han materializado y que requieren que aquello que en un principio generó esas presiones inflacionarias se modere. Lo novedoso en este informe del BC es que revela que el rebalanceo de la economía chilena, después de esta expansión tan fuerte del año pasado, ya empezó a ocurrir en el último trimestre del año pasado, cuando se creció notoriamente menos que en el tercer trimestre. Esa diferencia de expansión se debe casi exclusivamente a consumo durable, que es lo que explicó en primer lugar el sobrecalentamiento de la economía.

¿Estamos entrando a un periodo de estanflación?

-No, porque estanflación alude a una economía que permanece débil por mucho tiempo y, al mismo tiempo, experimenta inflación. La situación de la economía chilena no es que esté débil, dado que está por sobre los niveles de actividad previos a la crisis y viene de expandirse casi el 12% en 2021. Lo que tenemos es un caso mucho más clásico de aumento de la inflación producto de un sobrecalentamiento de la economía, que requiere que esta se enfríe un poco.

Es muy distinto tener variaciones negativas de actividad cuando se viene de crecer un 3% a cuando se viene de crecer un 12%. Lo que está diciendo el BC para el 2022 es que el nivel de vida del país va a permanecer más o menos parecido a lo que ocurrió el año pasado y que aquellas cosas que crecieron más desproporcionadamente, como el consumo durable, tienen que revertirse. Y como el consumo durable es algo que no ocurre todos los días, sino que se puede adelantar o se puede atrasar, no va a afectar necesariamente nuestras condiciones de vida. En términos de condiciones de vida, el 2022 no tiene por qué ser significativamente peor que la segunda mitad de 2021.

Más que el 2022, me preocupa el próximo año, cuando se proyecta una expansión prácticamente nula en el conjunto del año. Pero el 2023 aún no está escrito en piedra y nuestra economía no está para nada condenada al estancamiento. Depende mucho de lo que hagamos este año en términos de generación de capacidad productiva, de condiciones para que se reactive la inversión, mejoras en materia de productividad o de competitividad, reducción de la incertidumbre.

¿Por qué le preocupa tanto el deterioro de la inversión?

-El país necesita inversión para poder crecer, ya que afecta no sólo la demanda, sino también la oferta. Uno puede entender que haya períodos en los cuales por razones de incertidumbre se posterguen decisiones de inversión a la espera de más información, certidumbre regulatoria o mejores condiciones financieras. Pero otra cosa distinta es que la inversión permanezca baja durante mucho tiempo, ya que ello haría que nuestra capacidad para crecer en el futuro se resienta.

¿Qué puede hacer el gobierno para evitar un mayor deterioro de la inversión?

-Primero, aumentar la inversión pública: podríamos tener un crecimiento en la inversión pública del orden del 30% este año, dentro del presupuesto. Segundo, hay que tratar de reducir la incertidumbre que conspira siempre contra la inversión. Hemos estado trabajando en esto último, lo que se ha reflejado en los precios de mercado y en las tasas de interés de largo plazo. Se han ido despejando muchos temores que algunos podían tener respecto de cómo se conduciría el nuevo gobierno.

Como la definición de la ruta de la política fiscal para sus próximos cuatro años...

-La ley nos da hasta el 11 de junio para emitir un decreto que definirá la trayectoria fiscal de los próximos 4 años. Sin embargo, vamos a adelantar esa definición para fines de abril, de modo de dejar claro lo antes posible cómo va a ser nuestra trayectoria fiscal. Y pierda cuidado que será una trayectoria prudente, que cumpliremos con la mayor disciplina.

¿Va a haber cambios en materia de regla estructural?

-Vamos a recoger lo que ha sido la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en el sentido de vincular la meta estructural con una relación deuda pública/PIB sostenible en el tiempo y a la cual queremos llegar al final del período. A partir de ahí vamos a calcular cuál es el balance estructural consistente con eso y luego vamos a construir un camino de convergencia hacia ese balance estructural para años intermedios, de modo que en cada momento se pueda evaluar si lo estamos cumpliendo o no. Haremos algo distinto de lo que ocurrió en gobiernos anteriores, donde se fijaron metas fiscales para el cuarto año sin especificar cómo se iba a llegar hasta allá. Lo importante es cumplir con las metas que se fijan y no sólo prometerlas.

¿Este escenario con una economía más fría respecto de cuando fue elegido el gobierno cambia la agenda de transformaciones?

-Respecto de las reformas estructurales no cambia mucho, porque son reformas que por definición no deberían depender de una coyuntura. Hay analistas que recomiendan postergar tal o cual reforma, pero hay que entender que una cosa es cuando se empieza a discutir una iniciativa legal y otra es cuando la reforma se aplica o con qué gradualidad. Un momento económico complejo no significa que haya que posponer la discusión de reformas estructurales. La coyuntura económica tiene más que ver con medidas más inmediatas que con las reformas estructurales.

Más que definir la economía como más fría, tendría que definirla como menos recalentada de como terminó el año pasado. Por eso ahora hablamos de un plan de recuperación inclusiva más que de un plan de reactivación, porque la economía no necesita que se le ponga más combustible, sino rebalancearse para que su recuperación sea sostenible en el tiempo y no se produzca a costa de inflación.

¿Pero puede significar mayor gradualidad en algunas reformas?

-Siempre ha estado previsto que haya gradualidad en la reforma tributaria, por ejemplo. Todas las reformas tributarias que hemos tenido en Chile han tenido alguna gradualidad, porque no se trata de hacerle la vida imposible al contribuyente. Hay otro elemento de gradualidad que va a depender de cómo se empaqueta la reforma tributaria, de si va a ir en uno o más proyectos. Eso tiene la ventaja de que no hace depender el conjunto de la reforma del ritmo del componente más complejo de la reforma, sino que permite que aquellas cosas que son más compartidas puedan avanzar más rápido.

¿Cómo explica la arremetida de parlamentarios por un quinto retiro?, ¿es el reflejo de las dos almas en el oficialismo?, ¿populismo?

-Para entender la repetición de los retiros de fondos no hay que irse a tesis políticas muy sofisticadas. Un sistema de pensiones se basa en el hecho de que las personas cotizan durante su vida activa para obtener un beneficio cuando se jubile; los sistemas de pensiones son obligatorios porque, de otra manera, la gente no ahorraría lo suficiente porque siempre va a preferir consumo presente. Entonces, si en algún momento esa separación temporal se elimina, esa preferencia por consumo presente obviamente se va a materializar y los parlamentarios sienten esa presión. Pero para tomar una decisión tan importante, se deben tener todos los elementos a la vista, entendiendo que no se está legislando para una, 10 o 1.000 personas, sino para diez millones que podrían retirar fondos. En el Congreso están con todos los elementos a la vista para tener un buen juicio respecto de los costos que tendría una medida como esta.

Hay que pensar, por ejemplo, el impacto que tendría un nuevo retiro sobre la reforma de pensiones, no sólo porque ésta ya no pudiera contar con el ahorro acumulado durante décadas para financiar pensiones, sino también por su capacidad para influir sobre los valores que deben sustentar una reforma. Si hay gente que quiere retirar fondos porque dice que al ser de su propiedad tiene derecho a hacer lo que quiera con ellos, sobre ese mismo principio no podría haber ningún espacio para la solidaridad o compartir riesgos. Eso no quiere decir que un sistema de pensiones no pueda tener un componente individual y que haya fondos de propiedad de los afiliados; pero muy distinto es que toda la previsión se articule en torno a ese principio.

¿A qué atribuye los ataques del alcalde Jadue en su contra, siendo parte de la misma coalición gobernante?

-Prefiero no pronunciarme respecto del alcalde Jadue. Es parte del mundo político en el que nos desenvolvemos.

Por otro lado, si queremos evaluar al conglomerado, es importante decir que la coalición de gobierno ha sido bien comprensiva respecto de los desafíos que tenemos en materia económica. Si la economía se debilita, si tenemos una crisis en el mercado financiero, si se dispara la inflación, no es la política económica solo la que sufre, es todo el programa de gobierno.

Para hacer reformas ambiciosas se requiere una economía sólida y finanzas públicas sostenibles. No es un tema de ser ortodoxo o neoliberal o estar preocupado de las clasificadoras de riesgo; es una cuestión de sentido común que cualquier chileno o chilena puede entender. Si voy a hacer un cambio importante en el país, debo tener una base económica sólida para poder hacerlo, porque, de lo contrario, no voy a alcanzar a llegar muy lejos y voy a tener que volver atrás. Además, habría todo un esfuerzo perdido, ilusiones, expectativas frustradas.

¿Cómo se explica la idea de separar en paquetes tributarios la reforma y pueda ir en diferentes momentos?

-La reforma tributaria del 90, la del 2014, incluso la del 2020, fueron más pequeñas que la que se está planteando ahora. La reforma tributaria actual en términos de recaudación equivale a todas esas reformas sumadas. También una reforma tributaria es siempre compleja y cuando ocurren este tipo de cambios la ciudadanía y los parlamentarios quieren saber qué es lo que se va a hacer con la plata que se está recaudando.

Entonces, si pensamos que una reforma de esta envergadura fuera en un solo proyecto, sería una iniciativa de 250 o 300 páginas de extensión y eso obligaría a que la reforma entera evolucionara de acuerdo al ritmo de las normas más complejas que contuviera, lo que haría muy difícil su aprobación en plazos razonables. Una subdivisión permite que haya componentes de la reforma que puedan ir avanzando, ayudando a que el conjunto pueda avanzar también.

En junio se envía el primer paquete de la reforma tributaria…

-Lo que vamos a hacer en junio es mostrar el panorama completo de toda la reforma tributaria, independiente de cómo esta se subdivida en distintos paquetes. Eso es importante también para despejar incertidumbres.

Es decir, ¿en junio se abre todo el naipe de toda la reforma tributaria?

-Exactamente.

¿La reforma se hará cargo de los mayores gastos derivados del resultado de la Convención?

-Mucho de lo que se está escribiendo en la nueva Constitución va a requerir legislación. Una vez que la Convención despache su propuesta de Constitución y se someta a plebiscito, vamos a tener un período de dos, tres y hasta cuatro años en que se va a estar legislando para implementarla. Entonces, no podemos pensar en una reforma tributaria que espere a que termine todo ese proceso.

¿Qué tan prioritario es mandar el proyecto de 40 horas este año?

-La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales es una reforma importante en el programa de gobierno, pero no es tan inminente como la reforma tributaria. Lo que va a ser importante en ese proyecto, dado que una reducción de la jornada de trabajo involucra un mayor costo de contratación y además se combina con el aumento del ingreso mínimo y con cotizaciones de cargo del empleador en la reforma previsional, es que seamos capaces de aumentar la productividad de tal manera de que ese aumento de costos de contratación no implique destruir empleos.

Hay cosas que se pueden hacer dentro del mismo proyecto. Por ejemplo, el cómo se aplica la jornada de 40 horas. Si se aplica igual para todo el mundo o hay espacio para diferenciarlo en términos del número de horas, de cómo se distribuye en la semana o en el día, para actividades que son de distinta naturaleza.

¿Cuál es su visión de lo que se está aprobando en la Convención Constituyente?

-Si uno ve lo que se ha aprobado para el texto constitucional, hay muchas cosas que son bastante razonables y uno puede reconocer cómo todo ese proceso fue capaz de ir descartando algunas propuestas e ir generando consenso respecto de otras.

¿Le preocupa el nivel de violencia que hay hoy en el país teniendo en cuenta sus efectos globales, incluido el económico?

-La violencia en cualquiera de sus formas es algo que preocupa no solamente en materia económica, sino como seres humanos, cómo afecta la capacidad para vivir en sociedad. Una sociedad en la cual se impone la violencia es una sociedad que va perdiendo cohesión, que se va haciendo más débil.

¿Cree necesario discutir una reforma de pensiones lo más pronto para detener nuevos retiros desde las AFP?

-La necesidad de ver pronto un proyecto de reforma de pensiones no lo vincularía a un eventual quinto retiro, sino al hecho de que llevamos seis años desde el informe de la Comisión Bravo y que es evidente de que se necesita una reforma de pensiones y eso no ha ocurrido.

Hay debate acerca de si la reforma de pensiones afectará la propiedad de los fondos de los trabajadores o que haya un “manotazo”…

-El gobierno tiene un compromiso de que en cualquier reforma previsional no se van a tocar los ahorros que son actualmente propiedad de los trabajadores.

Eso es para los flujos pasados, ¿qué pasa con flujos futuros?

-Los sistemas de pensiones tienen básicamente tres objetivos. Uno, es prevenir el riesgo de pobreza en caso de vejez, invalidez, etcétera. En segundo lugar, tiene que ser capaz de cubrir los riesgos vitales de las personas y, tercero, frente a esos riesgos el sistema tiene que ser capaz de asegurar la mayor continuidad posible de ingresos, lo que llamamos tasa de reemplazo.

Para poder cumplir con esos tres objetivos a la vez, es imposible que haya un solo mecanismo de acumulación. Ya lo vimos con el sistema de capitalización individual, que no era capaz de resolver los problemas de pobreza en la vejez. Por eso se creó el pilar solidario y ahora eso a se ha transformado en la pensión garantizada universal.

Un sistema de reparto, por su parte, no permite asegurar suficiencia de los recursos para asegurar una buena y sostenida tasa de reemplazo considerando la etapa en la que estamos de transición demográfica; un aporte fiscal tampoco sería capaz de asegurar esas tres cosas simultáneamente. Para eso tendríamos que tener una carga tributaria del 60% del PIB, por ejemplo, lo que está fuera del alcance de cualquier país. Entonces, es necesario combinar aportes fiscales, ahorros del trabajador, capitalización individual y solidaridad, y aportes de los empleadores.

¿Eso es lo que va a tener el nuevo proyecto?

-Eso es lo que tiene que ser capaz de combinar un nuevo proyecto. Por lo tanto, la capitalización tiene que seguir porque es lo que le da la capacidad al sistema de acumular recursos de manera más robusta que lo que permite la demografía. Quien administra los fondos es otra cosa.