El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, ha seguido de cerca el debate que va tomando forma: la necesidad de contar con una nueva reforma tributaria debido a los mayores requerimientos de gasto que tendrá el Fisco.

Tiene una mirada crítica sobre aquellos que dicen que la tasa de impuesto a las empresas es alta en comparación a los países de la Ocde. “Ese análisis es súper incompleto, que se basa en mirar tablas que publica la Ocde”, dispara de entrada.

Sobre el caso Penta, menciona que para él no se debería considerar como gastos necesarios para generar la renta la defensa de un grupo involucrado en delitos tributarios.

El gobierno conformó recientemente una comisión para analizar el sistema tributario y el informe que realizó la Ocde y el FMI sobre gasto tributario, ¿qué opinión tiene de esta instancia conformada solo por economistas?

-Siempre es bueno que algún grupo de economistas destacados analicen el sistema tributario, y lo que salga de ahí será un insumo interesante para cualquier reforma tributaria. El sistema tributario no se definirá en este gobierno. Eso será para un próximo período. Lo que sí echo de menos es que haya pocos expertos en política tributaria. Y eso puede complicar la aplicación de lo que se adopte en esa comisión.

En el informe que hizo el FMI y la Ocde sobre exenciones cuestionó los cálculos que se hacen en materia de gasto tributario y afirmaron que hay poca información, ¿hay un problema de información?

-El informe lo que dice es que las estimaciones que se hacen son de acuerdo con las metodologías estándares y no hay una crítica hacia el reporte de gasto que hace el SII. Lo que sí hay es que falta información. Por ejemplo, el reporte no incorpora lo que se pierde por las exenciones de la ganancia de capital. Y no lo hace porque no existe la información adecuada para hacerlo. En Chile se comete el error de decirle a las personas o contribuyentes que cuando están exentos de impuestos no declare, cuando en realidad el no estar exento no debería por qué implicar no declarar esa información.

¿Y por qué no se recoge esa información?

-Porque hay un sesgo hacia la fiscalización en los formularios. Y lo que está exento se excluye, pero se necesita una mirada más allá para evaluar estas políticas. Se necesita que el SII comience a pedir información en algún formulario del precio de venta y compra de las acciones que están exenta. De hecho, en el formulario de declaración de renta hay un formulario donde se pide información, pero solo del valor de venta, pero no la contraparte, que es el costo y así estimar la ganancia.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha dicho que en el tema de las exenciones hay muchos grupos de presión que no dejan avanzar en su eliminación, ¿comparte ese juicio?

-Sí. En la reforma de 2014 se plantearon varias derogaciones de exenciones. Por ejemplo, se planteó eliminar la renta presunta, pero luego se determinó no eliminarla, sino que acotarla para no abrir más flancos. Lo que sí estuvo en el proyecto, y que aborda el informe de la Ocde, era la aplicación del impuesto a las bebidas alcohólicas. En el proyecto nosotros propusimos cambiar el impuesto sobre las ventas hacia uno por grado de alcohol, que es lo recomendado para desincentivar el consumo. En 2014 entró así, pero luego por los grupos de presión de las zonas pisqueras se sacó y se volvió al mismo esquema con aumentos menores de impuestos. Los parlamentarios de las zonas presionaron para no afectar a esas regiones.

¿Se podrá avanzar en algún momento en derogar exenciones considerando que esos grupos de presión seguirán abogando para que no se cambie nada?

-En tiempos normales diría que no, pero ahora no estamos en tiempos normales. Con todo lo que ha pasado si es posible hacer cambios más drásticos. Todo el mundo está consciente en que se necesitará una reforma que recaude de manera sustancial, por lo tanto, todos tendrán que ceder.

Esto, considerando que los informes de la Ocde muestran que el país tiene uno de los impuestos más altos para las empresas y que por ello, algunos dicen que no se puede seguir aumentándolo, ¿lo ve así?

-No necesariamente. A eso me refiero cuando digo que es importante que en la comisión que formó Hacienda haya especialistas en políticas tributarias. Porque ese análisis que dice que los impuestos a las empresas son altos es súper incompleto, que se basa en mirar tablas que publica la Ocde, pero si se entra en el análisis más fino, Chile podría tener tasas más altas, porque tiene depreciaciones aceleradas de los activos fijos.

¿En qué nivel se ubican las tasas efectivas?

-Para las empresas que usan la depreciación acelerada (vida útil de los activos igual a 1/3 de la normal) la tasa de 27% equivale a una tasa efectiva de 18%. Para las que pueden usar la depreciación súper acelerada (vida útil igual a 1/10 de la normal) es equivalente a una tasa efectiva de 9%.Y eso no se ve mirando las tablitas que publica la Ocde. Dado que tenemos esta depreciación acelerada, se puede pensar en tener una tasa nominal más alta o mantener la tasa nominal donde está y reducir la depreciación acelerada.

La crítica que se hace por parte del sector privado es que este nivel de la tasa de impuestos a las empresas afecta la competitividad de las empresas, ¿no subscribe ese argumento?

-El sistema tributario es uno de los elementos que define la competitividad, pero no es el más importante. No está ahí el problema de la competividad. La estabilidad política, la legislación económica y la accesibilidad a los mercados también juegan un rol mucho más clave. Se tienen que tener impuestos razonables, pero Chile, dada su carga tributaria en comparación internacional, tiene para aumentar y seguir siendo un sistema razonable.

¿Ve espacio para subirla?

-Sí se puede. La respuesta a eso es mirar la carga tributaria de los países de la Ocde, donde Chile esta antepenúltimo gracias a que entró Colombia. Antes éramos el penúltimo superando solo a México. Nuestra carga es 21% y el promedio de la carga de la Ocde es 34%. Entonces hay espacio para hacer una buena reforma que se base en un mejor control de la evasión, subir los impuesto y tener cuidado con los efectos sobre la inversión. Por qué no pensar en impuestos a las utilidades excesivas, a los oligopolios. Eso no genera ningún efecto sobre la inversión.

¿En una próxima discusión tributaria, se debe incluir entonces una alza en la tasa corporativa?

-Se tiene que revisar todo. Lo que he dicho es que el tema principal en Chile es la evasión tributaria. Hay que hacer los esfuerzos y entregar las facultades a la administración tributaria para reducir drásticamente la evasión y elusión, porque ahí se pierden entre 7% a 8% del PIB anuales. Obviamente, no se reducirá a cero, pero sí se puede avanzar hacia la mitad, unos 3,5% de mayor recaudación. Una gran atribución que se le debería dar al SII es que tenga acceso a la información bancaria, en definitiva abrir el secreto bancario para el SII. Es una facultad que prácticamente tienen todos los países desarrollados lo tienen con diferentes grados de apertura.

¿Hay espacio para ampliar la base tributable?

-Se podrían revisar las tasas intermedias, porque los tramos son muy largos para llegar a la tasa máxima. Respecto a los tramos exentos si se hace una comparación en dólares per cápita a poder de paridad de compra nuestro tramo exento es grande en comparación a otros países, aunque es una medida regresiva.

¿Cuánto debería aumentar la carga tributaria para hacer frente a las mayores demandas de gasto?

-Se debe estimar cuánto es lo que aumentará el gasto y adecuar una reforma tributaria para financiar ese gasto, pero debería ser del orden de 5% del PIB.

¿Comparte el criterio utilizado por el SII de considerar gasto necesario para producir la renta la defensa de un juicio tributario, en este caso del grupo Penta?

-Hay distintas posturas entre los abogados tributaristas. A mí me parece que los gastos de defensa que están asociados a un delito tributario no son necesarios para producir la renta, a menos que se considerara que hacer fraudes es necesario para producir la renta, lo que sería absurdo, y por algo la propia ley prohíbe rebajar como gasto los intereses y las multas asociadas a incumplimiento tributario. Por eso, el sentido común me dice que en ningún caso esos gastos en defensa son necesarios para producir renta.

Como norma general, ¿es un criterio que se debería revisar?

-Comprendo que hay distintas opiniones y que puede haberse aplicado distintos criterios en el servicio. No hay mucha jurisprudencia del servicio a lo largo del tiempo.