Moody´s afirma que triunfo del En Contra reduce incertidumbre regulatoria, pero que no resuelve las demandas sociales

La agencia clasificadora Moody´s se refirió al plebiscito constitucional de este 17 de diciembre, y al triunfo del En Contra este domingo, y dijo que tras el resultado se reduce la incertidumbre regulatoria, pero que no resuelve las demandas sociales.

Moody´s indica que ninguno de los dos procesos que se llevaron a cabo en el país (2022-2023) pudieron dar respuesta a la ciudadanía, y que se deberá continuar con una Constitución que la mayoría votó por reemplazar.

“Aun con el giro hacia políticas más enfocadas en aspectos sociales tras las protestas de 2019, el descontento continúa entre los chilenos, quienes perciben deficiencias en la cobertura y en la calidad de los servicios esenciales como la educación, las pensiones, el transporte y la salud, además de una creciente preocupación por un incremento de la delincuencia y un menor crecimiento económico”, planteó la agencia en un comunicado.

Y agregó que “esperamos que el gobierno de Boric se centre en abordar el descontento social mediante cambios en las políticas. La principal prioridad será aprobar el Pacto Fiscal propuesto: un proyecto de ley que busca abordar estas demandas sociales y, al mismo tiempo, mantener la prudencia fiscal, es decir, la relación deuda/producto interno bruto (PIB) por debajo del techo del 45%”.

Por otro lado, plantean que el rechazo a las propuestas, reduce la incertidumbre regulatoria.

“El rechazo a los cambios constitucionales propuestos reduciría la incertidumbre regulatoria para el sector privado y mantendría las disposiciones fundamentales de la constitución actual, las cuales han apoyado a las empresas chilenas. Estas disposiciones incluyen el actual convenio colectivo de trabajo, que permite la mediación del gobierno en las negociaciones laborales, cuando corresponda, y derechos de propiedad, que son clave para las industrias extractivas”, indicó el documento.

Asimismo, señaló que “incluso cuando no se dé ningún cambio en la constitución, el enfoque político hacia algunos sectores extractivos de Chile se ha centrado en una mayor intervención del gobierno. Por ejemplo, en abril de 2023, el gobierno de Boric anunció una nueva estrategia de manejo del litio que exige la participación mayoritaria del Estado en cualquier nueva extracción y explotación del metal: un valioso componente de las baterías de vehículos eléctricos. La medida incrementó la incertidumbre en las empresas privadas, con el consiguiente riesgo de desalentar a los productores de litio a desarrollar reservas o ampliar la producción”.

Y por último, sostuvo que “con el fin del proceso constitucional y la posible reducción de la incertidumbre institucional y política, esta nueva estabilidad podría servir como catalizador para el desarrollo de nuevos proyectos en las industrias extractivas. Una menor incertidumbre regulatoria también reafirmará la perspectiva de las industrias locales en 2024 y 2025. Este cambio positivo en la confianza podría verse reforzado aún más por la proyección de una disminución continua de la inflación y las tasas de interés”.