Nicolás Grau es parte del ADN del Frente Amplio. Estuvo presente desde un comienzo en la elaboración del programa de gobierno de Gabriel Boric.

Si bien reconoce que los resultados de las últimas elecciones han fortalecido una visión más conservadora de derecha y en algunos casos de extrema derecha, cree que la ciudadanía no ha abandonado la idea de tener una nueva Constitución, que se necesita fortalecer los derechos sociales, mejorar las pensiones y contar con una reforma tributaria. Por eso, afirma que “la agenda que presentó el Presidente en la cuenta pública sigue teniendo apoyo en la ciudadanía”.

Hubo críticas de parte de los expertos, parlamentarios y empresarios de que faltaron anuncios procrecimiento en la cuenta pública. ¿Por qué no hubo medidas de corto plazo?

El desafío de crecimiento económico estuvo muy presente en la cuenta pública. Sin ir más lejos, uno de los tres ejes que presentó el Presidente tiene que ver con el desarrollo sostenible, y por supuesto dentro de eso la dimensión del crecimiento es fundamental y se expresa en un conjunto de medidas que se anunciaron. Por un lado, el fortalecimiento de los subsidios laborales, que se suman a los que ya están incluidos en salario mínimo; la reestructuración a los permisos sectoriales, y además el avance específico y concreto en materia de gestión y de terminar de implementar la ventanilla única con la digitalización de los trámites; y la agencia de financiamiento de inversión para el desarrollo, que permitirá acelerar la transformación productiva. Todo esto se suma a lo que ya estaba, que es la agenda proinversión, de productividad.

Entonces, ¿por qué cree que hubo esta mirada crítica?

Del resumen que acabo de mencionar, queda claro que esas medidas sí están. Puede ser que como fue un discurso muy amplio, con diversos temas, no necesariamente pudieron ver el detalle de los anuncios.

Pero estas medidas que menciona no son de corto plazo.

Algunas son de corto plazo y otras de largo plazo. Por ejemplo, los subsidios son de corto plazo, la digitalización de los permisos sectoriales también es para el corto plazo. El aumento en el gasto en ciencia y tecnología, conocimiento e innovación, de 13%, son inversiones que ocurren en el corto plazo. El hecho de que exista un fondo de garantía para que la construcción, que es un sector que da mucho empleo, tenga acceso a los bancos a través de esta garantía estatal, también es de corto plazo. Hay hartas medidas de corto plazo y otras de largo plazo, porque tenemos que conjugar esos dos ámbitos.

El Presidente dijo que el país logró sortear la crisis económica con un manejo fiscal responsable. ¿A qué se refiere, considerando que las expectativas todavía esperan una contracción este año?

Lo que sucede es que cuando uno ve el Imacec mes a mes, o el PIB trimestre a trimestre, se observa que la economía cayó desde fines de 2021 hasta el tercer trimestre de 2022, y desde esa fecha en adelante la economía ha ido subiendo trimestre a trimestre. Por lo tanto, el ajuste que tuvo la economía ocurrió durante 2022, y ahora estamos comenzando la recuperación.

La crítica también estuvo en que hubo una mirada condescendiente respecto de que si bien la economía puede que no se contraiga, crecerá muy poco este año.

Más que condescendiente, optimista o pesimista, cuando uno ve lo que se dice en la opinión pública, en los medios de comunicación pareciera que 2023 sería el año en que ocurriría el ajuste que necesita la economía, pero cuando se miran los datos, de forma desprejuiciada, se da cuenta que eso ocurrió en 2022. Entonces, esta idea que se trató de instalar una y otra vez, de que 2023 sería el año más difícil, es algo que no se sostiene en la dinámica que está teniendo la economía. Es importante que en la discusión económica, más allá de que podamos tener opiniones distintas, algunas más optimistas y otras más pesimistas, lo que no podemos hacer es que tengamos datos distintos.

Usted es parte del núcleo duro o del ADN del Frente Amplio. ¿Cómo analiza el cambio que ha habido en las preferencias de la ciudadanía y que se reflejó primero en el rechazo a la nueva Constitución y ahora con el Partido Republicano siendo mayoría en el consejo constitucional? ¿Cómo explica la pérdida de adhesión ciudadana que ha tenido su sector político?

Como ministro de Economía no me corresponde ser un analista político, pero lo primero es constatar un hecho: los resultados de las elecciones han fortalecido una visión más conservadora de derecha y, en algunos casos, de extrema derecha. Todavía es temprano para saber si eso tiene como principal explicación temas coyunturales, como la seguridad, versus un cambio más profundo de la ciudadanía en cuanto a la valorización que se tiene de otras agendas. Tengo la impresión, y eso se ve claro en las encuestas, de que las personas siguen pensando que debe haber una nueva Constitución, que hay que fortalecer los derechos sociales, mejorar las pensiones, que las AFP no tienen que tener un rol en este sistema, una reforma tributaria. Por lo tanto, la agenda que presentó el Presidente en la cuenta pública sigue teniendo apoyo en la ciudadanía. Lo que ha pasado es que han aparecido otros temas con mucha fuerza y esos han dominado ciertas elecciones, pero no implica que haya cambiado la valorización de la ciudadanía a nuestra agenda.

¿Hubo un reacomodo de prioridades?

A pesar de que el total de delitos ha disminuido, hemos tenido un aumento de los delitos más graves como los homicidios. Eso genera una sensación de inseguridad que por supuesto el gobierno tiene que abordarla y por eso le hemos dado tanta relevancia. ¿Eso significa que tengamos que renunciar a nuestro diseño programático de esta idea de Estado de bienestar, de derechos sociales garantizados? En ningún caso, porque si hay algo que une a las preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad: las personas quieren tranquilidad, y eso requiere que no te asalten en la calle, pero también que si se enferma un familiar exista un sistema de salud que te atienda bien, o cuando llegues a ser adulto mayor no tengas pensiones de miseria. Esas dos cosas se requieren.

Este gobierno llegó con una expectativa de ser transformador, pero dada la realidad política, ¿ve riesgo de que termine siendo continuador, de administrar lo que ya hay?

Lo que siempre nos ha dicho el Presidente es que tenemos que hacer transformaciones profundas y generar amplios acuerdos políticos, y eso hemos hecho. Lo hicimos con el royalty, en el caso de 40 horas, salario mínimo. Creemos que con estos ejemplos se demuestra que, a pesar de tener una condición minoritaria en el Congreso, somos un gobierno capaz de hacer grandes transformaciones a través de esos grandes acuerdos.

Pero están pendientes las dos principales reformas: tributaria y de pensiones.

Es un desafío importante. Sabemos que los resultados de estas transformaciones no serán exactamente igual a nuestro diseño ideal, pero estamos disponibles a ceder parte. El gobierno está dispuesto a que con el afán de solucionar los problemas que tiene la población, alcanzar diseños que no son exactamente iguales a lo que nos gustaría. Ahora, la pregunta es si la oposición lo está también.

¿Cuál es el límite o hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno con tal de sacar adelante las reformas tributaria y de pensiones, sin desdibujar sus convicciones?

El límite es que se cumplan los objetivos. Un ejemplo bien concreto: necesitamos mejorar las pensiones hoy, entonces si me dicen que lo que quiere la oposición es que el 100% del extra de cotización se vaya a capitalización individual, eso no mejora las pensiones hoy. No se trata de una línea antojadiza, sino que la propuesta que están haciendo no soluciona el problema. Ahora, en reforma tributaria, si me dicen que no quieren hacer una reforma, eso no cumple el objetivo, porque tenemos que resolver un conjunto de demandas. Los límites para negociar las reformas no están dados por nuestra visión ideológica, sino que por los objetivos que se quieren cumplir. Estamos deseosos de tener una conversación con la oposición para discutir distintos instrumentos para cumplir los objetivos.

¿Eso no es dejar atrás su visión ideológica-política?

No, porque nuestra visión política es solucionar los problemas a las personas. Es solucionar las pensiones de miseria que hoy día tienen las personas, es traer recursos de las personas de más altos ingresos para poder asegurar derechos sociales. Nuestra visión política es que los fallos judiciales se tienen que cumplir, porque alguien que cobra algo indebido lo tiene que devolver.

En el discurso el Presidente sumó gastos a los recursos de la reforma tributaria, entre ellos el CAE y la deuda histórica de los profesores. ¿Está bien agregarle más demandas a esa recaudación?

Está bien y se llama responsabilidad fiscal.

Se anunció un proyecto para fortalecer el Sernac. ¿Por qué ve la necesidad de aumentar las facultades del Sernac, considerando que ya hubo un cambio en ese sentido?

Este proyecto tiene dos dimensiones. La primera es un fortalecimiento institucional, que en simple significa que el Sernac tenga capacidades para sancionar, que es algo que consideraba la reforma de Bachelet, que logró avanzar, pero que después rechazó el Tribunal Constitucional (TC). Lo que hicimos fue hacernos cargo de ese fallo y generar un proyecto que logra desarrollar esta capacidad sancionatoria sin incurrir en potenciales problemas que planteó el TC en su momento.

¿Cómo será en la práctica?

Lo primero que debemos decir es que el hecho de que le Sernac no tenga capacidad sancionatoria es un problema. El Sernac tiene cientos de miles de reclamos. En muchos de esos reclamos el Sernac se comunica con la empresa que está originando ese reclamo y le plantea una solución para hacerle cargo del problema, pero eso es voluntario y si la empresa no quiere hacerse cargo, el Sernac lo único que puede decirle a la persona es que vaya a un juzgado a hacer la denuncia. Ahora, con este proyecto, podrá sancionar denuncias individuales.

¿En qué casos se sancionará?

En casos simples e individuales podrá sancionar. Los tipos de sanciones serán devolución de dinero, prohibir que una empresa en particular siga incurriendo en una conducta que es ilegal, ese tipo de cosas, que son la gran mayoría de reclamos. Como son sanciones, la ley permitirá que haya otras instancias para que la empresa sancionada pueda tener la posibilidad de reclamo. Las materias más complejas, que involucran demanda colectiva, en esos casos el Sernac será demandante y no juez. El desafío es cómo separar bien estas dos áreas, pero este proyecto lo resuelve bien.

La segunda parte del proyecto, ¿en qué consiste?

Tiene que ver con abusos de distinta índole que existen, que son legales y que afectan de manera cotidiana a los consumidores. Son más de 10 cambios bien concretos. Por ejemplo, cobranzas abusivas. En la actualidad hay cobranzas extrajudiciales que están permitidas por ley, donde las empresas siempre se ponen en el tope y que no tienen relación con el costo real que está teniendo esta empresa para ese proceso. Eso se regulará mejor. Se limitarán las cláusulas de aceleración, limitando los casos para que se ejecuten de manera rápida. En la actualidad, sigue siendo cierto que uno no puede salirse de un contrato exactamente de la misma forma en que se contrató. Eso tiene que quedar claro en la ley.

Otro de los anuncios es el envío de un proyecto para agilizar los permisos sectoriales para impulsar la inversión. ¿En qué consiste esta iniciativa?

Son más de 300 permisos los que actualmente hay después de la aprobación medioambiental. Son permisos que no están organizados entre sí. Más del 60% de ellos no tiene especificado un tiempo máximo, y además los tiempos no se cumplen. No existe una agencia del Estado que esté a cargo de esos cumplimientos y no existe una buena relación entre los riesgos asociados a los proyectos y la cantidad de permisos que se tienen. Todo eso se abordará en una reforma estructural, que organice los permisos, que en el caso de los proyectos que involucre riesgos menores se le pidan una cantidad menor de permisos, y que eso a su vez libere capacidades para que proyectos más complejos se puedan resolver con mayor celeridad.

¿Cómo funcionará en la práctica esta reestructuración?

Vamos a tener tres niveles distintos que estarán determinados por los riesgos que tenga cada proyecto, y el permiso irá por alguno de estos tres niveles. En un primer nivel el titular del proyecto tendrá que entregar una declaración en ambas partes, no habrá permiso, sino que el mismo privado tendrá que declarar que cumple lo que se busca salvaguardar en esos permisos. El segundo nivel es uno donde al comienzo se pedirá el permiso, pero en la recepción de la obra sólo se pedirá una declaración. Ahora, el tercer nivel es lo que tenemos hoy, permisos en los dos momentos. Cuando se cambia un permiso por una declaración, los privados tienen una responsabilidad mayor, de entregar efectivamente una declaración verídica, y el proyecto de ley considerará también sanciones en caso de que esa declaración sea falsa. Estamos avanzando en menos burocracia, pero eso implica también una mayor responsabilidad de los privados.

¿Qué impacto debiera tener esto en la inversión privada?

Lo primero es que vamos a avanzar de forma importante en dar más celeridad y certeza en lo que se llama la permisología y eso genera un ambiente más favorable para la inversión. Lo segundo es que muchos de los proyectos que hoy están ingresando a la primera etapa, que es la de evaluación ambiental, perfectamente pueden terminar ese proceso cuando este sistema pueda estar ya funcionando. Y lo tercero, todo el proceso de digitalización, de ventanilla única. Todo eso tendrá impacto en la inversión.