Un aumento de al menos US$238 millones en el presupuesto de los 18 parques nacionales de la Patagonia es lo mínimo que se requiere para que éstos puedan tener una adecuada preservación y gestión, indica un informe del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral, que calculó las diferencias en la asignación de recursos a estas áreas protegidas.

El informe analiza los planes de gestión, personal y presupuesto de 18 espacios ubicados desde Los Lagos al extremo sur del país, con el objetivo de poder definir el mínimo de recursos necesarios para que estas áreas protegidas puedan cumplir con su objetivo de conservación de la biodiversidad y desarrollo de las comunidades aledañas.

“Para los 18 parques nacionales en conjunto, el total del gasto proyectado a 15 años en el escenario actual asciende a US$76 millones. Mientras que, bajo un escenario ideal el gasto proyectado a 15 años equivale a US$314 millones, lo que en promedio es de US$20 millones al año. Así la brecha presupuestaria proyectada asciende a US$238 millones”, es una de las conclusiones del documento.

Desde 1971, la protección y conservación ambiental está en manos del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que maneja la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Tiene a su cargo 18.620.139,08 hectáreas, divididas en 42 parques nacionales, 46 reservas nacionales y 18 monumentos naturales.

Y eso cuesta plata. Tener un plan de manejo actualizado con infraestructura adecuada, un cuerpo de guardaparques bien equipado, tecnología para el monitoreo permanente de especies y una gobernanza que involucre a las comunidades supone un esfuerzo fiscal robusto. “Situación que, en la práctica, está lejos de ser la óptima ya que, pese a los esfuerzos del Estado chileno, el erario nacional no ha sido suficiente frente a los innumerables desafíos y requerimientos que supone la administración de las áreas protegidas”, sostiene el informe.

Según el Programa Austral Patagonia de la UACh, Chile está entre los 10 países que menos invierte en la gestión de su biodiversidad, y entre los 14 que menos guardaparques tienen por hectárea protegida a nivel mundial, además de poseer 21 áreas silvestres protegidas sin infraestructura ni personal asignado. “Para que éstas cumplan con su objetivo, es decir, la conservación de la biodiversidad y desarrollo de las comunidades aledañas, deben cumplir con estándares de sostenibilidad que abarcan el factor social, ambiental y/o económico de un área protegida”, añade el investigador César Guala.

Desde abril de este año, Chile forma parte del sistema Lista Verde, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que propone un estándar internacional de gestión de áreas protegidas que el estado chileno -a través de CONAF- se ha propuesto utilizar como parámetro para evaluar y mejorar el estado de gestión de sus áreas protegidas. Para ello, sin embargo, se requiere de mayor financiamiento.

En todas estas extensiones de territorio donde las especies pueden relacionarse libremente con la menor intervención humana posible, la realidad financiera es muy diferente.

Solo en las regiones del sur, que analiza el informe, hay algunas áreas que se llevan la mayor parte del presupuesto nacional como los parques nacionales Pumalín, Patagonia y Torres del Paine que ya tienen personal e infraestructura, mientras que, en otros, como Isla Guamblin en Aysén o Pali Aike en Magallanes donde no hay casi nada porque soy muy nuevos o sencillamente la plata no alcanza. Y el temor es que los parques que actualmente están rezagados, por falta de inversión, seguirán en esa situación de no existir una inyección de recursos que potencie su desarrollo.

La definición de los recursos mínimos suficientes para que estas áreas puedan operar se estableció a través de un trabajo conjunto entre administradores de Parques Nacionales, Directivos de Conaf y de Áreas Silvestres Protegidas. “Un mínimo suficiente en este caso se define como un estándar de los bienes y recursos que son necesarios para cumplir labores de conservación y de uso público por visitación a los Parques, que garanticen los derechos de los guardaparques (seguridad y salud laboral, protección legal, derechos humanos, acceso a recursos) y de los visitantes (acceso, seguridad personal, información, servicios básicos)”, explica el economista de la UACH, Juan Carlos Miranda, coordinador del estudio.

Por eso el Congreso se convertirá, en las próximas semanas, en el escenario donde se buscará aumentar los recursos. “En el marco del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas esperamos que el gobierno pueda dar una señal clara de colocar recursos considerables para estas áreas protegidas y combatir el cambio climático. Este será su primer presupuesto con esta nueva institucionalidad (SBAP) y creo que son contundentes las evidencias que nuestros ecosistemas necesitan ser protegidos y eso se hace con recursos”, adelantó a Pulso el senador Ricardo Lagos Weber de cara a la discusión presupuestaria 2024.

En los últimos años, los recursos estatales han priorizado el combate de los incendios forestales por lo que el parlamentario añade que buscará conseguir un compromiso del Estado para ir incrementando los presupuestos para la protección.

“El camino hacia la autosustentación financiera de los Parques Nacionales requiere la colaboración entre diversas partes interesadas, incluyendo el gobierno, el sector privado, las comunidades locales y las organizaciones de conservación. Para que se encaminen hacia la autosustentabilidad financiera, los parques nacionales deben disponer de todos los elementos esenciales”, sostiene Miranda.

Asegura que ello implica equipamiento e instalaciones turísticas como lodges ecológicos, áreas de acampada sostenibles y centros de interpretación ambiental, que atraigan a visitantes conscientes del entorno, generando así ingresos.

“El sector privado puede aportar recursos y experiencia valiosos, pero la conservación a largo plazo y el desarrollo sostenible deben seguir siendo prioridades estatales. Así, el sector privado puede desempeñar un papel importante en el desarrollo sostenible de las áreas protegidas en la Patagonia chilena, aportando recursos financieros, experiencia en gestión y tecnología”, añade.