Presidente de la Asociación de Bancos por pago compartido de seguros: “No existe en la historia del mundo”

En alerta está la industria financiera por una indicación que se aprobó la semana pasada en la sala de la Cámara de Diputados, que señala que el costo de los seguros asociados a operaciones de crédito debe ser asumido de manera equitativa entre la entidad financiera y el consumidor, cuestión que hasta ahora es pagada íntegramente por los deudores que contratan el seguro. La indicación fue presentada por el diputado Giorgio Jackson (RD) y anteriormente ya había sido rechazada en la Comisión de Hacienda. “Estamos yendo a un tercer trámite, lo que me parece que es muy delicado”, dice el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, quien tiene una crítica visión respecto a esa iniciativa.

Mena comenta que esto puede terminar en que millones de personas dejen de tener seguros. También advierte que generaría alza en las tasas de los créditos, y que varias personas podrían quedar desbancarizadas. “La lógica de decir ‘compartamos la prima’, no existe en la historia del mundo. Es como pedirle a un médico que comparta los gastos de la clínica cuando alguien se va a operar”, afirma. Detalla que al ver el promedio móvil de un año hacia atrás, ha habido más de 300.000 seguros que han sido utilizados por un siniestro, y “el que ha tenido mayor efecto ha sido el de desempleo, ya que del orden del 60% fueron de cesantía. Estamos hablando, en un año móvil, de unos US$400 millones en siniestros que han recibido las personas. Entonces, tienen un uso bastante importante, no es una situación que esté siendo utilizada esporádicamente”.

¿Qué le pareció lo que se aprobó?

-Creemos que este tipo de iniciativas va en el sentido contrario de lo que es la posibilidad de ir avanzando a productos mejores para las personas y acercarnos un poco más a un mundo más moderno. A nivel mundial, se entiende que hay cuatro líneas de productos que se trabajan internacionalmente en la banca moderna. Una, es toda la alternativa de inversión; en segundo lugar, las alternativas de crédito; la tercera, son las diferentes formas de medios de pago, y la cuarta, son los seguros. Así, el planteamiento que hemos conocido tiene un error conceptual grave, porque el beneficiario siempre en los contratos de seguros es la persona, ya sea natural o jurídica, y no la entidad que lo comercializa (...) El seguro es un mitigante de riesgo, que permite que el producto incluso sea más barato, de lo contrario, el riesgo de alguna forma hay que incorporarlo en la tasa. Es decir, el seguro siempre, internacionalmente, durante ya centenares de años, cuando los seguros parten en Europa, son entendidos como un beneficio para las personas jurídicas o naturales. La argumentación que hemos leído hace otra afirmación, que creo que es un error conceptual grave, y ahí se genera toda la dificultad.

¿Qué efecto podría generar esta indicación?

-Esta iniciativa tiene dos grandes efectos. Primero, que genera una incertidumbre respecto a la viabilidad de los seguros masivos. Al pedir que las primas sean pagadas en partes iguales por el beneficiario del seguro y la entidad que lo comercializa; situación inédita en el mundo, porque esto no existe y no ha existido nunca en la historia; lo que se genera, en primer término, es que obliga a un análisis detallado de los costos que están detrás, y el primer análisis que se tiene es que esto hace inviable el seguro masivo. Hace inviable que estos millones de pólizas que hoy existen puedan mantenerse. Dentro de ese punto, está el efecto de desbancarización en magnitudes como no habían sucedido en años recientes. ¿Por qué? Recordar que cuando se bajó la Tasa Máxima Convencional (TMC), se habló, y se demostró posteriormente, que salieron del mercado 300.000 RUT, que en el ámbito de crédito se fueron a la informalidad.

¿Y cómo se compara eso con esta indicación?

-Aquí estamos hablando de millones de pólizas, por ejemplo, los asegurados en cesantía son casi 5 millones. Nuestra impresión es que esta propuesta debe ser analizada mucho más en detalle, y se debe tener conciencia del impacto, que en este caso genera una desbancarización, la mayor, para mi gusto, porque no estamos hablando de centenares de miles, estamos hablando de millones de personas que hoy cuentan con un seguro, que es un beneficio razonable asociado al mundo moderno, y en este caso, existiría la imposibilidad económica de poder mantenerlo.

¿Pero no se puede hacer una compensación aumentando la tasa para permitir que existan seguros?

-El aumento de costo se estima que es del orden de 50 puntos básicos para hipotecarios, y se estima que el costo en el caso de un crédito de consumo puede llegar al orden de unos 200 puntos base. Cuando digo eso, son 200 puntos anuales, es decir, si estaba en el 3% anual, con 200 puntos adicionales sería de 5%. Si alguien piensa que esto se resuelve aumentando la tasa del producto de consumo, eso no es válido, porque tenemos una TMC. Por lo tanto, no es posible compensar vía tasa del producto básico principal; eso lleva a que haya un segmento muy importante, que no solo es el de más bajos ingresos, sino que incluso segmentos más medios, que quedan imposibilitados de tener seguros, y eso hace que quedemos con una situación de desbancarización.

¿Tienen estimado cuánta gente quedaría desbancarizada, serían más que lo ocurrido con la baja de la TMC?

-Esto es más, estos son millones. Son situaciones distintas, porque en el caso de la TMC estamos hablando de créditos, y en este caso estamos hablando de seguros. Solo en los seguros asociados a cesantía son casi 5 millones. Aquí hay dos grandes ámbitos: seguros no asociados a créditos, (sino que están asociados a medios de pago, por ejemplo), en la cual la redacción es tan ambigua e incorrecta, que en nuestra mirada, hace inviables los seguros no asociados a créditos, porque dice que igual hay que compartir la primera entre deudor y acreedor, y en esos casos no hay ni deudor ni acreedor, y, sin embargo, se mantiene la misma redacción. Solo en ese espacio estamos hablando de millones. Y por el lado de créditos, hay un espacio gigantesco, que en el caso de esos 200 puntos base que menciono, de mayor costo en créditos de corto plazo y de 50 puntos básicos en el caso de hipotecarios, hace que estemos hablando de magnitudes mucho mayores que las 300.000 (personas desbancarizadas por la TMC) que fueron años atrás solo en consumo. No tenemos una estimación tan fina, pero ciertamente que esto puede superar con creces y muy posiblemente también estemos hablando de millones.

Pero esas son las personas que dejarían de tener seguros, no créditos.

-Sí. Aquí queda un problema, porque ¿cómo doy un crédito de consumo sin tener un seguro? Entonces, tenemos una incerteza de qué va a suceder en este caso, tenemos que analizarlo más.

Pero con esa alza de costo de 200 puntos base en un crédito de consumo, imagino que se desbancariza más gente que las 300.000 personas que hubo tras la baja en la TMC.

-El 30% o 40% del mercado, fácilmente. Esto hay que trabajarlo más, porque esta situación ocurrió hace una semana, pero es parte del análisis que llamamos a que se efectúe con más detalle (...) Si hay algún problema, que dicen que hay poca competencia; bueno, trabajemos por más competencia. Esto no lo hace, no genera más competencia, esto destruye un producto.

¿Qué pasa con las pólizas que hoy están vigentes?

-Esto genera dos palabras que son muy complejas. Hay un problema de nulidad absoluta en los contratos de seguros vigentes, y se genera adicionalmente una incerteza muy grande respecto a que los contratos actuales sean nulos.

¿A qué se refiere?

-Cuando se habla de incerteza jurídica, se dice mira los seguros contratados serán absolutamente nulos y el asegurador estará obligado a restituir las primas percibidas, pudiendo retener el importe de sus gastos si es que ha actuado de buena fe. Dado nuestro ordenamiento jurídico, las leyes debieran tener una vigencia de aquí para adelante y no un efecto retroactivo. Sin embargo, la redacción que hay hasta hoy es ambigua, y podría dar lugar a una aplicación retroactiva, afectando a los contratos actualmente vigentes, eso tiene que estar claro en la ley, y hoy no lo está. ¿Y qué sucede con los 1,2 millones de clientes hipotecarios que podrían quedar sin seguro de desgravamen e incendio? La ley tiene que aclararlo en ese sentido.