Propuesta de Briones para empleo incluye seguir con la suspensión de contrato, pero elevar el pago a través del Seguro de Cesantía

La propuesta de 10 páginas que el ministro presentó a los parlamentarios contiene varias medidas respecto del empleo, unas para la emergencia de estos meses, y otras para el período de recuperación.

Bajo el prisma de que el episodio de crisis será más largo, se planteó seguir con el programa de Protección del empleo que permite la suspensión temporal de los contratos de trabajo, pero modificando a proporción del sueldo que se percibirá a través del Seguro de Cesantía.

Se sugiere una tasa de reemplazo de 50% por los próximos tres meses, para aquellos que cuenten con contrato indefinido y de 40% para los a plazo fijo. Cabe recordar que esos niveles bajaban a 30%. En igual ponderación se mejorarían las tasas de reemplazo para aquellos que ya están cesantes.

Además se incorporan subsidios adicionales para aquellos que trabajan media jornada para suplementar ingresos; y a los independientes con boleta se les permitirá la inclusión en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Luego, pensando en la reactivación el ministro propuso un Fondo de subsidio al empleo, en forma mensual equivalente a medio salario mínimo por 12 meses. “A modo de ejemplo, y solo para dar un orden de magnitud referencial, si en un determinado mes hubiera 1 millón de trabajadores acogidos al subsidio, esto generaría un costo fiscal de US$ 200 millones mensuales” señala el documento.

Y formula un crédito tributario para las empresas que contraten personas, y que el 50% del costo salarial de cada nuevo trabajador pueda ser descontado como gasto por la empresa, y que un 23% del valor de la remuneración anual del nuevo contratado sirva como crédito tributario.

Este crédito se podría utilizar en la Operación renta 2021, en otras liquidaciones futuras, incluso rebajar de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), para inyectar liquidez.

Adicionalmente se propone una legislación de adaptabilidad horaria y de funciones, y una ley de teletrabajo para el sector público.