Proyecto de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal pasa al Senado y Boric propondrá que se incluyan nuevas exenciones tributarias

Con críticas al financiamiento y con alusiones directas para que el gobierno busque nuevas fórmulas para allegar recursos, la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto de exenciones tributarias que busca aportar 0,35 puntos del PIB -unos US$1.000 millones de los US$3.000 millones que cuesta el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)- y lo despachó al Senado, donde se comenzaría a ver este martes o el miércoles.

Así, por unanimidad de los presentes, 130 votos a favor, la iniciativa se aprobó en general y en particular. Pero esta aprobación no fue fácil y el camino que queda para su despacho total del Congreso se anticipa complejo.

Este proyecto incluyó la indicación que propone un impuesto a los llamados “súper ricos”. Se trata de una que introduce un impuesto al patrimonio con tasas diferenciadas según monto del patrimonio. Entre US$5 millones y US$22 millones se pagará una tasa de 1,5%, mientras que el patrimonio por sobre US$22 millones pagará una tasa de 2,5%. Hacienda de inmediato alertó que era una propuesta inconstitucional. El resto de la iniciativa pasó tal cual como estaba.

Si bien en un principio, el oficialismo había pedido votar por separado este artículo, posteriormente se decidió que se votara todo junto y así acelerar la tramitación.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, realizó reserva de constitucionalidad. El trámite sigue ahora en el Senado. Y al término de la sesión, el titular de las finanzas públicas reiteró que se “seguirá dialogando” para buscar un acuerdo.

“El proyecto avanzó con la unanimidad de la sala y eso quiere decir que tenemos un muy buen proyecto. Hay discusiones políticas como siempre, pero los hechos hablan por sí solo. Quedan cosas por ponernos de acuerdo y espero que todos, como clase política, demos soluciones a los chilenos”, dijo Cerda.

Con respecto a la reserva de constitucionalidad, el ministro explicó que se hizo “porque es una materia a de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y nos preocupa por que ese tributo no recauda lo que se piensa”.

Si bien la reserva de constitucionalidad podría retrasar la aprobación de este proyecto, no así el de la Pensión Garantizada Universal, ya que, al tramitarse por separado, se descarta cualquier idea de fusionar ambas iniciativas. “No vemos elementos para no pagar en febrero. Los recursos para este año están provisionales en el Presupuesto 2022. Aún queda debate parlamentario, lo importante es que esta política se puede despachar en enero para pagar en febrero”, enfatizó Cerda.

Su par de la Secretaria General de la Presidencia, Juan José Ossa, aseveró que “nosotros antes de entrar en esa línea (al TC) vamos a esperar y vamos a ver cómo se avanza en el Senado”. Esto porque para el secretario de Estado, el gobierno tiene “la confianza en que no sólo el Senado va a considerar que se trata de un asunto inconstitucional, sino que los senadores van a tener la visión relativa a esta reflexión que yo hago. Cuando sean gobierno no les va a ser fácil haber tenido este comportamiento previo”.

¿A qué se refiere Ossa? “la forma en que la oposición, la actual oposición, presentó una indicación que es inconstitucional y que saben que es inconstitucional, les va a pesar por los próximos cuatro años cuando sea gobierno. No podrán decir, no podrán mirarnos a la cara señalando que tienen la iniciativa exclusiva. Y quiero decir que fue el propio conglomerado del presidente electo, los diputados de Apruebo Dignidad, quienes promovieron esa indicación. Yo creo que se está teniendo pan para hoy y hambre para mañana, así que los invito a ojalá modificar ese comportamiento”.

Durante la sesión, los parlamentarios argumentaron en su mayoría en la necesidad de contar con nuevos recursos, no obstante, todos se alinearon con la idea del acelerar la tramitación y por ello, ahora la negociación se trasladará al Senado. Ahí se espera que el gobierno entregue alguna nueva propuesta de financiamiento.

El diputado DC, Matías Walker sostuvo que “hay mayor espacio para el fin de exenciones en el mayor valor de acciones y de Fondos de Inversión Privado”. Asimismo, dijo que el IVA a la construcción no debe aplicarse a viviendas sociales”. Y valoró que se pueda aplicar el impuesto al patrimonio, pero este debe ser por única vez y de iniciativa del ejecutivo.

Mientras que Manuel Monsalve (PS) añadió que “de los US$3 mil millones que cuesta, la propuesta solo financia US$1.000 millones, por ello, se requieren recursos adicionales. Nosotros como oposición estamos entregando una solución al gobierno hemos aprobado, un impuesto a los súper ricos y hemos planteado la alternativa de revisar una mayor cantidad de exenciones tributarias”.

A su turno, Tucapel Jiménez (PPD) comentó que “lo que no puede ocurrir es que se rechace este proyecto, porque no se puede jugar con las pensiones de la gente. Tenemos un deber ético de aprobar y la responsabilidad de buscar financiamiento en 100% tiene que ser del gobierno”.

Luego de ir al Tricel, donde se oficializó al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, como el próximo Mandatario del país durante los siguientes cuatro años -2022-2026- y suceder el 11 de marzo al actual Jefe de Estado, Sebastián Piñera, se refirió a la tramitación del proyecto: “Nosotros no tenemos ningún interés en disputar quién firma la reforma. Los plazos de la misma no están adjudicados a quién firma, sino que sea una reforma seria, responsable y sostenible en el futuro”, dijo Boric.

En ese sentido, dijo que se presentará al gobierno “un pool de alternativa distintas para asegurar el financiamiento en función de economistas expertos en el área, que no necesariamente son de nuestro sector. (...) Estamos porque esto salga lo más rápido posible en la medida en que haya garantías de que está financiado”, aseveró el próximo Mandatario.

En ese sentido, el Presidente electo dijo que “nosotros presentaremos distintas alternativas para aquello. El gobierno tendrá en sus manos cuál es la alternativa que toma. No tenemos en disputa quién pone la firma, mientras antes salga mejor, pero bien financiado, y esa es la posición que vamos a tener”, concluyó al respecto.

¿De qué propuestas se trata? De acuerdo a fuentes del comando, la idea apunta a entregar una serie de exenciones tributarias que están incorporadas en el programa de gobierno y tratar que el Ejecutivo las considere. Entre ellas eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP), Renta Presunta, limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2, entre otros, además de aplicar una sobretasa al impuesto territorial.

Se espera ahora que los parlamentarios del Frente Amplio negocien con el gobierno para que se puedan incluir algunas de las propuestas que le presentarán.

La propuesta, despachada a segundo trámite incluye todo lo aprobado en la Comisión de Hacienda: Esto es una tasa de impuesto único a las ganancias de capital de 10%, reduce por dos años el crédito especial a las empresas constructoras en el IVA y, luego, lo elimina. Además, termina con beneficios tributarios del DFL 2 a partir de la tercera vivienda para quienes hayan adquirido propiedades antes de 2011 y grava con impuesto a la herencia los seguros de vida y crea un impuesto especial al patrimonio afecto a las personas más ricas del país. Lo que quedó fuera fue la aplicación de IVA a los servicios.