Proyecto que reforma sistema de compras públicas es aprobada en el Senado y pasa a tercer trámite

El Senado aprobó por unanimidad la modernización de la Ley N°19.886 y otras, a fin de mejorar la calidad del gasto público y aumentar los estándares de probidad y transparencia. Esta aprobación también incluyó el proyecto de ley de Compras Públicas, el cual busca introducir principios de economía circular en las compras del Estado. La iniciativa pasó a su tercer trámite constitucional.

Los objetivos de la nueva ley es modernizar el mecanismo que se ha usado por 20 años. Introducirá modificaciones a los procedimientos de compras, mejoras al Tribunal de Contratación Pública, nuevas facultades para la Dirección de Compras y Contratación Pública, mejor planificación anual de las compras públicas y la promoción de las Empresas de Menor Tamaño y proveedores locales.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó el trabajo de los senadores de la Comisión de Economía y su acogimiento al informe de la Fiscalía Nacional Económica y la intervención del contralor General de la República, que permitieron solucionar problemas de competencia en algunos de los mecanismos de compras públicas.

“Ahora tenemos todo un capítulo que fortalece las normas de probidad y transparencia y se establece que la licitación es la regla principal como mecanismo de compra. También se incorporan nuevos mecanismos de compra, se perfeccionan los convenios marco y se establece el deber de ChileCompra de elaborar un reporte público semestral con información respecto de las compras a las Empresas de Menor Tamaño y proveedores locales”, señaló Berner.

La nueva ley aplicará también a organismos constitucionalmente autónomos, como el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y otros. Incorpora también a todo tipo de asociaciones en la que participe un organismo de la Administración del Estado o que reciban más de 1.500 UTM (alrededor de $95 millones) en aportes públicos. Las organizaciones que el decreto no mencione podrán adherirse voluntariamente, sin perjuicio de que se le aplicará el capítulo VII sobre probidad y transparencia.

Heidi Berner también agregó que, al ampliarse la cobertura del sistema a las corporaciones municipales y otras entidades que reciben recursos públicos, existirá un aumento del 35% y el 20% en organismos compradores y proveedores, respectivamente.

“Este es un proyecto pro Empresas de Menor Tamaño porque la Compra Ágil pasa a ser un mecanismo a ser usado exclusivamente por ellas y se amplían los montos de 30 UTM a 100 UTM, lo que se traducirá en unos US $300 millones al año”, enfatizó la subsecretaria.

Las normas de probidad y transparencia comenzarán a regir cuando sea publicada la ley, mientras que el resto de las disposiciones entrarán en vigor un año después. Serán la excepción las normas relativas a economía circular y los nuevos mecanismos de compra (subasta inversa electrónica, diálogos competitivos y contratos para la innovación), que partirán 18 meses después de publicado el cuerpo legal.