La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abrió la sesión de la Comisión de Trabajo del Senado este miércoles presentando un protocolo de tramitación de la reforma previsional a los senadores que componen dicha instancia, el cual, entre otras cosas, establece que el proyecto se despachará del Senado en enero de 2025.

En Chile Vamos se mostraron de acuerdo con el referido protocolo de tramitación. El senador Rodrigo Galilea (RN) fue el primero en responder. “Estoy de acuerdo con el texto”, dijo. Y señaló que la idea es que el trabajo en torno a la reforma previsional finalice este año en la Comisión de Trabajo. “Estoy de acuerdo con este protocolo de tramitación”, concluyó.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que “si uno tiene claros los principios, y comparte los objetivos, es mucho más fácil resolver las cosas después en términos de la legislación”.

La ministra Jara agradeció la disposición de los senadores para poder “concordar una metodología con un plazo acotado” y puntualizó que “se abre en este momento la fase más, diría yo, intensa para esta Comisión y para el Ejecutivo, que es avanzar en estas indicaciones”. Así, propuso enviar un calendario a los senadores con posibles temas a tratar en función de las indicaciones, apra que desde el próximo miércoles la Comisión pueda empezar a avanzar para poder cumplir con el plazo autoimpuesto.

Sobre la metodología y plazos, el referido protocolo sostiene que “la Sala del H. Senado autorizará que la Comisión de Trabajo y Previsión Social discuta el proyecto en general y particular a la vez. Sobre esa base, el proyecto seguirá su tramitación en la referida Comisión en la forma de votaciones ad-referéndum, las que desembocarán en un texto completo y consistente, el que será sometido a votación en general y particular al final del proceso”.

En ese sentido, agrega que “el proyecto deberá quedar despachado a sala antes del término del presente año, concluyéndose el segundo trámite constitucional a más tardar en el mes de enero 2025. Las votaciones ad-referéndum irán incorporando indicaciones que serán analizadas por una instancia técnica, conformada por representantes de los senadores y senadoras de la Comisión, así como del Ejecutivo. En dicha instancia se buscarán los acuerdos más amplios posibles, sin perjuicio de que aquellos que no logren alcanzarlos se resuelvan por votación”.

Uno de los subtítulos que trae el protocolo, es sobre los “temas prioritarios a tratar en la tramitación”. Allí se establece que la reforma de pensiones deberá, en primer lugar, “desarrollar mecanismos que permitan elevar el ahorro para pensiones, que involucren la tasa de cotización, la disminución de la informalidad previsional e incentivos a prolongar la vida activa. Es muy importante que la reforma no contenga elementos que desincentiven las cotizaciones”.

En segundo lugar, sostiene que deberá “establecer parámetros objetivos y claros para la determinación de la PGU, de tal forma de evitar el populismo con este pilar clave del sistema de seguridad social y de importante implicancia fiscal”.

En tercer lugar, asegura que tendrá que “modificar elementos de la organización industrial del mercado de fondos de pensiones para incrementar la competencia en precios y rentabilidades, la que ha demostrado ser actualmente insuficiente debido a la inercia de la demanda. Estas modificaciones deben evitar tener impactos negativos en la rentabilidad de los fondos”.

Como cuarto punto, dice que se deberán “perfeccionar aspectos de la gestión de fondos con el objetivo de elevar el retorno de los mismos”. En quinto lugar, habla de “incrementar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos a pensionarse, que aún tengan bajas tasas de reemplazo, a través de un seguro social. Este beneficio, según el diagnóstico ampliamente compartido, será transitorio y debe estar focalizado en mujeres y en personas de alta densidad de cotizaciones”.

En sexto lugar, menciona que “durante el período de vigencia del seguro social señalado precedente, se deberá generar un fondo para sostener el pago de dicho beneficio, cuya inversión será licitada a privados”.

En séptimo lugar, “se establecerá un mecanismo permanente que permita a hombres y mujeres, que tengan igual condiciones de jubilación (edad y ahorro), obtener la misma pensión”. Como octavo punto, “se deberá velar por el reconocimiento de los aportes que hagan los cotizantes o sus empleadores a su nombre”.

Como noveno punto se establece el “fortalecimiento de la institucionalidad previsional, tanto en la determinación de los parámetros del sistema como en velar por la sostenibilidad de los beneficios en el tiempo”.