Más allá de las campañas publicitarias que la Asociación de AFP ha promocionado en distintos medios de comunicación en el último tiempo, los ejecutivos de las AFP y el gremio han mantenido silencio durante gran parte de la tramitación de la reforma previsional, saliendo públicamente a emitir comentarios solo ocasionalmente. Sin embargo, no han dejado de hacer análisis internos respecto de las distintas propuestas que ha habido durante la discusión del proyecto.

Sin ir más lejos, la Asociación de AFP realizó una minuta de “uso interno”, según señala el “documento de trabajo” de ocho páginas al que tuvo acceso Pulso, y que está fechado como de este mes de enero. Allí hacen un análisis respecto del segundo informe que dio a conocer el mes pasado la Comisión Técnica de Pensiones que se formó al alero de la Comisión de Trabajo del Senado. Particularmente, el gremio se refiere y critica la cotización adicional que se destina a financiar beneficios solidarios, así como la licitación del stock de afiliados.

“Si bien la Comisión Técnica (CT) intenta hacerse cargo de algunas críticas al proyecto de ley (PdL), las soluciones propuestas no mitigan los riesgos”, concluye el documento. Allí argumentan que esto ocurre porque, primero, “el no destinar la totalidad del 6% al ahorro del trabajador perjudica las pensiones futuras”. Segundo, porque “los esquemas de financiamiento de los beneficios siguen conteniendo características y riesgos del reparto, aunque se intente perfeccionar el mecanismo del préstamo”.

Y tercero, menciona que respecto de “la licitación de afiliados antiguos, si bien la CT intenta proponer una forma más moderada, no logra mitigar el impacto negativo en inversiones, rentabilidades y pensiones, ni potenciales impactos en el desarrollo financiero local y, por tanto, en el bienestar de las personas. Es importante enfocarse en reformas que efectivamente aumenten las pensiones, y que no se promuevan medidas que, por el contrario, las perjudicarían significativamente”.

El documento del gremio habla del “costo de oportunidad de los 6 puntos a cuentas individuales”. Esto, porque argumenta que “el informe, y diversos análisis en torno al PdL, analizan los beneficios de la reforma respecto de la situación actual, sin embargo, lo que se debiera considerar como contrafactual es el escenario en que los 6 puntos adicionales se destinen íntegramente a las cuentas individuales. Esta omisión es particularmente relevante considerando que la distribución propuesta por la CT afecta principalmente a los trabajadores de mediana y corta edad, quienes deberían, según el esquema propuesto, financiar los beneficios del Fondo del Seguro Social (FSS) sin ser beneficiarios de este”.

Al respecto, añaden que “si la totalidad del 6% se destinara a cuentas individuales, las pensiones podrían incrementarse alrededor de un 55%, lo que podría ser equivalente a un incremento en la pensión de hasta $300 mil, bastante superior a lo propuesto por los beneficios del PdL (más del doble)”.

El documento también asegura que las “futuras (no tan lejanas) generaciones de pensionados serían perjudicadas”. En este punto se refiere a la garantía de 0,1 UF por año cotizado, y afirma que “las generaciones posteriores al período de transición financiarían beneficios que nunca recibirían. Personas de aproximadamente 45 años resultarían particularmente afectadas: destinarían parte de su cotización al préstamo mientras recibirían beneficios reducidos debido a la disminución gradual después del año 20″.

Además, sostiene que “la tasa de retorno del préstamo (2,5% según el informe) sería inferior a la rentabilidad de la cuenta individual (o incluso inferior a la de un instrumento con el mismo riesgo)”. Y que “la propuesta 1 (de la mesa técnica) excluye a cotizantes con menor tiempo de aporte (hombres <20 años, mujeres <15 años), aunque contribuyan a su financiamiento”, entre otras cosas.

Por otro lado, el documento asegura que “existirían alternativas para mejorar las pensiones de los actuales jubilados que costarían al Fisco lo mismo que lo que propone el PdL”. Sobre ello, sostiene que se debería buscar que gran parte o todos los pensionados logren una tasa de reemplazo cercana al 70%. “Con la PGU, esto estaría resuelto para la mitad de la población, al menos. Si se quisiera al 2025 elevar la pensión para los grupos cuya tasa de reemplazo es inferior al 70%, se necesitaría en torno a 0,4% del PIB. Con este monto anual se podrían elevar las pensiones en cerca de $80 mil a 1 millón de jubilados actuales. Recordemos que, según distintas estimaciones, se necesitaría entre un 0,3% a 0,5% del PIB para resolver la insostenibilidad del FSS, por lo que estos fondos ya están siendo contemplados por el PdL”.

El documento del gremio también aborda el préstamo de los afiliados que mediante cotizaciones financiará la garantía. “La solidaridad siempre debe existir en un sistema de Seguridad Social, el tema es cómo se financia. Frente a los reparos ante la idea original de cuentas nocionales, o aportes al fondo social sin una garantía, nació en 2024 la idea de particionar el aporte entre reparto tradicional (0,5% a financiar el Bono Tabla) y el ´Aporte Reembolsable´, que es el préstamo al FSS -según se plantea en la actualidad-, el cual sería con garantía estatal. Si bien la idea podría sonar bien, conlleva una serie de riesgos, similares a los del reparto”, dice el documento.

Sobre ello, asegura que el “fondo sigue demostrando insostenibilidad financiera”, y que “considerando las nuevas propuestas presentadas por la CT, que reducen el número de años cotizados requeridos para acceder al beneficio, la insostenibilidad financiera del FSS ocurriría pasado el año 2050″.

Asimismo, aseguran que el “mecanismo replica los riesgos inherentes a un sistema de reparto: dado que depende de las cotizaciones de trabajadores activos financiar beneficios, éstos quedan sujeto a riesgos demográficos (envejecimiento poblacional y menor natalidad), y su sostenibilidad depende de la capacidad contributiva de futuras generaciones. Al igual que el reparto tradicional, transfiere la carga financiera a los trabajadores más jóvenes sin garantizar que estos reciban beneficios equivalentes a su aporte cuando se jubilen”.

A juicio de la Asociación de AFP, tras el informe de los técnicos igualmente persisten riesgos de implementarse una licitación de afiliados antiguos. Ahí destacan el “reconocimiento -casi unánime- de que la licitación de stock es incompatible con un ente estatal”, pero agregan que “si bien es valorable la atención a estas amenazas, sobre todo a las inversiones y pensiones, estas no logran ser eliminadas”.

Respecto de la nueva propuesta que hizo la mesa técnica, que reduce la frecuencia de las licitaciones de stock de anual a cada dos años, y sube el tamaño del grupo licitado de 10% a 12,5% del total de afiliados no pensionados, el gremio dice que si bien esto “podría mitigar los problemas sobre los movimientos de los portafolios en el margen, sigue poniendo el foco solamente en los costos, continúa impactando la competencia en retornos, sigue desafiando la inversión en alternativos y derivados, y atentando la libertad de elegir”.

Entre otras cosas, también menciona: “¿Comisiones Fijas por 16 años?”. Y señala que es “preocupante” que se establezca “el requisito de mantener fija la comisión ofertada por el gestor ganador durante 16 años, lo que presenta serias limitaciones tanto prácticas como conceptuales y también legales. Esta exigencia de congelar precios por un período tan extenso no solo es operativamente inviable desde una perspectiva empresarial, sino que también ignora las dinámicas de mercado, las fluctuaciones en costos operacionales y la propia normativa en materia de libre competencia. En esencia, la medida constituye una forma de control de precios”.

Respecto de los activos alternativos y la definición de “intransferibles” que abordó la mesa técnica, el gremio dice que “entre los gestores de inversiones existe un alto consenso de que la licitación de afiliados antiguos implicaría peores retornos y pensiones (entre -10% a -20%), ya que los contratos de activos alternativos y derivados no son transferibles sin soportar altos costos y el tratar de evitarlos distorsionaría los portafolios, perjudicando a todos los afiliados. Por esto, la CT propone ciertos ´mitigantes´, pero que no se condicen con la realidad del manejo de portafolios ni en Chile ni en ninguna parte del mundo”.

Además, entre otras cosas, el gremio critica que “la CT realiza un análisis incorrecto respecto al porcentaje de activos no transferibles calculando una cifra de 6,5% de los fondos (6% activos alternativos + 0,5% derivados), concluyendo que con una licitación del 12,5% de la cartera, los activos no transferibles serían equivalentes a un 0,8% de los fondos. Esto no considera los compromisos futuros de las inversiones actuales, ni el incremento en porcentaje de la cartera que debiera implicar el avanzar hacia carteras más sofisticadas (ni con fondos generacionales), y no hace una adecuada contabilización de los derivados”.