Ya hay fecha para votar en la sala de la Cámara de Diputados los dos proyectos de nuevos retiros del 10% de las AFP que se tramitan en paralelo. Esto, porque el lunes a las 15 horas se revisará tanto la moción parlamentaria para hacer un retiro universal; así como la propuesta del gobierno que plantea un giro acotado, principalmente para el pago de deudas.

Eso sí, ambos proyectos tienen distintos niveles de avance. El primero llega con informe negativo a la sala, luego de que fuera rechazado en general este martes por los diputados de la comisión de Constitución, con votos en contra del Frente Amplio y del PC.

En tanto, el proyecto del gobierno este miércoles logró ser despachado íntegramente de la comisión de Trabajo y de la comisión de Hacienda, aunque también se agregaron algunos cambios que fueron ingresados por el Ejecutivo. Además, frente a algunas peticiones de parlamentarios, el gobierno se comprometió a evaluar incorporar otras causales para poder retirar.

Pero no hay certeza sobre lo que ocurrirá el lunes con ambas iniciativas en sala. De hecho, este miércoles las bancadas de oposición (UDI, RN, Evópoli, y Republicanos, junto a la DC y PDG) solicitaron al gobierno que ingrese al Congreso, antes de que se vote el quinto retiro, la reforma constitucional que comprometió para declarar inexpropiables los dineros en cuentas de AFP, condicionando así su voto.

El ministro de Segpres, Giorgio Jackson, posteriormente dijo que “estamos trabajando a toda máquina para que esto esté al momento de que se conozcan estos proyectos. Ha sido algo que nos han solicitado las bancadas de la oposición, y nosotros, como compartimos el principio, no tenemos ningún problema con hacerlo. Así que esperamos que eso el día lunes nos ayude a poder tramitar la reforma que estamos planteando”.

El jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, pidió que el gobierno considere como base la propuesta que ingresaron en esa misma línea para garantizar la propiedad de los fondos previsionales por parte de los trabajadores y que éstos sean inexpropiables y heredables, tanto los actuales ahorros como así también los futuros.

Los diputados de la comisión de Trabajo ingresaron más de dos docenas de indicaciones, pero todas fueron declaradas inadmisibles, por lo que solo siguieron adelante las que ingresó el gobierno, las cuales fueron aprobadas. Algunas de ellas apuntaba a temas de forma, y otras a cosas más de fondo. Desde Chile Vamos esperan poder reponer algunas de sus indicaciones en sala.

El artículo que había quedado pendiente para ser votado este miércoles en la Comisión de Trabajo, detalla todo lo referido a los seis casos en los cuales se puede acceder a este retiro acotado, donde se establecían las siguientes causales, con este orden de prelación: se puede recurrir primero para pagar deudas por pensiones alimenticias; luego para el pago de deudas de salud; aumentar ahorros para postular a subsidios a la adquisición de la primera vivienda; pago de deuda hipotecaria de primera vivienda de hasta UF 4.000; pago deuda servicios básicos; y otras deudas financieras con entidades bancarias y no bancarias.

Sin embargo, uno de los cambios que aprobaron los parlamentarios, precisamente luego de algunas críticas que habían levantado diputados el día anterior, es que se elimina el orden de prelación que había establecido el Ejecutivo para efectuar el giro en las seis causales, y ahora se definió que solo tienen preferencia las deudas por pensiones alimenticias.

Por otro lado, se eliminaron los incisos que señalaban que para el pago de deudas de salud y de servicios básicos no podrá ser “imputado el pago de multas, intereses, u otros gastos asociados, los que se considerarán extinguidos por el solo hecho del pago a que se refiere esta ley, en proporción al monto pagado”.

Esto fue reemplazado por el Ejecutivo por un inciso que señala que para el pago de cualquiera de las causales, “estas deudas sólo pagarán reajustes e intereses por la mora, sin que puedan aplicarse intereses penales, multas u otros gastos asociados”.

Otro de los temas que se aprobó, es que las deudas de salud por las cuales se podrá solicitar el retiro también tienen que estar vencidas al 31 de marzo de 2022.

Durante la sesión en la comisión de Hacienda y Trabajo, hubo diputados que pidieron que se incorporen otras causales para poder efectuar el retiro, como por ejemplo, pago de cuentas de internet, telecomunicaciones, TAG, contribuciones, arriendo de viviendas, entre otras.

El gobierno se comprometió a estudiar algunas de ellas. El diputado Frank Sauerbaum (RN) comentó que entre las indicaciones que el Ejecutivo estaría estudiando se encuentra “el pago de contribuciones atrasadas, o el pago de colegiaturas de colegios particulares subvencionados y particulares, y otra que tiene que ver con los arriendos, pero a través de situaciones que ya estén judicializadas”.

De hecho, el tema del pago de arriendo de viviendas lo plantearon varios diputados. Ahí el gobierno señaló que no existe un registro nacional sobre arriendos, por lo que no se podría incorporar algo así. “En este momento no es posible generar información fidedigna respecto de todos los arriendos del país”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. De todas maneras, desde el Ejecutivo se mostraron disponibles a avanzar hacia un punto intermedio, para evaluar si se puede implementar algo de ese estilo para casos que están judicializados.

Y sobre el pago de contribuciones morosas sobre el cual consultó el diputado Alexis Sepúlveda (PR), entre otros parlamentarios, Marcel señaló que “es un tema que estamos viendo para ver la posibilidad de incluirlo en indicaciones en la sala, porque tenemos que consultar con otras autoridades de gobierno al respecto”.

Por otro lado, los diputados plantearon dudas respecto de si el proyecto está o no afecto a impuestos al retirar. Frente a ello, Marcel dijo que “entendemos que con la redacción que tenemos están exentos de impuestos. Pero a raíz de las preguntas que se hicieron acá, justamente estamos verificando si es necesario agregar alguna declaración adicional en el proyecto para que eso sea efectivamente así”.

El diputado Sauerbaum también alerto que esta iniciativa permitiría que las altas autoridades del Estado puedan retirar fondos, cuestión que en algunos giros anteriores se prohibió. Frente a ello, el ministro Jackson, dijo que se comprometían a incorporarlo mediante una indicación, lo que se podría concretar en la misma votación en sala.

Asimismo, el diputado Cristian Labbé (UDI) había ingresado una indicación en la comisión de Trabajo para asegurar la propiedad de los fondos, tanto presentes como futuros, y como fue declarada inadmisible, consultó al Ejecutivo si la iba a patrocinar para que se pudiese votar.

Ahí Marcel recordó que el ministro Jackson comprometió presentar una reforma constitucional que establezca este punto, lo que estimó era más adecuado que presentarlo como una indicación en esta iniciativa de retiro.

Al no irrogar gasto fiscal, en la comisión de Hacienda lo que se analizó fue más bien lo relacionado a la flexibilización de requisitos para acceder al seguro de cesantía. Todo se aprobó tal cual lo planteó el Ejecutivo.

Eso sí, una de las dudas que plantearon los diputados, fue respecto a la sostenibilidad del fondo de cesantía y si era o no necesario capitalizarlo. Marcel detalló que actualmente este fondo tiene más de US$8.000 millones, mientras que el fondo solidario acumula alrededor de US$2.500 millones.

“A nuestro entender, eso es algo que es suficiente para para poder absorber los requisitos más expeditos para acceder al seguro de cesantía. Pero vamos a ver a continuación una indicación del Ejecutivo que establece la posibilidad de que en caso de que se agote el fondo solidario, haya un una especie de préstamo del fisco, mientras ese saldo es negativo, que se recupera posteriormente”, puntualizó Marcel.

Ahí también agregó: “En esto hay que recordar que el gobierno anterior, cuando comenzó la crisis, comprometió un aporte de US$2.000 millones al fondo solidario. Ese aporte finalmente no se realizó. Y pido disculpas a los diputados que estuvieron en la Comisión de Trabajo, porque en ese momento di por hecho que se había materializado ese aporte, (pero) en realidad nunca se hizo, y el fondo solidario sobrevivió a todas las demandas de seguro de cesantía que se produjo durante la crisis. Pero aún así, dado que estamos flexibilizando el acceso al seguro, hay esta indicación para generar una posibilidad de amortiguación por el lado fiscal, para evitar que tengamos que venir acá a plantear que se acabó el fondo por tal o cual razón”.