A casi dos años de su ingreso al Senado, el proyecto que establece un royalty para la gran minería del cobre será votado este miércoles por la Sala de la Cámara Alta. El hito se da luego de intensas negociaciones, primero en la comisión de Minería y Energía, y luego en la comisión de Hacienda de la instancia legislativa. El proyecto sufrió una serie de cambios que modificaron en forma sustantiva la propuesta surgida de un grupo de diputados, en septiembre de 2018, y que ingresó al Senado el 18 de mayo de 2021.

La propuesta originalmente planteaba aplicar una tasa ad valorem del 3% a aquellos explotadores mineros cuyas ventas superen el umbral de las 50 mil toneladas métricas de cobre fino (TMC). Ahora la propuesta plantea que dicha tasa sea de 1%.

Una de las principales preocupaciones de la industria radicaba en la carga tributaria final para las compañías mineras. La propuesta del Ejecutivo establece una escala de tasas para el impuesto específico que fluctuaría entre un 8% y un 26% sobre el margen operacional minero (Mom). Ello eleva el actual pago que realizan las empresas con producciones mayores a las 50 mil TMC, de entre 5% y 14%. Sin embargo, la industria reclamaba que esa fórmula no atendía las objeciones del sector, pues elevaría la carga tributaria en un 30%, considerado como excesivo por el Consejo Minero.

Para enfrentar estas dudas, el gobierno propuso el pasado 11 de abril un límite a la carga efectiva del 50%. Dicho nivel se redujo a 48% siete días más tarde, pero como aún no tenía apoyo de la oposición se siguió negociando, y el 19 de abril nuevamente el límite bajó, esa vez a un rango de 47% y 45,5%.

Como el nivel aún era considerado como alto, este lunes el ministro Mario Marcel presentó una nueva fórmula, con acuerdo de la centro derecha, que dejó la parte alta del rango a 46,5%. Dicha fórmula fue aprobada por la comisión de Hacienda este martes, así como el resto del articulado, que establece además la creación de tres fondos para distribuir fondos entre los gobiernos regionales y las comunas mineras, por un total de US$450 millones, un tercio de la recaudación anual del proyecto estimada por Hacienda, que llegaría a 0,45% del PIB.

En la industria han fijado que la carga tributaria a la gran minería “debe quedar entre 41% y 44%”, dijo Joaquín Villarino en marzo a La Segunda.

En tanto, el senador Republicano, Rojo Edwards, anunció su voto en contra del proyecto “y diría que todos los republicanos vamos a votar en contra, y espero en general que el gobierno tempere los aumentos de impuestos”. Cabe recordar que ese partido cuenta con doce diputados y un senador.

Una vez conocida el avance de la iniciativa, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cristián Argandoña, si bien valoró los ajustes que se han hecho al proyecto de royalty, insistió en que las cargas tributarias totales para el sector “están aún un par de puntos por sobre nuestros competidores”.

“Vemos necesario que se produzca un ajuste para no afectar nuestra competitividad”, enfatizó el dirigente gremial.

Argandoña estimó necesario que el proyecto “contemple un plazo de invariabilidad tributaria no inferior a los 15 años, con el propósito de dar certeza y seguridad al sector para desarrollar sus proyectos futuros”.

En tanto, al ser consultado, el Consejo Minero declinó realizar comentarios sobre el avance del proyecto.

Por su parte, el senador PPD y presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, destacó los esfuerzos realizados por el gobierno y los senadores de oposición por acercar posiciones.

“Quiero agradecer el esfuerzo que se hizo acá de llegar a un entendimiento, porque no fue fácil aproximarse”, dijo el legislador.

En diálogo posterior con la prensa, Lagos Weber aseguró que “esto ha sido un proceso de acercamiento gradual”, y remarcó que “el proyecto que se originó en la Cámara de Diputados y que llegó acá al Senado fue sustantivamente modificado, de manera bien estructural”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el avance logrado tras una serie de intensas jornadas de negociaciones que culminaron en torno a un protocolo de acuerdo con los senadores de la oposición.

“En la medida que se apruebe en los términos que se han discutido en la Comisión, generará una recaudación anual de 0,45% del PIB en régimen, un tercio del cual se destinará a las regiones, a 32 comunas mineras y a 309 municipios más pobres del país. Asimismo, la aprobación de este proyecto terminará con la incertidumbre que ha rodeado a las inversiones mineras, facilitando la materialización de las mismas”, dijo el secretario de Estado.