Sacar la voz o votar con el pie

El impresentable episodio de la contratación de Julio Ponce Lerou como asesor estratégico de SQM es la constatación del poder que sigue y seguirá ostentando el famoso ex yerno. El historial del personaje convertido en sinónimo del financiamiento irregular de la política, permitía prever que no estaba dispuesto a quedarse fuera del negocio estratégico del litio, ese mismo que representa un porvenir algo más seguro para nuestra precaria y primaria economía nacional.

Recurriendo al influyente profesor Albert Hirschman, un referente en el campo socioeconómico, en la economía la reacción frente a este tipo de episodios se dan con el pie, mediante lo que denomina "exit" o abandono de clientes e inversionistas insatisfechos con las compañías. En asuntos políticos y sociales, la respuesta se produce mediante la voz ("voice", en su léxico) de quienes se rebelan ante las inequidades e injusticias. La tercera opción es acatar por lealtad. Cuando ninguna de las primeras funciona a plenitud y la tercera lleva a la aceptación, las organizaciones se vuelven negligentes y se mueven sistemáticamente hacia su propio declive.

La responsabilidad de fondo de este bochorno la tiene el directorio de SQM, encargado de gobernar la compañía, que abdica de su responsabilidad fiduciaria de manera impresentable. Resulta insólito el argumento de la amplia experiencia de los Ponce Lerou. En los negocios no existen los indispensables, menos si éstos ponen en juego su legitimidad, el principal activo que debe cuidar el directorio. ¿Acaso el gobierno de la empresa se está haciendo desde las sombras? ¿Es que se confunde la gratitud a quien los nombró con la lealtad a la compañía? Un otro gobernando tras bambalinas no corresponde ni fiduciaria ni éticamente. La regulación nacional ha reconocido la existencia de todos los posibles controladores de una empresa. Aunque no tengan tarjeta, se les identifica como quienes, en rigor, sí definen su destino. Se entiende entonces que, dentro de los marcos de la negociación con Corfo, la figura del asesor estratégico, que finalmente controla, está también implícitamente incorporada en las restricciones.

Respecto de la responsabilidad del gobierno, cuesta entender esta pretendida prescindencia. El negocio involucrado es nada menos que la explotación de recursos estratégicos del Estado, por lo que las autoridades también tienen mucho que decir y hacer para defenderlos. Eso, aún cuando se trate de acuerdos ostensiblemente mejores para el Fisco.

Por su parte, el mercado bursátil local, que da la pésima señal de aprobar la jugada, como refleja la subida de las acciones de SQM en medio del episodio, nos recuerda su pequeñez y falta de profundidad. Aquí echamos de menos una nueva clase de inversionistas socialmente responsables en nuestro país. Las AFPs, ya muy presionadas en su rol social, tienen la oportunidad de actuar con nuevos estándares, poniendo límites, alzando la voz y articulando una mirada crítica, informada y profesional, comprometidos con su rol de governance fiduciaria.

Apostemos a que entre las autoridades, el directorio de SQM y los actores del mercado escuchen las voces, permitan que se imponga la cordura y no sigan actuando con negligencia frente al salitre del Siglo XXI. Es, quizás, la tercera y última opción que nos da la historia para convertirnos en una nación desarrollada, basada en recursos naturales, como han hecho con éxito Nueva Zelanda, Australia, Canadá o Noruega.