La estrategia nacional del litio cumplió el 20 de octubre seis meses. En abril, el Presidente Gabriel Boric anunció una política que incluye protagonismo estatal, el ingreso de Codelco al salar de Atacama y el desarrollo de otros salares en alianzas público-privadas. Pocos días después, uno de los varios actores que tienen sus ojos y bolsillos puestos en la industria del litio tomó una decisión que estaba a la espera de esa definición: la venta de un proyecto de larga data y que tiene el ambicioso nombre de Siete Salares.

En abril, los dueños de ese proyecto encomendaron vender los Siete Salares al banco de inversiones Asset Chile, dirigido por Georges de Bourguignon, un banquero que conoce la industria y que fue director de SQM, electo por la china Tianqi. Desde esa fecha en adelante, el proceso ha marchado lentamente, pero a paso firme. El activo fue presentado y promovido entre una veintena de posibles interesados y el proceso está en la parte final, con al menos cinco candidatos. Todos internacionales, ninguno chileno. Y algunas empresas chinas entre ellos.

Asset Chile no trabaja sólo en esto: también está el estudio Bofill Mir Abogados. Uno de sus socios, Pablo Mir, es un especialista en temas mineros y trabaja desde hace años en el mismo proyecto: fue quien tramitó hace casi una década un estudio de impacto ambiental para realizar exploraciones en las pertenencias ligadas al proyecto. Lo que está en venta -igual que Lithium Power International, con activos en el salar de Maricunga y que Codelco acordó comprar en US$ 244 millones-, es la empresa dueña del proyecto: Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera (SCM). Esa sociedad es controlada en partes iguales por dos socios. El accionista original del proyecto es San Antonio SCM, una firma controlada por la familia Vecchiola y donde participan como accionistas minoritarios el expresidente de Codelco y exministro Juan Villarzú y el abogado Alejandro Moreno Prohens.

El otro 50% está en manos de un gigante: Talison, una alianza entre la china Tianqi (51%) y la estadounidense Albemarle (49%). Las dos multinacionales están en Chile, con operaciones en la industria del litio. Albemarle es uno de los actores del salar de Atacama y Tianqi es accionista relevante de SQM, el productor más grande de Chile y el mundo de litio, también en el mayor depósito salino del mundo. Talison tiene otro activo relevante: son dueños de Greenbushes, el mayor yacimiento de litio de Australia, donde se extrae litio de roca, no de salares, como en Chile. Talison compró la participación en la empresa en 2010 a una junior canadiense que se asoció originalmente a los Vecchiola, quienes son dueños de un grupo de servicios integrales a la minería.

Talison y los Vecchiola están de acuerdo con la venta. Así, Asset ofrece el 100% de Salares de Atacama a los interesados. Los Vecchiola habían avanzado en la venta de su 50% hace años a Wealth Minerals, pero ese esfuerzo terminó sin acuerdo.

La empresa en venta tiene pertenencias mineras en siete depósitos en las regiones de Antofagasta y Atacama. En total, sus derechos suman 39.400 hectáreas, según han detallado con anterioridad: Isla (16.500 hectáreas); Agua Amarga (3.100); Parinas (5.400); Grande (4.000); Aguilar (8.800); Piedra Parada (1.500) y Maricunga (104). La baja presencia relativa en estos dos últimos los hace de escasa viabilidad comercial. En cuatro salares, Salares de Atacama es la única propietaria y en un quinto tiene el 95% de la superficie. Pero dos de ellos son los depósitos más atractivos: Aguilar y La Isla.

La Isla es el que presenta la mejor “ley” del mineral: tiene un máximo de litio de 1.150 miligramos por litro, según estudios gubernamentales de hace una década. En comparación, el salar de Atacama, la joya de la corona, supera los 2.000 mg/l, y en Maricunga se reportaban 1.050. Aguilar tenía un máximo de 375 mg/l.

Un traspaso de este tipo tiene incertidumbres que los inversionistas potenciales deberán aquilatar. La mayor es la definición de la estrategia nacional del litio: el gobierno debe definir qué salares se destinarán a explotación y cuáles cuencas -ha prometido un 30%- se reservarán para conservación. Y ha definido que en los desarrollos estratégicos el Estado preservará el control de los proyectos que surjan en alianzas público-privadas. Pero aquél es también un avance: antes de abril no había abierta ninguna puerta abierta para el ingreso de privados.

La segunda es el intento de Enami por conseguir el uso exclusivo de aquellos salares: en 2022, la minera estatal pidió un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) sobre un conjunto de cinco salares: Aguilar, Infieles, La Isla, Las Parinas y Grande. Pero su falta de recursos exige una asociación con privados para el desarrollo de un proyecto. Y aquello, creen los vendedores, podría ser un aliciente en una industria ávida de comprar proyectos aún no desarrollados de litio en todo el mundo.