Se suponía que el coronavirus impulsaría aún más las bancarrotas, pero ocurrió lo contrario en Estados Unidos

El número de personas que solicitaron la bancarrota en Estados Unidos se redujo drásticamente durante la pandemia, ya que la ayuda del gobierno impulsó los ingresos y evitó las obligaciones de vivienda y préstamos estudiantiles.

Las solicitudes de quiebra de los consumidores bajo el Capítulo 7 disminuyeron un 22% el año pasado en comparación con 2019, mientras que las solicitudes individuales bajo el Capítulo 13 cayeron un 46%, según datos de Epiq. Después de tener más de 50.000 solicitudes por mes en 2019 y en el primer trimestre de 2020, las solicitudes de quiebra se han mantenido por debajo de 40.000 por mes desde marzo pasado cuando golpeó la pandemia.

Por el contrario, las solicitudes de quiebras comerciales aumentaron 29%, y más de 7.100 empresas solicitaron la protección del Capítulo 11 el año pasado, según Epiq.

La tendencia a la baja en las quiebras personales contradice las predicciones de analistas y economistas, según las cuales las interrupciones de los cierres y restricciones de Covid-19 al principio de la pandemia conducirían a un fuerte aumento en las solicitudes.

Los economistas y abogados de bancarrotas dicen que las suspensiones federales de desalojos, ejecuciones hipotecarias de viviendas y obligaciones de préstamos estudiantiles han ayudado a limitar las bancarrotas, aunque les preocupa que las tasas de bancarrotas aumenten después de que termine la ayuda. El gasto de los hogares también se redujo debido a que las personas se quedaron en casa, cancelaron viajes y se distanciaron socialmente para evitar el coronavirus. Varias rondas de ayuda gubernamental aumentaron los ingresos con pagos directos a los hogares y mejoraron las prestaciones por desempleo. La tasa de ahorro personal aumentó.

Elaine Robertson, consejera de rehabilitación en Aynor, Carolina del Sur, dijo que consideró declararse en bancarrota para hacer frente a los aproximadamente US$10.000 de deuda de tarjetas de crédito que acumuló con facturas de alquiler, servicios públicos y legales después de su separación en 2018.

Pero los cheques de estímulo del gobierno emitidos el año pasado y la moratoria en los pagos de préstamos estudiantiles le dieron un respiro para negociar con los cobradores de deudas que la demandaron en los últimos meses, relató. Ahora Robertson, de 60 años, vive en una vivienda más barata y cree que quizás no tenga que ir a la bancarrota.

“Puedo usar ese dinero para algunas de estas deudas y me ayuda en mi proceso de negociación”, dijo. “Eso me ayudará a pagar mi deuda”.

Las solicitudes de quiebra, un último recurso para los consumidores en una situación desesperada, generalmente siguen a las dificultades financieras de un divorcio, una emergencia médica o el desempleo entre los 12 y 18 meses. Las personas a menudo se declaran en bancarrota cuando se enfrentan a juicios inmediatos de ejecución hipotecaria, desalojo o acreedores que han llevado a embargos salariales. La declaración de quiebra detiene los embargos de salarios, la recuperación de vehículos y las ejecuciones hipotecarias.

Las solicitudes también suelen recuperarse dentro de los tres meses posteriores a un aumento en la tasa de desempleo, según investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, la Universidad Brigham Young y la Escuela de Negocios de Harvard. El desempleo saltó al 14,8% en abril pasado, frente al 3,5% antes de la pandemia, y fue de 6,2% en febrero.

La moratoria federal sobre los desalojos ha ayudado a Sara Smith, quien perdió su trabajo como gerente de operaciones de TI en San Diego poco antes de que comenzara la pandemia. Se mudó a Rochester, NY, donde tiene familia y se ha atrasado en el pago del alquiler. Ella también está luchando con unos US$30.000 en tarjetas de crédito y deudas médicas.

“Todo se siente en tu contra en esta situación”, dijo Smith, de 46 años. A pesar de las medidas del gobierno para ayudar, ella quiere declararse en quiebra para tener un nuevo comienzo. “Ojalá lo hubiera hecho antes. Todo ese dinero mejorado [de los beneficios por desempleo], podría haberlo tenido como una cuenta de ahorros ahora “, dijo.

La mayoría de las personas que se declaran en quiebra lo hacen según el capítulo 7, que les permite liquidar obligaciones no garantizadas, como las deudas de tarjetas de crédito, pero en muchos casos las obliga a ceder activos como casas, automóviles o ahorros para la jubilación en el proceso. El Capítulo 13 es un tipo de bancarrota más costoso que permite a los prestatarios conservar sus casas y otros activos.

La caída año tras año en las solicitudes de quiebra entre enero y septiembre de 2020 fue más pronunciada entre los propietarios de viviendas que entre los que no poseen propiedades, dijo Jialan Wang, profesor de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Los economistas dicen que las medidas del gobierno solo podrían reducir temporalmente la tasa de quiebras. Algunos esperan que las solicitudes se recuperen a finales de este año o el próximo, a medida que expira el alivio temporal y vencen las facturas financieras incurridas durante la pandemia.

“Hay un caso serio que argumentar. Esto esconde un problema más profundo y en el futuro la gente tiene que pagar un múltiplo de la deuda que no podían mantener antes de la pandemia”, dijo Jaromir Nosal, economista de Boston College que se enfoca en finanzas del hogar.

Joseph Brusuelas, economista jefe de la firma de consultoría y contabilidad RSM US, dijo que la potencia financiera proporcionada por el estímulo del gobierno (el último paquete de ayuda fue de US$1,9 billones) y el puente proporcionado por la moratoria podría limitar el estrés financiero futuro en los hogares y su impacto en la economía en general.

“Realmente estamos hablando de un tema de indulgencia”, indicó Brusuelas. “A nadie le conviene ejecutar la hipoteca de viviendas y automóviles después de una crisis de salud pública”.

Por ahora, la moratoria del gobierno continúa proporcionando un colchón para las personas que luchan por pagar sus facturas. A principios de este año, el gobierno extendió una pausa en los desalojos al menos hasta fines de marzo y una suspensión de los pagos de préstamos estudiantiles hasta al menos octubre.

En virtud de la Ley Cares, los prestatarios con hipotecas respaldadas por el gobierno pueden ingresar a planes de indulgencia que agregan pagos vencidos a los préstamos sin intereses. Algunos prestamistas privados ofrecen indulgencias similares en hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para automóviles, según Melinda Opperman, presidenta de Credit.org, una organización de asesoría crediticia sin fines de lucro.

Aproximadamente el 8% de los deudores hipotecarios de Estados Unidos, o siete millones de personas, entraron en indulgencia durante la pandemia, según un artículo de investigación publicado por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. En contraste con el período posterior a la crisis financiera de 2008, esta vez los programas de indulgencia están disponibles para cualquiera que los solicite y no solo para quienes demuestren necesidad, según el documento de la Fed de Filadelfia.

Un total de tres millones de deudores permanecieron en indulgencia, y dos millones de esos prestatarios no realizaban pagos de sus hipotecas a fines de 2020, según CoreLogic.

Un mayor empleo a medida que la economía se recupera puede dar a más personas una razón para declararse en bancarrota en el futuro porque los acreedores pueden demandar para embargar salarios, dijeron expertos en bancarrotas.

También se espera que disminuyan los ingresos por cheques de estímulo y asistencia por desempleo, tipos de ingresos protegidos del embargo, a medida que se eliminen las medidas de ayuda.

“Necesitamos comenzar a centrar nuestra atención en lo que sucederá cuando Estados Unidos vuelva a abrir y termine la moratoria”, indicó Rohan Pavuluri, director ejecutivo y cofundador de Upsolve, una plataforma en línea para ayudar a las familias de bajos ingresos a superar las dificultades financieras.