Secreto bancario e indicación a Ley General de Bancos
Se debe tener estricto apego a la defensa de los derechos de la privacidad de las personas, por lo que lo pertinente es que el levantamiento del secreto bancario sea canalizado a través de los tribunales.
El jueves pasado el gobierno presentó una indicación al proyecto de nueva Ley General de Bancos que elimina la presunción de interés legítimo otorgada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que implicaría que ninguno de estos organismos accedería de forma preferente a la reserva bancaria, debiendo así recurrir a tribunales para evaluar caso a caso.
Este punto levantó críticas en algunos sectores del Congreso, y amenaza con retrasar la promulgación de la nueva LGB. El punto, en todo caso, es relevante. La indicación introducida por la autoridad resulta pertinente, dado el errático actuar que han tenido entidades de gobierno en el pasado en ciertos casos, o el nivel de presión política a la que han estado expuestas instituciones que no son independiente del gobierno de turno.
Por lo demás, el gobierno anterior respaldaba su posición en un fallo de la Corte Suprema en 2013, donde la máxima instancia habría reconocido el interés legítimo del SII para conocer información sujeta a reserva. No obstante, en enero la Suprema emitió su opinión sobre el proyecto, y mediante un oficio calificó como "cuestionable" la idea.
Se debe tener estricto apego a la defensa de los derechos a la privacidad de las personas. Con el argumento de realizar una mejor fiscalización por parte de entidades del Estado, se pueden pasar a llevar los mencionados derechos a la privacidad.
Ahora bien, respecto de la solicitud efectuada por el contralor Jorge Bermúdez, en cuanto a acceder al secreto bancario en el caso de los servicios públicos, parece una idea que merece ser analizada en pos de realizar una mejor fiscalización de los recursos de todos los chilenos. Sin embargo, de avanzar en esa dirección se debe tener especial cuidado con el debido cuidado a la privacidad de las personas que se desempeñan en esas instituciones.
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