El silencio de las eléctricas en la discusión de la Ley Corta

En silencio está la industria eléctrica esperando el resultado de la discusión de la llamada Ley Corta, que busca reducir la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas a entre 6% a 8% desde el actual 10%. El cambio normativo se está dando en un escenario delicado para el sector. Es que la polémica por los medidores inteligentes caló en lo hondo de la industria y desgastó al vocero del gremio que las agrupa, el abogado Rodrigo Castillo.

"Hoy hay mucha desconfianza", explica un ejecutivo de la industria al ser consultado. Es que ese episodio, cuentan las fuentes, mostró el peso de las agendas propias, pues hubo empresas que no respetaron los acuerdos pactados por el directorio de Empresas Eléctricas para enfrentar la crisis por el cobro del recambio de las instalaciones.

Por eso hoy la relación entre Enel, CGE, Saesa y Chilquinta en el gremio no es grata, revelan ejecutivos de la industria. Y ese malestar provocó que como asociación -ante esta nueva discusión- se optara por defender los intereses solo en el parlamento y evitar la exposición pública.

El ejecutivo le dio celeridad a la tramitación del proyecto de ley, luego de los buenos resultados obtenidos con el mecanismo que estabiliza las tarifas eléctricas, que se discutió en tres días en el Congreso, y el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quiere hacer lo propio con distribución.

La premura para la discusión inmediata es que en noviembre del 2020 se inicia el próximo proceso tarifario y los beneficios del cambio no se verán reflejados en las cuentas de la luz. Teoría que ha sido desestimada en el Congreso. La senadora Yasna Provoste, pese a que el martes pasado votó a favor sobre la idea de legislar, indicó que la norma es "engañosa" respecto al impacto positivo que puede tener el cambio en el mercado de distribución en las cuentas de los clientes residenciales, lo que se cifra solo en $ 410 para una cuenta residencial de 180 Kwh/mes.

Sin embargo, sí ve un impacto respecto de las ganancias de las empresas, luego que el Ejecutivo señalara que la rebaja de la rentabilidad de las eléctricas tiene un impacto de entre US$ 600 millones a US$ 1.200 millones en las ganancias de las distribuidoras en cuatro años. Por eso es relevante que antes de la discusión en particular, el Ejecutivo diga con claridad ¿cuáles son esos recursos?, ¿cuándo la vamos a recibir? y también que se establezca un mecanismo de rendición de cuentas al senado" respecto del cumplimiento de ese monto, indicó la senadora.

El mercado también cuestiona esa cifra. El exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y hoy socio de la consultora Valgesta, Andrés Romero, señala que "esa cifra no es real" y añade que le preocupa que lo anterior "genere una sobre expectativa en la gente".

En el mercado indican que las firmas ya operan con una rentabilidad menor a 10%. Explican que en el último proceso tarifario, del año 2016, el Valor Agregado de Distribución (VAD) -que es como se fijan las tarifas de las distribuidoras-, considera una rentabilidad real de las compañías de 6,2% y no el 10% que se establece como techo.

Saesa, de hecho, en su exposición ante la comisión respectiva de la Cámara puso en duda ese porcentaje. "Las empresas tienen diferentes situaciones imposibles de evitar, y que las empresas modelos no tienen. Esto hace que en la realidad las empresas poseen rentabilidades mucho más bajas, en torno al 5%, muy alejado al mito de la rentabilidad regulada", indico en la oportunidad.

La posición de las empresas es debatir sobre una modernización del sector, considerando que su normativa tiene 40 años, pero no les gusta la Ley Corta, porque "nació como una forma de paliar el impacto de la crisis de los medidores", por lo tanto, "no cuenta con un diagnóstico compartido sobre qué tipo de distribución eléctrica quiere Chile", explicó CGE ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

El senado también pide una discusión más pausada y le está poniendo premura al gobierno para que presente, a más tardar en marzo próximo, una ley larga para el mundo de la distribución.

Y en el gobierno quieren cumplir. "Hay un compromiso público del Ministro de Energía con los parlamentarios de presentar la Ley Larga a más tardar en marzo del 2020. La ley corta es la primera fase para modernizar un sector que no ha sido actualizado en casi 40 años. La Ley corta se refiere a aspectos claves y urgentes del proceso tarifario, y la Ley Larga profundiza en abrir el mercado y que haya competencia para que las personas puedan aprovechar los beneficios de un sector cuyo servicio es muy sensible para los chilenos", explican en la cartera.

El tema que más impacto tendrá será separar el rol de distribución y de comercialización en las eléctricas, lo que provocará, estima el Ejecutivo, "un efecto en los consumidores comparable al que se logró con la portabilidad numérica en la telefonía móvil".