SMA y Ministerio Público firman convenio tras promulgación de Ley de Delitos Económicos

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Ministerio Público firmaron un convenio de cooperación y colaboración, tras la promulgación de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales.

Según indicó el organismo en un comunicado, el documento fue suscrito por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y la Superintendenta Marie Claude Plumer, y busca permitir el traspaso e intercambio expedito de información dentro de los márgenes de la ley. Para esto, se establecerá una mesa de trabajo destinada a garantizar una coordinación eficaz.

Ambas instituciones van a llevar a cabo programas de formación para los funcionarios en áreas de competencia específica. El Ministerio Público hará lo suyo en áreas de persecución e investigación penal, mientras que la SMA dará formación sobre infracciones administrativas ambientales, procedimientos administrativos sancionadores y su operatividad.

“Este un paso concreto hacia la implementación de nuevas infracciones medioambientales establecidas por la ley 21.595 de delitos económicos. Lo que buscamos es que, desde un inicio, el Ministerio Público tenga una colaboración directa con la autoridad fiscalizadora medioambiental, llevando a cabo coordinaciones operativas, entrenamientos conjuntos y otras acciones derivadas de manera colaborativa en línea con la nueva legislación”, dijo Valencia.

Mientras que la Superintendenta señaló que “este convenio nos permitirá trabajar de forma sinérgica, estableciendo un canal de cooperación y mesa de trabajo con el Ministerio Público, que permita asegurar un trabajo constante y permanente entre ambas instituciones, de tal manera de asegurar una regla de coordinación efectiva entre ellas, en especial en materia de la Ley de Delitos Económicos y Atentados al Medio Ambiente”.

A principios de agosto, el presidente Gabriel Boric, promulgó la ley de delitos económicos y ambientales, y señaló que la normativa permitirá recuperar las confianzas.

La normativa establece cuatro categorías de delitos, para tipificarlos como delitos económicos. La ley establece que, determinados delitos, por su naturaleza, deberán siempre ser considerados económicos, y otros delitos, en principio comunes, tendrán esa calidad cuando sean realizados por determinadas personas bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, establece modificaciones en la determinación de la pena, un sistema especial de cumplimiento sustitutivo, determinación y cuantía de la multa, e inhabilitaciones especiales, como por ejemplo para ejercer un cargo público.

Además, actualiza algunos delitos y crea otros nuevos. De hecho, establece un párrafo denominado “atentados contra el medio ambiente”. Las penas para estos delitos pueden llegar, en los casos más graves, hasta el presidio mayor en su grado mínimo.