Sonami acude a Contraloría tras venta del 10% de Enami en Quebrada Blanca

Continúan las repercusiones tras la venta del 10% de Enami en Quebrada Blanca a Codelco. Este miércoles, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), anunció que presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que revise la legalidad de esta compraventa que se conoció la semana pasada.

El documento que fue entregado al organismo, indica que la operación entre ambas empresas “fue desarrollada con escasos antecedentes públicos, ya que sus máximos ejecutivos esgrimieron siempre el carácter confidencial, secreto o reservado de las negociaciones, como de las discusiones y acuerdos de sus correspondientes directorios”.

Asimismo agrega que “sin duda han olvidado su carácter de empresas públicas, actuando como entidades privadas no sujetas a los deberes que tienen los demás Órganos de la Administración del Estado en materia de transparencia y divulgación de los motivos que justifican sus decisiones”.

Por otro lado, el gremio minero plantea que esta operación es desventajosa para Enami, y que constituye un perjuicio patrimonial para la estatal.

“La administración ha renunciado a su deber de maximizar los ingresos para Enami; ha preferido un ingreso inmediato de US$ 520 millones en vez de un ingreso futuro estimado, por su mismo vicepresidente ejecutivo, de US$ 2.000 millones”, señala.

Y luego plantea que “tanto Codelco como Enami son indiscutiblemente empresas del Estado productoras de cobre y quedan, no obstante su obstinada resistencia en años pasados a reconocerlo, sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República y de la Comisión Chilena del Cobre”.

Otro de los aspectos que aborda el documento entregado por el gremio a Contraloría, fue la votación en los directorios de ambas empresas para aprobar esta operación. En el caso de Enami no hubo unanimidad.

“Según lo informado por Enami y Codelco, el contrato fue aprobado en los respectivos directorios; precisando Codelco que respecto de su directorio la decisión fue unánime, aspecto que no precisa Enami, por lo que suponemos que las opiniones en su directorio fueron divididas en este acuerdo. Sea como haya sido, resulta que, especialmente en lo que refiere al directorio de Enami, se verificaban claras inhabilidades que no fueron consideradas por algunos directores al momento de concurrir a la adopción de este acuerdo y que les obligaban a abstenerse de toda deliberación sobre esta operación y no concurrir al acuerdo correspondiente. Respecto de ellos eran evidentes las circunstancias que les restaban imparcialidad”.

Afirmaron que hubo directores que debieron inhabilitarse, y aseguran que no les quedó otra opción que acudir a esta instancia.

“No cabe otra posibilidad que requerir a la Contraloría General de la República que, haciendo uso de la facultad concedida en el inciso final, del artículo 12°, del decreto ley N° 1.349, de 1976; que crea la Comisión Chilena del Cobre, asuma transitoriamente y en plenitud todas las facultades de fiscalización que corresponden a Cochilco, respecto de las empresas mineras del Estado, Codelco y Enami, para revisar y auditar el contrato de compraventa celebrado por estas últimas, vendiendo a Codelco las acciones que Enami posee en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., correspondientes a la totalidad de las acciones de la Serie Preferente B de la Sociedad”.

La venta del 10% del yacimiento de cobre Quebrada Blanca por US$520 millones se selló el 5 de septiembre. La operación había sido adelantada por Pulso el 8 de julio, cuando se publicó que Codelco había ofrecido comprar el 10% que Enami tenía en la compañía, lo que gatilló la oposición de diversos parlamentarios y personeros del sector privado.

Entre ellos, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), gremio que reúne a las mineras privadas que pedían que la venta de esa participación se licitara para obtener el mejor precio posible.