Trabajadores de Aduanas se despliegan en el Congreso y se declaran en alerta por traspaso a planta
La película continúa. Y como una saga que tiene varias secuelas, el conflicto entre la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach) y Hacienda por el proyecto de modernización y encasillamiento del recurso humano del servicio se aprestan a escribir un nuevo capítulo.
La película continúa. Y como una saga que tiene varias secuelas, el conflicto entre la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach) y Hacienda por el proyecto de modernización y encasillamiento del recurso humano del servicio se aprestan a escribir un nuevo capítulo. Y si bien cuando asumieron las nuevas autoridades las conversaciones se iniciaron de inmediato con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, los acercamientos se paralizaron y ahora los funcionarios están a la espera de la respuesta que entregue Hacienda. "Estamos a la espera de lo que diga Hacienda, pero esta espera no puede ser eterna", señaló Hugo Valdés, vicepresidente de la Anfach. El dirigente subrayó que el plazo fatal para que el gobierno entregue una respuesta sobre si se incluirá o no el encasillamiento en el proyecto de ley que moderniza los recursos humanos es cuando el proyecto comience a discutirse en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Y ese plazo culminará el próximo miércoles 13 de junio, ya que ese día la instancia legisladora comenzará a tramitar el proyecto con la presentación de la Anfach. "La próxima semana, en nuestra presentación en la Comisión de Hacienda, buscaremos que los parlamentarios nos apoyen y soliciten al gobierno respetar los acuerdos firmados y presenten una propuesta de encasillamiento de acuerdo a los contratos firmados", dijo Valdés.
De no respetarse ese acuerdo -que fue firmado con el gobierno anterior y que los funcionarios quieren que se mantenga-, Valdés indicó que "se tomarán medidas empezando con movilizaciones, y si eso no causa efecto seguiremos hasta las últimas consecuencias y eso significa paralizaciones".
En concreto, la propuesta considera que el encasillamiento tiene que regirse por antigüedad y de esa manera ordenar la carrera funcionaria. Así, los funcionarios más antiguos pueden subir hasta cinco grados, quedando sobre los más nuevos. El proceso de traspaso sería de manera gradual hasta en un plazo de cuatro años. El costo de este proyecto apunta a los $ 12.400 millones.
Desde el gobierno, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, sostuvo que "llama la atención que el gobierno anterior presentara solo el jueves 8 de marzo en la tarde un Informe Financiero que consideraba un monto de $ 12.400 millones anuales en régimen. Creemos que los hechos hablan por sí solos. Las autoridades de Hacienda del gobierno anterior no tuvieron ninguna intención de tramitar este proyecto". Por esta razón, Moreno afirmó que "se ha iniciado un diálogo que asume las circunstancias señaladas, pero que, al mismo tiempo, ratifica un compromiso del gobierno con los funcionarios de este servicio". Según Moreno, "las conversaciones se encuentran en una etapa avanzada en virtud de que ha habido una fluida y positiva, pero realista, relación con el gremio, por lo que esperamos en las próximas semanas alcanzar un acuerdo". Para Moreno, la implementación de una ley de estas características debe ser gradual y de acuerdo a lo conversado y acordado con el gremio.
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