Una nueva institucionalidad de diálogo

No hay duda de que la participación temprana es el principal cambio positivo que incorpora el proyecto de ley de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Es un proceso que permite mejorar los proyectos y buscar un desarrollo sostenible de los territorios donde se insertan.

Creemos que ese proceso puede permitir avanzar en certezas. La certidumbre del ciudadano con respecto a los alcances y posibles futuros impactos que un proyecto pueda tener, también es fuente de certeza para los inversionistas, ya que previene la ocurrencia de conflictos socioambientales que retrasan o detienen una gran cantidad de proyectos de inversión.

Esa certeza sólo se puede obtener mediante mecanismos independientes que apoyen diálogos transparentes, con actores en igualdad de condiciones e información confiable y oportuna. Este es uno de los objetivos de la propuesta del proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT), que durante casi 20 meses se ha trabajado desde Alianza Valor Minero junto un amplio grupo de representantes de la sociedad civil, los gremios empresariales, sindicales y organizaciones sociales.

La propuesta, que será entregada próximamente al Ejecutivo y que contempla la creación de una nueva institucionalidad, que ordena la relación entre el Estado, las comunidades y las empresas ante los grandes proyectos de inversión, es un complemento indispensable al proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El proyecto de ley, ingresado recientemente a tramitación al Legislativo, no genera una institucionalidad de apoyo a la participación que dé confianza a todas las partes y, así evite los conflictos socioambientales. Por otra parte, sobrecarga de trabajo a un Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya excedido en sus capacidades de apoyo a las consultas ambientales. Por último, no genera un espacio independiente de diálogo sobre temas económicos y sociales que, en la actualidad, son la principal fuente de conflictividad.

La agencia de diálogo que proponemos resuelve las falencias antes descritas. Esta considera aspectos claves como, por ejemplo, facilitadores del diálogo y un sistema de certificación de sus capacidades, lo mismo para mediadores, un fondo independiente que financia estas tareas, un observatorio que retroalimenta el proceso y su calidad. Todo lo anterior redunda en la generación de acuerdos de desarrollo territorial, que evitaría la ocurrencia de conflictos socioambientales.

La agencia propuesta contempla una gobernanza que representa a los diversos actores y, por esa vía genera confianza en el proceso y en el cumplimiento de los compromisos asumidos por quienes componen la mesa de diálogo (mecanismo a través de la cual interactúan los proponentes, el territorio y el Estado). Es la fórmula adecuada para asegurar el desarrollo de proyectos de inversión coherentes con la sostenibilidad de los territorios donde se emplazan.