Finalmente hoy se realizaron los alegatos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sobre el acuerdo extrajudicial al que llegó la semana pasada la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Transbank que contempla un nuevo sistema de tarifas para los comercios en el modelo de 4 partes.

En la instancia, Walmart Chile lanzó duras críticas al acuerdo alcanzado, y pidió al TDLC que sea rechazado, señalando que no va en línea con el fallo que dictó la Corte Suprema. En ese sentido, comentaron que finalmente este mayor cobro que harán a la supermercadista significará que los usuarios finales deberán pagar un mayor costo al comprar productos, donde las personas que pagan con efectivo incluso tendrán que financiar en parte esta alza de costos para el pago con tarjetas.

La abogada representante de Walmart Chile, Carla Bordoli, de Bordoli Doren Abogados, entregó cifras para demostrar cómo se van a ver incrementados los costos para la minorista en débito: tomando la tarifa inicial que había propuesto la FNE según los lineamientos de la Corte Suprema, versus las tarifas que ahora fueron planteadas en el acuerdo extrajudicial, el aumento del ticket promedio para Walmart es de entre un 70% y 75% para este año.

Al hacer esa misma comparación, pero para 2021, el alza sería de entre un 105% y 110%. Por otro lado, al ver el alza de la tarifa propuesta sólo en el acuerdo extrajudicial, pero al comparar el precio de 2020 versus 2021, en abril del próximo año sufrirían un aumento de entre 20% y 25%.

Posteriormente, la supermercadista emitió una declaración pública: “En Walmart Chile constantemente buscamos generar eficiencias que podamos traspasar a nuestros clientes. Por ello, nos hemos hecho parte de la solicitud del rechazo al acuerdo extrajudicial suscrito por la FNE y Transbank, pues no se ajusta a los lineamientos impuestos por la Corte Suprema. Estamos convencidos –basados en nuestra experiencia internacional– que este acuerdo perjudica al comercio, el cual seguirá enfrentando altos costos por las transacciones con tarjetas de crédito y débito, repercutiendo inevitablemente en el precio final que pagarán los consumidores, afectando principalmente a los clientes que utilizan el efectivo como medio de pago”.

Por su parte, la FNE planteó que el acuerdo cumple con lo establecido en la sentencia de la Corte Suprema de diciembre 2019, pues estas tarifas del acuerdo extrajudicial con Transbank son para el modelo de 4 partes, opción que estableció expresamente el fallo de la Suprema para el momento en que se encontrara vigente este nuevo modelo. En tanto, las reglas establecidas por la sentencia mientras se mantuviera aplicable el Plan de Autoregulación, solo eran posibles bajo el antiguo sistema de 3 partes.

Las fintech también acudieron a los alegatos, pues quedaron disconformes con el acuerdo extrajudicial alcanzado. En ese sentido, consideran que “en vez de cautelar la libre competencia en los mercados, como exige la norma, no hace sino perjudicarla, en particular en el mercado de los medios de pago con tarjetas de crédito, débito y prepago", según señaló FinteChile en un documento.

Acusaron que el acuerdo extrajudicial excluye expresamente a los proveedores de servicios para procesamiento de pagos (PSP). “Lo anterior deriva en diversas consecuencias, que afectan de manera inmediata e irreparable la subsistencia de dichas empresas en el mercado y, por tanto, la eventual competencia que han luchado por introducir los PSP frente a Transbank, especialmente si se consideran las últimas crisis vividas por nuestro país, que han incentivado el teletrabajo, el comercio electrónico y la digitalización de diversas actividades económicas”.

En ese sentido, agregaron que “no existe explicación alguna para que Transbank haya anunciado el merchant discount a cobrar a los establecimientos comerciales y no a los PSP, dejando a estos últimos bajo la incertidumbre de que se les hará el respectivo anuncio del monto que se les fijará unilateralmente, para el mes de junio de 2020”. En los alegatos, la FNE planteó que la situación de los PSP y otras fintech que requieren de la interconexión y servicios de Transbank para su funcionamiento, aún está siendo investigada por la Fiscalía, para evitar que respecto de ellos se establezcan condiciones operacionales y comerciales anticompetitivas.