El proyecto de educación que podría promulgar Piñera sin haberlo impulsado

"¡Cumplimos nuestra promesa!", tuiteó la Presidenta Michelle Bachelet la tarde del 24 de enero. Ese día la Cámara de Diputados había aprobado y despachado el proyecto de ley de Educación Superior, uno de los tantos que componen la reforma educacional impulsada por la mandataria. No obstante, el paquete completo de la reforma a la educación superior pretende asegurar la gratuidad para el 60% de los estudiantes terciarios y avanzar gradualmente hacia la totalidad, junto con un conjunto de nuevas atribuciones para las universidades que les permitirían reformar sus estatutos internos e incluir representación de alumnos y docentes en las tomas de decisiones de los consejos universitarios, entre otras consideraciones.

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Sin embargo, el proyecto todavía está a la espera de su promulgación. Esto porque desde el 26 de enero el Tribunal Constitucional (TC) está realizando un control preventivo en caso que considerara que la propuesta del Gobierno vulnera en algún punto la Constitución.

El proyecto ya había recibido observaciones durante su tramitación. De hecho, no dejó del todo conforme a los senadores de la Nueva Mayoría, como en el caso Ricardo Lagos Weber (PPD), quien señaló en la ocasión que quizás "hicimos 'mal negocio' y no dimos la batalla directa por dejar establecida la gratuidad hasta el 70% de la población".

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A pesar de este denominado "mal negocio" oficialista, en el Gobierno esperaban que el acuerdo con la oposición permitiera darle luz verde a la iniciativa sin mayores obstáculos. "No hay razones para que el TC impugne la Ley de Educación Superior", señaló la ministra Adriana Delpiano respecto al proyecto.

En el Tribunal Constitucional todavía no está en tabla la revisión del proyecto, debido al receso de la institución que retomará su trabajo en marzo. No obstante, debido a la cantidad de artículos se ve complejo que la iniciativa pueda ver la luz durante esta administración, por lo que Sebastián Piñera podría terminar promulgando una de las leyes más emblemáticas de Bachelet.

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Con todo, si el proyecto es promulgado, el Presidente electo deberá reformar la ley para cumplir con la promesa de ampliar la gratuidad privilegiando a los estudiantes técnicos profesionales.

De hecho, el futuro ministro Gerardo Varela y el recién nombrado subsecretario Raúl Figueroa están atentos al control que hará el TC a esta nueva normativa.

No obstante, en un principio para concretar el aumento de beneficiados, una opción que tiene el equipo del futuro Presidente es ampliar los IP y CFT que cumplen con los requisitos hoy para la gratuidad. La ley establece que deben tener acreditación institucional de por lo menos cuatro años y estar constituidas como entidades sin fines de lucro.

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