Rafael Asenjo: "Deberíamos aspirar a una ampliación gradual de las competencias"

El Presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, Rafael Asenjo, destaca que los indicadores muestran un tribunal “maduro” en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales y estima que se podría aprovechar sus característica para incorporar gradualmente en su competencia otras materias vinculadas con componentes ambientales como recursos marinos, biodiversidad, suelos, aires, agua, entre otros.

¿Nota alguna evolución en la cantidad de causas ingresadas, los tiempos de tramitación o en el carácter de las causas?

Podemos afirmar que la calidad del trabajo que ha desarrollado este Tribunal Ambiental, ha demostrado a la sociedad en su conjunto, la comunidad, los titulares de proyectos y la administración que pueden confiar en la independencia, especialidad y autonomía de este órgano jurisdiccional.  El hecho de que ingresen cada vez más causas es una demostración de esa confianza. Pero al mismo tiempo  esa confianza va también complejizando las materias que estamos tramitando por lo que estamos sujetos a nuevos desafíos y requerimientos, en materias tales como el número de ministros disponibles, procedimientos, necesidad de más complejos análisis técnicos, etc.

En el desglose, ¿Qué sectores son los más expuestos a demandas y reclamaciones? 

Si bien durante 2015, muchas causas ingresadas están asociadas al sector minero, las reclamaciones siguen concentrándose en contra de procedimientos sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente y de resoluciones del Servicio de Evaluación Ambiental, ambas instituciones que han aumentado significativamente su actividad ya sea fiscalizadora como evaluadora.

¿Tienen algún objetivo para el 2016?

Junto con buscar asegurar un adecuado funcionamiento orgánico del Tribunal Ambiental, lo que no depende de nosotros, y mirando a largo plazo, creo que deberíamos aspirar a una ampliación gradual de las competencias del Tribunal Ambiental, hoy concentradas en lo contencioso administrativo. Cuesta entender que si Chile se ha dado un tribunal de estas características, no aproveche al máximo su autonomía, su independencia, su integración mixta entre especialistas letrados y científicos y técnicos, es decir, su fuerte especialización, para incorporar gradualmente en su competencia otras materias vinculadas con componentes ambientales tan importantes para el país como recursos marinos, biodiversidad, suelos, aires, agua, en cuanto tales. Si bien los instrumentos de gestión de la Ley 19.300, especialmente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son muy importantes para el país, este último no se hace cargo por si solo del  alcance y rica diversidad del patrimonio ambiental chileno, fundamental para nuestro desarrollo y que requiere urgente protección. Todo ello, debiera hacerse facilitando simultáneamente el acceso a la justicia a una cada vez más extensa gama de actores y asociaciones representativas de la rica variedad de los integrantes de la sociedad nacional.