Ricardo Mewes y estacionamientos: "Me preocupa que exista el discurso de la gratuidad cuando se trata de la propiedad privada"

El presidente de la CNC califica como malas señales para los inversionistas el que ya se esté proponiendo cambiar la Ley de Estacionamientos y el rechazo de Dominga. Además revela que el sector privado recogerá casos reales, para demostrar con hechos concretos al Gobierno que debe enviar una ley adecuatoria de la Reforma Laboral.




A un mes y medio de que deba dejar la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, se muestra conforme con lo avanzado durante los últimos cuatro años. El líder gremial ha tratado de instaurar un sello más profesional y dar mayor visibilidad a la CNC entre los otros gremios empresariales. De hecho, en el Consejo General del pasado miércoles, presentó el Centro de Apoyo al Cumplimiento Laboral de las Mipymes de la UC que le entregará asesoría a los socios del gremio. Pero a pesar de estar conforme por lo logrado, Mewes advierte que quien lo suceda deberá enfrentar un período desafiante, tras las reformas instauradas los últimos años, y que deberá tener una gran capacidad de diálogo con la autoridad de turno para tratar de mejorarlas.

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¿Cuáles son los proyectos de ley que la CNC va a mirar con mayor atención en 2017?

-El proyecto que reforma al Sernac es el que más nos preocupa. En enero nos reunimos con el ministro (de Hacienda, Rodrigo) Valdés donde le expusimos nuestras principales preocupaciones que tienen que ver con la gobernanza del Sernac y que el director del Servicio tenga facultades normativas, sancionatorias, fiscalizadoras y de mediación, porque algunas de ellas para que realmente sean efectivas deben realizarse por terceros. Así que estamos muy atentos a cómo sigue la tramitación.

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Otro proyecto que nos preocupa es la extensión de las garantías de bienes durables. Vamos a pedir audiencia cuando se retome la tramitación, porque vemos que hay que tomar algunas definiciones. La ropa está considerada como un bien durable y que tenga garantía de dos años, por ejemplo, nos parece poco razonable. Pronto Pago es un proyecto que también lo vamos a seguir muy cerca. Más allá de determinar el plazo del pago a 30 o 60 días, es necesario cumplir lo establecido en los contratos o las órdenes de compra, porque cada proveedor con su cliente sabe dónde le aprieta el zapato en materia de pago. Es cierto que en algunos casos, el proveedor es tan chico que no tiene más que aceptar las condiciones que le pone un gran cliente, pero también en muchos casos se da una relación entre empresas de igual tamaño. Entonces, lo que decimos es que mejor respetamos los contratos y las órdenes de compra. Establecer un plazo es un tema complejo. Tenemos que trabajar sobre un equilibrio que nos permita mantener este sistema.

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¿Ve otro?

-El otro proyecto que vamos a mirar es el de protección de datos personales que recién fue ingresado al Congreso. Vamos a pedir también audiencia en este tema. Sobre la agencia de protección de datos, me preocupa cuál va ser su rol, quién va a controlar los datos, cómo se van a materializar las sanciones y cuáles son los criterios que se van a manejar, entre otros aspectos.

¿Cómo están viendo los cuestionamientos a las alzas de tarifas en estacionamientos, a propósito de la aplicación de la nueva ley?

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-Por un lado, me llama la atención los juicios de valor que ha emitido el director del Sernac (Ernesto Muñoz). Él hace unos días dijo que podía haber colusión. Por otro lado, me parece que lo que hizo después el ministro de Economía (Luis Felipe Céspedes) con el propio director del Sernac, de entregar los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) era el paso razonablemente previo para que se investigara. Es rol del Sernac entregar antecedentes a la FNE, pero no establecer a priori que hay una colusión.

¿Les preocupa que hayan aparecido mociones parlamentarias para cambiar esta ley?

-Aquí hubo todo un proceso de tramitación del proyecto de ley. Se invitó a mucha gente a participar. Incluso se invitó a arquitectos que vieron las externalidades negativas de si no se cobraba o si se dejaban dos horas gratis, porque se iba a llenar de gente que se iba a estacionar ahí, pero se iba a hacer otras cosas. Entonces, me llama la atención que haya diputados que digan que ese proyecto no les gusta. Obviamente, vamos a estar mirando esto en función de que se resguarde el concepto de propiedad privada y la no fijación de precios. Hay un tema que me preocupa mucho. Es cierto que el consumidor se ha visto afectado por alzas de precios en algunos estacionamientos, pero ¿por qué vamos a establecer el concepto de gratuidad cuando estamos hablando de la propiedad privada? Creo que los políticos están hablando mucho de la gratuidad de las cosas. Las cosas, al final del día, nunca son gratis, siempre se terminan pagando y me preocupa mucho que desde la autoridad legislativa exista ese discurso cuando se trata de la propiedad privada.

¿Pero para algunos parlamentarios la única solución es el cambio de la ley?

-Existe un Sernac que si tiene los antecedentes que dice tener debe presentarlos a la FNE. Para eso existe la institucionalidad, a la cual debemos someternos todos, pero no porque hoy día no me gusta la ley, la cambio. ¿Qué señal le estamos dando a los inversionistas? ¿Ese nivel de incertidumbre queremos para el país? Estamos en un período de muy mal crecimiento económico en que no hay inversión.

¿Es una señal negativa a la inversión, así como el rechazo al proyecto Dominga?

-Vuelvo al tema de la institucionalidad. La compañía dueña del proyecto Dominga cumplió la institucionalidad y no puede ser que políticamente se le rechace. Una contradicción es que técnicamente el proyecto estaba aprobado, le pagamos con los impuestos de todos los chilenos a profesionales del Estado para que hagan una 'pega', la hacen y por otro lado, un intendente políticamente toma una decisión contraria. Otra contradicción son las señales que da el ministro Valdés y que un intendente y algunos seremis no las están leyendo. Cómo el Gobierno establece como prioridad el tema del crecimiento: diciendo, pero además actuando en consecuencia.

¿Y en ese sentido, cómo proyecta el crecimiento de la economía chilena para este año?

-Hasta hoy, creo que más allá del 1,5% -1,7%, no va a crecer el país.

¿Cuál es su opinión del dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) de que no puede reglar a los grupos negociadores?

-Lo encuentro francamente un desastre. Nosotros en toda la tramitación del proyecto de ley le hicimos ver hasta el cansancio a las ex ministras del Trabajo Javiera Blanco y Ximena Rincón, y al subsecretario Francisco Díaz una serie de problemas que este proyecto iba a tener. Más aún, si desde la propia DT dicen que no pueden resolver el tema y que esto se puede resolver sólo con otra ley. Entonces, estamos en el peor de los mundos, porque no vemos que la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss -de quien tengo la mejor impresión- tenga el espacio para enviar una ley corta que solucione este problema y otros que se vienen por delante.

¿Y si no hay espacio para enviar una nueva ley, van a seguir insistiendo?

-Nosotros estamos tratando de ir recogiendo casos de las empresas para poder tener cosas concretas para mostrar al Gobierno, para que a partir de la casuística se convenzan de que es importante cambiar esta situación. Si hay espacio para modificar la ley, se modifique.

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