SVS estaría sondeando abogados por Caso Cascada

La SVS ya habría salido a la caza de estudios jurídicos para armar su defensa, luego de la querella que interpusieron los abogados de Julio Ponce en contra de funcionarios de este organismo por los delitos de prevaricación y abuso contra particulares.

La acusación, en contra del titular de la SVS, Fernando Coloma; el intendente de Valores, Hernán López; y el jefe del área de Cumplimiento de Mercado, Hugo Caneo, es la primera que se hace en contra de miembros de esta entidad; querella que fue admitida por el Séptimo Juzgado de Garantía y que ya fue derivada al Ministerio Público, quedando a cargo la Fiscalía Centro Norte.

Una tarea que no se avizora fácil para estos miembros del organismo fiscalizador. En el mercado se comenta que son pocos los abogados penalistas disponibles para este caso.

Juan Domingo Acosta es uno de los penalistas de mayor renombre en el mercado que no había tomado parte  en este caso, sin embargo fuentes de la industria afirmaron que estarían siendo contratados por partes ajenas a la SVS. Juan Pablo Hermosilla y Jorge Bofill representan a Ponce, mientras que Gabriel Zaliasnik tiene a Roberto Guzmán como cliente.

En la industria explican que abogados como Rodrigo Zegers, Claudio Feller, Francisco Cox y Carlos Cortez, son algunos de los abogados que no han tomado parte en el asunto. Tampoco el estudio Barahona Castillo Bonacic, que representa a Heriberto Urzúa en el marco del Caso La Polar.

En todo caso, la SVS cuenta con su propio equipo compuesto por María Luz Schachtebeck, Carlos Isensee Rimassa, Stephanie Márquez y Ximena Contreras. La entidad no quiso referirse si acaso trabajará con su equipo o asesores externos.

IMPLICANCIAS
Conocedores de este proceso explican que los funcionarios de la SVS pueden estar expuestos a demandas por indemnización de perjuicios, en caso de que la querella termine siendo favorable para Ponce.

De ser así, el perjuicio económico superaría con creces las 11UTM y 15 UTM (entre $400 mil y $600 mil) que consideran las sanciones por prevaricación, además de la suspensión temporal de sus empleos como funcionarios públicos.

¿QUIÉN CORRE CON LOS GASTOS?
Los gastos de la defensa corren por cuenta de la SVS. "En caso de ejercerse acciones judiciales en contra del Superintendente por actos u omisiones en el ejercicio de su cargo, la Superintendencia deberá proporcionarle defensa (...) incluso después de haber cesado en el cargo", dice la Ley Orgánica de la SVS.

Para los demás funcionarios de la SVS les rige la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el cual en su artículo 90 sostiene que "los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma".