Un Presidente compartiendo el poder con un Primer Ministro o una senadora que vea truncado su periodo a uno mucho menor que los ocho años que hoy se establecen.

Esos cambios, hoy lejanos a la vista, podrían ocurrir si es que la Convención Constitucional así lo decide. Los 155 convencionales no podrán eludir la discusión sobre cuál será el régimen político que va a regir de aquí en adelante. Y las opciones son varias: se podría mantener el presidencialismo actual, atenuarlo, aplicarle modificaciones o pasar a un sistema semipresidencial o uno parlamentario.

En el caso del poder Legislativo, el órgano constituyente podría decidir que se deje atrás al bicameralismo y por ende pasar a un sistema unicameral que implicaría suprimir una cámara, la más probable: el Senado. De hecho, según los datos recabados por La Tercera en el Match Constituyente realizado a 127 de los 155 constituyentes: un 41,2% de ellos está a favor del sistema unicameral.

Y el tema es contingente precisamente porque a comienzos de esta semana, candidatos y dirigentes de partidos se congregaron a las afueras del edificio del Servicio Electoral para inscribir las candidaturas presidenciales y parlamentarias de cara a la elección de noviembre. Sin embargo, como se explica, es posible que quienes lograron inscribir oficialmente sus candidaturas en caso de llegar al poder, no tengan las mismas atribuciones que tienen hoy los que ostentan esos cargos.

“Es una cosa que yo tengo perfectamente asumida y clara. Cuento con ello y contaba con ello al tomar la decisión de postularme”, señaló el exministro de Salud, Jaime Mañalich, ahora candidato independiente a senador por Santiago en un cupo de Evópoli. Lo mismo comenta el actual diputado del Frente Amplio, Marcelo Díaz, que postulará a un escaño en la Cámara Alta también por la capital. “Evidentemente yo creo que van a haber cambios importantes en el régimen político. Eso puede significar un cambio muy sustantivo en las atribuciones de ambas cámaras del Congreso o derechamente la existencia de un Congreso unicameral. Son elementos en análisis al momento de decidir, pero también yo creo que pesó mucho en mi decisión que ninguno de esos cambios va a comenzar a operar el 11 de marzo de 2022”, agregó Díaz. Según fuentes de los conglomerados, varias de las cartas que los partidos estaban tratando de convencer desistieron de postular al final debido a esta incertidumbre.

Los senadores, cuyo cargo tiene una extensión de ocho años, podrían llevarse el cambio más radical de todos. La reforma al Capítulo XV de la actual Constitución, que habilitó el proceso constituyente en curso, establece de forma explícita que ocurriría si la nueva Carta Magna, suprime una institución.

“La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial”, se lee en la actual Constitución.

La doctora en Ciencias Políticas y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, y quien formó parte de la comisión técnica encargada de la redacción del artículo citado, explica que “esperar ocho años a que se acabe una de las dos cámaras es mucho tiempo para hacer efectiva la Constitución”. Por eso, si ocurre un cambio estructural mayor, “lo que uno esperaría si afecta a las autoridades que estén en ejercicio, es que la misma Constitución resuelva en sus artículos transitorios qué es lo que ocurre”.

En ese sentido, lo que dice el diputado Díaz es cierto. Cualquier cambio se realizaría posteriormente al 11 de marzo del 2021 y cuando la nueva Constitución, si es ratificada en el plebiscito de salida, comience a regir. Sin embargo, si la Convención decide, por ejemplo, suprimir el Senado, deberá dejar explicitado en artículos transitorios qué ocurrirá con los senadores que asumirán el próximo año.

“Hay que crear normas transitorias que permitan una adecuación paulatina para que esto funcione de buena manera”, señaló el convencional y exministro Cristián Monckeberg. “Como la ciudadanía votó, es super delicado, por muy poder constituyente que seamos, cambiar ese mandato ciudadano, modificarlo radicalmente”, agrega.

Sobre esto, la convencional y abogada Bárbara Sepúlveda (PC) afirma que no ve ninguna complejidad para el próximo gobierno en operar bajo esos artículos. “Me parece que, cualquiera sea el gobierno que asuma, e incluso los cargos que asuman (...), las adecuaciones son necesarias y deben cumplirse. Estamos hablando de un mandato constitucional nuevo. Por lo tanto, las disposiciones transitorias, si bien los van a afectar, ineludiblemente se van a tener que aplicar, todas las modificaciones necesarias y en los plazos dispuestos por la nueva Constitución”, explica.

Por su parte, el académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Gabriel Negretto, considera que la aplicación de las nuevas facultades y las normas transitorias no serían problemáticas. No obstante, advierte: “Lo que sí sería problemático es la supresión de una institución. Yo no creo que se vaya a eliminar el Senado pero si se hiciera, se hizo una votación popular. Al hacer una votación popular, tampoco se le puede negar validez”.

Pero más allá de cómo serán esas normas transitorias, se abre otra interrogante: ¿Qué tanto afectará al debate de la Convención, que los 155 constituyentes tengan conocimiento de quién será el nuevo Presidente o Presidenta y la composición política del Congreso? La postergación del proceso constituyente por la pandemia generó precisamente que la Convención, cuando discuta el fondo del régimen político y las modificaciones en las atribuciones de la presidencia de la República y del Congreso, ya sabrán quién estará en La Moneda y cómo será el parlamento.

“Lamentablemente esto no debió ser así pero la pandemia no llevó a postergar elecciones. Por lo tanto, esto cruza dos gobiernos y, por lo tanto, cruza lo más importante, que es que la ciudadanía votó”, afirma Monckeberg.

En consideración de la antelación de los resultados del poder Ejecutivo y Legislativo, podría producirse lo que el abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Eugenio García-Huidobro, llama “electoralización” de la Constitución, fenómeno que se refiere a tomar decisiones sobre el sistema de gobierno basadas en quien ejerce el mandato actualmente. “El peor negocio en el que puede caer la Convención es estar preocupado de la contingencia. Sobre todo porque la mejor forma de evaluar la Convención o el trabajo que va a ser la Convención es si la Constitución va a servir como carta de navegación para la clase política, con independencia de quién esté en La Moneda”, explica el investigador.

Negretto, por su parte, plantea que en los procesos constituyentes es común la preocupación sobre cómo lograr aislar el debate constituyente de la “competencia política partidaria ordinaria”. De acuerdo al autor, debido al retraso en la redacción de la Constitución derivado de la pandemia, la Convención va a quedar “absolutamente permeada por toda la competencia partidaria”. “Es preocupante, porque obviamente va a prestar para cambios de posiciones y para juegos dentro de la Convención, de acuerdo al posicionamiento de las distintas fuerzas con relación a los cargos electivos”, advierte.

Sobre el riesgo de “electoralizar”, la convencional Sepúlveda no cree que se esté delimitando el debate constituyente a propósito de lo que está sucediendo con las elecciones. “Esto no es extensible solo a quienes van a elecciones ahora a fin de año (...). Aquí solemos revisar toda la institucionalidad y eso podría terminar afectando a un sinnúmero de poderes constituidos. Eso no significa que nosotros tengamos que restringir nuestro debate. Yo no estaría de acuerdo con aquellas posturas que planteen la no afectación de uno u otro gobierno defendiendo su preferencia política, porque esta instancia es autónoma e independiente”, dice.

Bajo una mirada más cauta, el candidato Mañalich señala que el hecho de saber quiénes serán las próximas autoridades antes de finalizar la redacción de la Constitución sí tendrá consecuencias: “La composición del gobierno que salga electo y la composición del Parlamento como resulte electa en noviembre, yo no tengo ninguna duda que va a influir en las decisiones que tome la Convención sobre esta misma materia”. En tanto, el diputado Díaz reconoce que “es un riesgo, es un hecho que está dado. Las elecciones son ahora, la Convención está empezando su trabajo. No hay forma de resolverlo. Por tanto, es un dato con el que tenemos que trabajar”.

¿Cómo será esa discusión en la Convención después de lo que suceda en noviembre y diciembre? Está por verse.