Más allá de la descentralización: Las demandas que las regiones llevarán a la Convención

Aunque es probable que el principal tema relacionado entre regiones y la discusión sobre la nueva Constitución sea la descentralización, no quiere decir que sea el único.

El cuidado del medioambiente, el derecho a acceder a una vivienda, la tutela de ciertos derechos sociales, el reconocimiento de los pueblos originarios, la forma del Estado, son solo algunos de los conceptos relevantes.

Por ejemplo, Felipe Paredes, profesor de Derecho de la Universidad Austral opina que “hay temas que desde las regiones adquieren cierta especificidad cuya relevancia se hace más evidente y que a lo mejor son cuestiones que han sido soslayadas por la institucionalidad en los últimos 30 años”. Un ejemplo, es la relación entre “el medio ambiente, desarrollo sustentable y crecimiento económico”.

Paredes expone que esta relación cambia según la zona. En el norte es la minería, en el centro la sequía y la agricultura, y en el sur las industrias forestales y salmoneras. Por eso, en el proceso constituyente se debiera dialogar hacia un nuevo trato, destaca Paredes.

El académico además considera que en la nueva Carta Fundamental “pudiesen quedar ciertos tributos que se pagan en las regiones afectados al desarrollo de las propias regiones o propios territorios”.

Desde la Fundación Piensa, enfocado en proponer ideas de desarrollo para Valparaíso, su director ejecutivo Juan Pablo Rodríguez opina que uno de los derechos a debatir en la nueva Constitución con impacto en las regiones será el derecho a la vivienda. No es algo antojadizo. En el Catastro Nacional de Campamentos de 2019, se contabilizaron 802 campamentos a lo largo de todo el país, con Valparaíso liderando la mayor cantidad con 181.

“En el ámbito de los derechos sociales, podríamos establecer el derecho a la vivienda, sobre todo como una orientación hacia el legislador y la administración para avanzar en políticas que avancen con mayor intensidad”, indica Rodríguez.

Pese a eso, el director ejecutivo de Fundación Piensa, resalta que “la Constitución no es una carta de deseos, es un instrumento para organizar y limitar el poder del Estado y consagrar derechos fundamentales. Se debe resistir la tentación de llevar todos los legítimos anhelos de la ciudadanía al texto constitucional, pues la Constitución no tiene la aptitud para resolver en concreto esos problemas y la frustración ciudadana puede ser muy alta”.

Otro derecho que ha salido en el debate es el de acceso a Internet. Si bien, quizá hace 20 años esto no poseía el rango ni importancia constitucional, el actual mundo interconectado lo ha transformado en un derecho que países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón lo consideran, tanto implícita como explícitamente. Además su necesidad para muchos se ha visto acentuada durante la pandemia.

Como explicó en marzo el constitucionalista Emilio Pfeffer en el Diario Constitucional, “el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo aprobó como un derecho básico en una resolución de 2016. Esta iniciativa si bien no obliga a los Estados miembros representa una directriz para su reconocimiento como derecho fundamental explícito que garantice su efectiva prestación”.

Pero no solo se trata de derechos de vanguardia. Jerson Valencia, académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Antofagasta, apunta a que en la Convención debiera discutirse el derecho al agua. “No está reconocido como un derecho independiente en la Constitución actual, sino que es un apéndice del derecho a la propiedad, entonces, en la Convención Constitucional podríamos avanzar a un reconocimiento del derecho al agua como un derecho fundamental aparte, independiente. Ya en derecho internacional se está considerando como un derecho fundamental”, dice.

También hay interés desde las regiones por conceptos que vayan más allá de solo los derechos. El 29 de septiembre se realizó un seminario de Red G9. Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción se refirió a la “internacionalización de las regiones en una nueva Constitución”. Para explicar el concepto señaló que “si vemos la Constitución tal cual está hoy día las relaciones internacionales son de potestad del Presidente de la República (...) pero hace más de 25 años que uno viene observando que unidades subestatales empezaron a tener contacto con el exterior y comenzaron a celebrar acuerdos con el exterior”, explicó la académica y que serían unos 130.

Entre septiembre y octubre se desarrolló el encuentro, “Proceso Constituyente desde el Sur Austral”, organizado por la Red Patagonia Cultural, integrada por las universidades de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Entre las conclusiones se consideró la importancia de los derechos sociales, considerando la educación y la cultura, avanzar hacia un Estado feminista, la autonomía territorial de las regiones y el reconocimiento constitucional de los derechos políticos de los pueblos originarios.

En esa instancia, Leticia Caro, integrante de la comunidad Kawéskar quien expuso: “Debemos llamarnos nación y dejar los conceptos de pluricultura, multicultura, intercultura, porque nosotros no somos cultura, somos pueblo, somos naciones, gente que mira el mundo distinto y que además tiene necesidades diferentes”.

Para Jorge Navarrete, director del magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Talca un cambio fundamental que debiera tener la actual Constitución “es anular el Estado subsidiario. Las regiones son las que más se han visto afectadas en forma negativa por esto”.

Navarrete espera también que se avance hacia la participación social, con comicios y plebiscitos regionales para “mejorar la calidad de la política para que ésta llegue a la familia, a los barrios”.

Henrich von Baer, presidente nacional de la Fundación Chile Descentralizado coincide con Navarrete. En la entidad que lidera proponen, según sus palabras, “consagrar la participación como principio rector de la Constitución; el derecho a la participación en los asuntos públicos, y el derecho a la participación en los poderes públicos”.

Von Baer señala que “para responder bien a todos los actuales y nuevos derechos sociales y ambientales, aún más en el contexto de una sociedad de cambios cada vez más veloces, complejos e imprescindibles, necesitamos un Estado fuerte, ágil, flexible y moderno, con plena capacidad de adecuación a dichos cambios, que asegure la dignidad, el prestigio social y las competencias de los servidores públicos”.

Y es que muchos de los cambios dependerá a fin de cuentas a qué tipo de Estado se avanza, incluso no se ha descartado un Chile dividido en macrozonas o estados federales. Como señala Sascha Hannig, investigadora y coordinadora de asuntos globales de la Fundación Para el Progreso (con sedes en Valparaíso, Concepción y Valdivia), “en el escenario de un sistema federal (hipotético), serían las macrozonas las que tendrían que decidir los derechos o la ausencia de ellos. Imagina que en Estados Unidos no solo tienes regímenes tributarios distintos, además tienes estados donde el aborto se volvió a prohibir en los plebiscitos locales, y en California se votó en contra de declarar a los conductores de Uber. Creo que en Chile eso provocaría competencia entre modelos de desarrollo”.