Que los 155 convencionales sesionen una vez al mes en alguna región del país que no sea la Metropolitana, ya sea el pleno o en las comisiones y que haya reuniones o telemáticas para que los constituyentes que representan a las regiones puedan mantenerse en sus distritos sin viajar a la capital. Esas son algunas de las propuestas que han surgido desde organizaciones, centros de estudio, parlamentarios y constituyentes para “descentralizar” el debate constitucional.

Y es que de los 155 convencionales, 109 representan a comunas fuera de la capital, o sea, un 70% del órgano encargado de redactar la nueva Constitución. De llegar a concretarse, esta idea tendrá que ser discutida durante los primeros meses del desarrollo de la Convención, o sea, cuando se aborde lo relativo al reglamento de funcionamiento.

Por ahora, está establecido que la Convención funcione solo en la capital del país, específicamente en el Palacio Pereira y el exCongreso Nacional ubicados en el centro de Santiago. Este último lugar será la sede donde se realizarán las sesiones plenarias y donde el Estado ha destinado más de $700 millones de pesos para su remodelación, de un presupuesto total de $845 millones destinados para eso.

Y desde que se confirmó al sede, han surgido varias iniciativas. Por ejemplo, en Rumbo Colectivo, centro de estudios ligado al Frente Amplio, se propone que “el reglamento debe considerar un diseño que permita una Convención itinerante o descentralizada que se desplace por el territorio nacional para escuchar a la ciudadanía, promoviendo un mayor acceso, publicidad e inclusión del proceso”.

Javiera Ascencio, abogada y coordinadora de Rumbo Colectivo, admite que “existen limitaciones presupuestarias pero sabemos que existen alianzas con actores locales clave, como las universidades regiones públicas por ejemplo, para que pudieran ser sedes de la convención, o con municipios para llevar a cabo instancias de participación”.

En caso de que se aplique una iniciativa de este tipo, la Convención tendría que usar recursos que ya están fijados en el prespuesto. Por ejemplo, en la glosa presupuestaria se destinaron $500 millones para financiar la participación ciudadana y la difusión que defina la propia Convención. De ahí, según fuentes del Congreso, se tendrían que sacar los recursos. A eso, agregan, se tendrían que sumar las trabas logísiticas que esto implicaría, más en un tiempos de pandemia.

La Red de Centros por una Nueva Constitución, entidad que incluye a once centros de pensamientos ligados a la centroizquierda, en un documento planteó la idea de avanzar hacia una “Convención itinerante”. La que podría implementarse “a través de diversas modalidades, ya sea contemplando el desplazamiento de la Convención o de sus comisiones”.

Asimismo, el centro de estudio Libertad y Desarrollo consignó en un documento de este año que “la Convención deberá definir la forma como se va a entender con la ciudadanía, estableciendo instancias y mecanismos para canalizarla a través de audiencias, cabildos convocados por la Convención o autoconvocados, sitios web, sesiones en regiones, etc. Todo esto debiera estar definido en el reglamento”.

Sebastián Izquierdo, director ejecutivo del centro de pensamiento Horizontal, argumenta que “la Convención se traslade a todos los distritos puede ser una señal muy positiva y potente para el proceso democrático, en línea con elevar y proteger la legitimidad del nuevo texto”.

También desde el Poder Legislativo han surgido propuestas. En enero un grupo de parlamentarios de la oposición presentaron una reforma constitucional donde se pedía que “el pleno de la Convención deberá sesionar al menos una vez y durante a lo menos tres días consecutivos en la capital regional que corresponda a cada una de las otras quince regiones del país”. La idea fue presentada por diputados desde la DC hasta el PC. Actualmente, la iniciativa se encuentra en primer trámite en la comisión de Constitución de la Cámara.

En tanto, en marzo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un trabajo comparativo sobre participación ciudadana. Este incluía que “para que la Convención Constitucional tenga un despliegue geográfico que le permita llegar a más personas y sensibilizarse con los intereses específicos de los territorios, las audiencias o reuniones se pueden organizar en distintas regiones del país, lo cual acerca el proceso a la ciudadanía”. El documento puso como ejemplos de este tipo de ideas las experiencias en Bolivia (2009), Colombia (1991, previo AC), Ecuador (2008), Brasil (1988), Venezuela (1999) y Túnez (2011).

Para el constituyente Mauricio Daza (Ind), electo en Magallanes, el proceso “no puede reducirse a que 155 personas se encierren en un palacio en Santiago”. El abogado agrega que se debe “sacar la Convención del palacio Pereira y hacer que las comisiones temáticas que se establezcan y el pleno, puedan tener sesiones en las distintas regiones de nuestro país”.

Daza agrega que “esto no solo tiene un rol simbólico de descentralización, que en un proceso como este es importante, sino que también permitirá que personas y grupos de la sociedad civil que no pueden movilizarse a Santiago puedan ser escuchadas, en un contexto donde aún existe una importante brecha digital en muchas zonas del país”.

Por su parte, Pollyana Rivera (Ind), electa constituyente por Arica y Putre, le parece una idea interesante que la Convención sesione en regiones en especial para los convencionales que representan a regiones extremas. “Una Convención Itinerante podría permitir llevar este mensaje y contribuir a que la ciudadanía de regiones se sienta integrada a este histórico proceso que es de todos los chilenos”, agregó.

Asimismo, se trata de una opinión que también comparten convencionales de la Región Metropolitana. Por ejemplo, Tatiana Urrutia (RD), constituyente por Lampa y Quilicura, agregó que no se imagina “una Convención que cuando discuta sobre zonas de sacrificio no esté en Quintero y Puchuncaví, o que discuta sobre crisis hídrica y no esté en Petorca. No necesariamente tenemos que tener sesiones allá, podríamos tener una comisión itinerante o que todas lo hagan. Lo importante es que abramos camino para acercarnos a los problemas sobre los que vamos a discutir”.

Por su parte, Tomás Laibe (PS), constituyente por Aysén y Coyhaique, afirmó estar de acuerdo con la idea “pues este proceso constituyente debe hacer gestos de descentralización, no sólo pensando en el resultado, también sobre la forma”. En ese sentido, Laibe agregó que “es necesario que la deliberación incluya efectivamente la mirada de las regiones. Que les convencionales sientan el frío, la lluvia, la dificultad de calefacción, la complejidad de la conectividad vial, es decir, la realidad más concreta de las regiones. Eso requiere cierta presencialidad”.