Parece ser un consenso: la Convención que redactará la nueva Constitución contará con mecanismos de participación ciudadana en las distintas etapas que enfrentará. Y es que los resultados del 15 y 16 de mayo favorecieron a los sectores que, desde que se firmó el acuerdo político que habilitó el proceso, vienen pidiendo una incidencia concreta de la ciudadanía en la ruta constitucional.

Y cómo será ese mecanismo de participación ciudadana tendrá que ser discutido por los 155 convencionales durante la tramitación del reglamento de funcionamiento. Ahí se verá el detalle con una gran pregunta por delante: ¿será una participación de la ciudadanía vinculante o consultiva?

Para algunos debiera ser vinculante, con injerencia en la toma de decisiones del órgano redactor. Para otros, tendría que ser consultiva, dado que las elecciones le dieron a los 155 convencionales la representatividad para redactar la nueva Constitución.

El proceso constituyente impulsado por la exPresidenta Michelle Bachelet en su mandato, contó con una paricipación ciudadana consultiva. En los llamados Encuentros Locales Autoconvocados (ELA) participaron 204.402 personas entre el 23 de abril y el 6 de agosto de 2016. Lo recogido ahí sirvió de insumo para el proyecto de nueva Constitución que la exMandataria envió al Congreso cerca del final de su gobierno.

El académico de la Universidad de Chile y miembro del comité asesor de ReConstitución, Francisco Soto, explica que “en los procesos constituyentes de los últimos 30 años, hay cerca de 28 procesos constituyentes y en todos se ha pretendido incorporar la participación en el debate de las convenciones o asambleas. Y de de esas ninguna ha sido una participación vinculante de la ciudadanía”.

Para Soto se trata de algo obvio “porque uno elige representantes para que hagan precisamente eso y definan los contenidos. En todos esos procesos la participación ha sido incidente y se ha intentado que efectivamente logre provocar una deliberación en la Convención de manera que se haga cargo de esas propuestas si mayoritariamente se recojan y si no es así se fundamente por qué”.

Para el actual proceso, varias entidades como centros de estudios, ONGs, y organizaciones como el Consejo para la Transparencia; la Cámara Nacional de Comercio; la Sofofa; el centro de estudios Horizontal (ligado a Evópoli) y la Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución (que incluye a Chile 21, el Instituto Igualdad y Rumbo Colectivo, ligado a RD del Frente Amplio) han entregado aportes al respecto.

“Llevar la Convención al pueblo” resumía la propuesta de la Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución. La cual veía importante “reconocer el derecho de la ciudadanía a participar de la Convención y asegurar mecanismos que fortalezcan una deliberación democrática amplia e incidente en la toma de decisiones y los procesos que las acompañan”.

Desde el PNUD se presentaron unas recomendaciones que incluyen instancias de reuniones, encuestas, cuestionarios, incluir en forma temprana los mecanismos de participación en el reglamento de la convención, sumar criterios de paridad para los espacios participativos e incorporar miradas diversas y grupos históricamente excluidos en las instancias participativas.

Otra alternativa en el marco de participación ciudadana fue la planteada en abril por el académico y constituyente Fernando Atria (Ind-Apruebo Dignidad) quien propuso que existan plebiscitos ratificatorios en normas en las cuales haya apoyo de mayorías pero no se alcancen los 2/3 requeridos.

¿Y qué piensan los constituyentes? El profesor de Derecho, Ruggero Cozzi (Ind-Vamos por Chile), cree que “la participación ciudadana es fundamental. Puede realizarse de distintas maneras: cabildos en los distritos; audiencias para que académicos, gremios y sociedad civil expongan ante la Convención; etc. Tales intervenciones deben apuntar a que los constituyentes deliberemos y lleguemos a acuerdos con el maximo de información. La tarea nuestra es escuchar y ponderar las distintas miradas”.

Por su parte, la socióloga Tania Madariaga (Ind-Lista del Pueblo) estima participación ciudadana debe ser vinculante. “Debemos reconocer que la soberanía del poder originario radica en el pueblo y por lo tanto este es el titular del poder constituyente, de quien recibimos el mandato les 155 convencionales”, agregó.

Para poner esto en práctica, Madariaga argumenta que debe ser “mediante mecanismos de plebiscitos intermedios cuando las propuestas no alcancen los 2/3 pero sí el 50% más uno, iniciativas populares constituyentes a través de un sistema que permita el ingreso directo al debate de la convención de aquellas propuestas ciudadanas y del reconocimiento al trabajo de deliberación territorial y temático que realizan cabildos, asambleas y otro tipo de organizaciones sociales”.

Por su parte, Ricardo Montero (Lista del Apruebo), arguye que “la participación ciudadana inclusiva es esencial en el proceso constituyente y será la Convención la que tenga que reconocerla y resguardarla a través del reglamento. Desde la campaña nuestra candidatura tiene ese compromiso”.

¿Cómo concretar esto? Montero agrega que debe ser inclusiva, representativa y con expresión territorial. “La metodología de participación debe considerar adaptabilidad para distintos grupos, trazabilidad, sistematización, devolución de los resultados y oportunidad en la utilización de la información que se recoja durante el proceso. Respecto a su reconocimiento, grados y forma de incidencia, éstos deben ser definidos en el reglamento de la Convención y considerar los principios rectores previamente señalados. La participación es esencial porque representa la base de legitimad del proceso”.

La constituyente electa por la lista Apruebo Dignidad, Constanza Schönhaut, opina que la participación ciudadana “va a ser un aspecto fundamental”. “Tenemos que asegurar condiciones que permitan que todas las personas y comunidades organizadas puedan participar activamente del proceso de debate. Y ahí significa asegurar condiciones en atención a los tiempos, a las condiciones de vida y a las particularidades de cada grupo social, para que puedan participar niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad”, agregó.

¿Cómo asegurar esto? Schönhaut explica que “a través del reglamento pero también a través del trabajo de articulación que cada constituyente debiera hacer en su territorio”. Sobre si debe ser vinculante o consultivo, la convencional señala que “creo que debe terminar de definirse colectivamente en la convención. Pero en principio creo que se pueden convalidar aspectos consultivos con aspectos vinculantes”.

El jueves, 101 convencionales electos se reunieron de forma digital para ser parte de una presentación realizada por la iniciativa “Tenemos que hablar de Chile” creada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica y que se basó en una serie de diálogos digitales entre personas de todo el país.

Ahí, varios de los constituyentes abogaron por una participación ciudadana efectiva durante los nueve meses -o el año si prorroga- que durará el mandato de la Convención.

Por eso, desde Tenemos que hablar de Chile pusieron a disposición de la Convención todo lo recogido hasta ahora por ellos para que sirva como un recurso de participación ciudadana en el órgano. Sin embargo, el trabajo seguirá y ahora se enfocará en temas constitucionales.

“Estamos trabajando para volver a abrir instancias de participación muy masiva y ahora un poco más específicas sobre lo que va a estar tratando la Convención. Estamos trabajando la metodología específica pero vamos a tomar el aprendizaje de los Encuentros Locales Autoconvoados (ELA) y lo que hicimos el año pasado, y es muy posible que pongamos a disposición una nueva plataforma masiva de participación, que esté vinculado al proceso”, comentó Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile.